18 octubre, 2021

Despidos, desahucios, carestía de la luz, aeropuertos… ¡Ni un paso atrás más!

Se inicia el nuevo curso político con una situación crítica para la clase trabajadora y los sectores populares. La pobreza abarca ya el 26’3%, y el porcentaje es aún superior entre niños, jubiladas y migrantes. Los jóvenes sufren un 40% de paro y una enorme precariedad (sólo 1 de cada 20 contratos indefinido es a jornada completa). Los salarios pierden un 2% respecto 2019, mientras la inflación interanual en agosto estaba al 3,3%, con el recibo de la luz a máximos históricos. Las «moratorias antidesahucios» y el escudo social no han impedido que 30.000 familias fueran desahuciadas desde el estado de alarma. ¡Esto con el gobierno «más progresista de la historia» y un ministro del PCE en Consumo! De poco servirá a quien ha sido despedido/a o desahuciado/da pensar que podría haber sido peor con la derecha.

Pero no todo el mundo pierde. Las empresas del Ibex 35 han obtenido el primer trimestre de 2021, 29.000 millones de beneficios, un 6% más que el año pasado. La gran banca ha aumentado más de un 20% los beneficios de antes de la pandemia.

Ahora llegan 9.000 millones del primer tramo del Next Generation-UE. Son para megaproyectos de las empresas del Ibex35, por una «economía verde» … Como las ampliaciones de El Prat, Barajas o el puerto de Valencia. Disparan una deuda pública, que asciende a 1’4 billones de euros. Condicionados además a reformas laborales (de derogar la del PP ya ni se habla) y privatización de las pensiones, en el camino vergonzoso del pacto social con CCOO y UGT para aplicar las recomendaciones del Pacto de Toledo.

El Gobierno PSOE-IU/Podemos ni siquiera ha regularizado los trabajadores migrantes sin papeles con la crisis de la pandemia. Han desplegado el ejército en Ceuta y Melilla y han deportado menores en Marruecos ilegalmente. Han frenado la reforma del reglamento de extranjería, para facilitar permisos de trabajo y residencia de los ex-menores tutelados, bajo el argumento de la extrema derecha que podría provocar un «efecto llamada».

Mientras, el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz (Podemos, y hasta julio, de IU), privatiza la gestión del SEPE dejando 1.500 interinos/as en la calle, al amparo del icetazo que puede dejar decenas de miles de interinas e interinos sin trabajo.

En Catalunya arranca una farsa de diálogo para volver a imponer el autonomismo, sin autodeterminación ni amnistía: este fue el precio de los indultos. Continúa la represión, con 3.300 personas denunciadas. También En Madrid donde la organización anticapitalista Izquierda Castellana, está amenazada de ilegalización.

En política exterior, la guerra de Afganistán, que ha provocado un aumento brutal de la pobreza en el país, termina con una retirada humillante de la coalición imperialista y el retorno de los reaccionarios talibanes. Esta era la «guerra buena» y «legítima» de Zapatero y el PSOE por oposición a la de Irak.

Y con todo esto, a pesar de los escándalos del Rey Emérito investigado por la fiscalía, el PSOE- con PP y Vox- continúa blindando la Monarquía en el Parlamento.

Hay que centralizar las movilizaciones y construir un referente político

Vemos luchas atomizadas. Los y las pensionistas han convocado el 16 de octubre una marcha a Madrid contra la reforma del gobierno. En junio hubo movilizaciones en defensa de la atención sanitaria primaria. En julio las grandes protestas por el asesinato de Samuel. Importantes luchas sindicales como la de Tubacex, con más de 210 días de huelga que consiguen la readmisión de los despedidos de Llodio y Amurrio. O la de H & M en Euskal Herria, que han conseguido con 45 días de huelga defender todos los puestos de trabajo y las condiciones. Hay que avanzar en el impulso y la unificación de las luchas hacia una huelga general.

El Gobierno PSOE-IU/Podemos está al servicio de los intereses de la gran empresa y la monarquía, una política que abre el camino a las derechas. Necesitamos avanzar en un Frente de la izquierda, los trabajadores y los pueblos con la doble ruptura: contra la Monarquía y en defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos, anticapitalista y por un plan de medidas de urgencia.

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