¿Qué debe preguntarse un Estado antes de incorporar a una persona a su comunidad política?
La pregunta resulta tan elemental que sorprende comprobar hasta qué punto ha desaparecido del debate público. Discutimos sobre fronteras, sobre permisos de residencia, sobre mano de obra, sobre pensiones, sobre vivienda o sobre seguridad. Discutimos cuántas personas llegan, cuánto costará integrarlas o qué impacto tendrán sobre la economía. Pero casi nadie parece interesado en responder una cuestión anterior a todas las demás. ¿Qué espera un Estado de quienes desean formar parte de él?
En Revista Rambla esa pregunta dejó de ser una reflexión teórica al conocer de cerca un procedimiento relacionado con la regularización de inmigrantes. Lo que esperábamos encontrar era un proceso orientado, de algún modo, a comprender a las personas. Lo que encontramos fue un procedimiento orientado a verificar documentos.
Aquella diferencia cambió por completo nuestra manera de mirar el problema. Porque un documento acredita una identidad. Un expediente acredita una situación administrativa. Un formulario acredita una dirección. Pero ninguno de ellos responde a la única pregunta que realmente importa. ¿Qué significa pertenecer a un Estado?
Durante siglos esa cuestión apenas necesitó explicación. Pertenecer suponía algo más que residir en un territorio o someterse a unas leyes. Significaba aceptar una determinada forma de convivencia. Toda comunidad exigía algo de quienes aspiraban a integrarse en ella. No por desconfianza, sino porque comprendía que una comunidad solo puede mantenerse unida si existe un núcleo de principios compartidos.
Hoy esa lógica parece haberse invertido. El Estado pregunta por la fecha de llegada. Pregunta por el domicilio. Pregunta por la documentación. Pregunta por la situación administrativa. Pero cada vez parece menos interesado en formular la única pregunta que justificaría todas las anteriores. ¿Quiere esta persona formar parte del proyecto político que hemos construido durante generaciones?
No se trata de preguntar por una identidad nacional. Tampoco por una religión. Ni por un origen. Se trata de algo mucho más sencillo. ¿Comparte los principios fundamentales que hacen posible nuestra convivencia? La pregunta puede incomodar. Sin embargo, resulta difícil comprender por qué.
Europa, por ejemplo, dedica enormes recursos a combatir el machismo, la violencia contra las mujeres, la LGTBfobia, el antisemitismo o el fanatismo religioso. Lo hace porque entiende, acertadamente, que esos comportamientos son incompatibles con una democracia. Considera que la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de conciencia, la dignidad de las personas homosexuales o la primacía de la ley democrática sobre cualquier autoridad religiosa no son simples preferencias culturales. Son los pilares sobre los que descansa nuestro modelo de convivencia. Y, sin embargo, cuando el debate gira hacia la inmigración, esos mismos principios desaparecen casi por completo de la conversación. Se habla de integración. Pero rara vez se explica qué significa integrarse.
Integrarse no puede consistir únicamente en encontrar empleo, aprender un idioma o cumplir las leyes. Todo eso es imprescindible, pero ninguna sociedad se sostiene exclusivamente sobre normas jurídicas. También necesita ciudadanos que comprendan por qué esas normas existen. Ciudadanos que acepten que la libertad del otro merece protección incluso cuando incomoda. Ciudadanos que entiendan que los derechos de las mujeres, de las minorías religiosas o de las personas homosexuales no son concesiones culturales, sino principios irrenunciables.
No se trata de desconfiar de quien llega. Sería un error tan grave como ingenuo. Las personas cambian. Aprenden. Rompen con las ideas heredadas. Precisamente por eso la integración importa. Porque integrar no significa únicamente facilitar una residencia administrativa. Significa incorporar a alguien a una tradición política construida durante siglos. Quizá la gran confusión de nuestro tiempo consista en creer que un procedimiento administrativo puede responder preguntas que pertenecen a la filosofía política.
Un documento acredita una identidad. Nunca una convicción. Un formulario certifica un domicilio. Nunca un compromiso. Una resolución administrativa puede autorizar la residencia de una persona. Jamás podrá convertirla, por sí sola, en parte de un proyecto común. Ese vínculo solo nace cuando existe una voluntad compartida de proteger aquello que una sociedad considera irrenunciable. Y esa voluntad no aparece por generación espontánea. Se transmite. Se enseña. Se exige. Quizá ahí resida el verdadero problema. No en las personas que llaman a nuestra puerta. Sino en un Estado que ha dejado de preguntarse qué significa abrirla.
En Revista Rambla seguiremos defendiendo una forma de hacer periodismo basada en una convicción sencilla: menos ruido, más contexto. Porque antes de discutir sobre políticas migratorias conviene responder una pregunta mucho más profunda.
¿Puede un Estado seguir siendo el mismo cuando deja de preguntarse qué significa pertenecer a él?
