¿Se imaginan que entre los criminales más perseguidos en España estuviera un sicario, un miembro de ETA y un activista por los derechos animales? Y si les digo que este último no se le acusa de ningún delito de sangre, ¿más raro aún verdad? Pues esto es lo que ocurrió en EEUU en 2011. Después de la muerte de Bin Laden, el FBI ascendió al tercer puesto a Daniel Andreas San Diego. Se le acusaba de dos atentados contra empresas de biotecnología, acusadas de crueldad animal en sus experimentos y pruebas. Las dos explosiones sólo generaron ‘daños menores’ y fueron reivindicadas por la Célula Revolucionaria de la agrupación Animal Liberation Brigade (Brigadas de Liberación animal) a través de un mail. El propio FBI reconoce que la vinculación entre esos tentados y San Diego no está probada.

No sólo eso, San Diego fue considerado el primer ‘terrorista doméstico’ en ser incluido en la lista de los Diez más buscados. Muy por delante de otras personas acusadas de asesinato, violación, pedofilia, crímenes en serie, etc. Entonces, ¿a qué se debe esta decisión? Los activistas por los derechos animales y los ecologistas estadounidenses consideran que no se trata de nada más que de defender los pingües beneficios de las industrias que su activismo hace peligrar: peletera, cárnica, farmacéutica, cosmética, alimentación, etc.

Esta es la teoría que el periodista independiente Will Potter relató este fin de semana en Madrid y Barcelona con la presentación de la edición en castellano de su libro ‘Los verdes somos los nuevo rojos’. Su título, en clara alusión a la persecución que las persona con ideas progresistas sufireron bajo la ley Mccarthy en los años 50, demuestra que cada vez que un movimiento social tiene peso y puede cambiar las cosa el poder –económico y político- busca desprestigiarlo. “Y lo hace en diez pasos’, sostiene el propio Potter. “En los años 80 en EEUU, el movimiento ecologista y animalista empezó a cosechar muchos apoyos, por eso las industrias inventaron un nombre que criminalizaba el movimiento y lo difundieron pagando publicidad en medios de comunicación”.

Legislar a golpe de intereses económicos

Ese término fue asumido por el Gobierno y las Fuerzas de Seguridad, tanto que es repetido en numerosos informes policiales. Lo mismo ocurre en España, donde te pueden acusar de ‘ecoterrorista’ sin que esa figura exista en nuestro Código Penal. El ejemplo: la operación que en 2011 llevaron a cabo en Galicia, Euskadi y Madrid para amedrentar al movimiento animalista. El resultado fue 12 activistas en libertad con cargos que aún esperan sentencia. Se les acusa de liberar a miles de visones de granjas peleteras, actos reivindicados por el Frente de Liberación Animal con quien ninguna de las organizaciones a las que pertenecían los activistas detenidos (Igualdad Animal y Equanimal) tiene que ver.

Esto nos lleva de nuevo a pensar que tanto en EEUU como en España se persigue condenar la desobediencia civil, el activismo y la lucha por el cambio. Una intención que da un paso más en este sentido con la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana que no pretende otra cosa que desmovilizar a la sociedad. Greenpeace se unía a las mareas este pasado sábado desplegando un gran cartel en el centro de Madrid pidiendo la retirada de la ley antiprotesta. Y es que a estas alturas ya poco sentido tiene desvincular las agrupaciones verdes o ecologistas con las rojas o políticas. Todas somos el enemigo.

Ficha policial de Daniel Andreas San Diego http://www.fbi.gov/wanted/wanted_terrorists/daniel-andreas-san-diego