En el fragor de un Congreso de los Diputados cada vez más polarizado, la propuesta de ley para transferir las competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Catalunya se ha convertido en el epicentro de una tormenta política que pone a prueba los frágiles equilibrios del Gobierno de coalición. Acordada en marzo pasado entre el PSOE y Junts per Catalunya como parte de los pactos de investidura, esta iniciativa ha desatado una virulenta polémica con Podemos, que la tacha de «abiertamente racista» y anuncia su voto en contra, alineándose paradójicamente con la derecha más dura. Con la votación prevista para esta semana, el texto –que requeriría mayorías absolutas en dos votaciones sucesivas– pende de un hilo, y su fracaso podría precipitar una crisis en el bloque de investidura que sustenta a Pedro Sánchez.
Esta controversia no es solo un pulso técnico sobre competencias autonómicas; revela las fisuras profundas en la izquierda española y catalana, donde el nacionalismo catalán choca frontalmente con la visión federalista y progresista de la inmigración. Mientras Junts defiende el traspaso como un derecho histórico y una necesidad pragmática para gestionar los flujos migratorios en una región que acoge al 25% de los extranjeros residentes en España, Podemos lo ve como una concesión a un discurso securitario que criminaliza a los migrantes. «Es una línea roja», ha reiterado Pablo Fernández, coportavoz de la formación morada, en una intervención que ha encendido las redes y los pasillos del hemiciclo. La acusación ha provocado réplicas airadas desde el independentismo, que no duda en calificar la postura de Podemos como «anticatalanismo puro y duro».
Dos Décadas de Reivindicaciones Inacabadas
La demanda de competencias en inmigración por parte de Catalunya no es un capricho reciente, sino un reclamo arraigado en el Estatut de Autonomía de 2006 y en precedentes legislativos fallidos. En 2004, durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) impulsó una proposición de ley similar que llegó al Congreso, pero se diluyó en el laberinto parlamentario sin fructificar. Aquella iniciativa buscaba equiparar a la Generalitat con otras comunidades como Andalucía o Valencia, que ya gestionan aspectos parciales de integración social, pero chocó con resistencias centralistas y la complejidad de una materia reservada al Estado por el artículo 149.1.2 de la Constitución.
El procés independentista de 2017 amplificó estas tensiones. Tras el referéndum ilegal y la aplicación del artículo 155, el independentismo catalán incorporó la inmigración a su catálogo de agravios, argumentando que Madrid ignora las particularidades de una región con 1,3 millones de residentes extranjeros –el 16% de su población–, concentrados en sectores como la hostelería, la agricultura y la industria textil. Datos del INE de 2024 muestran que Catalunya absorbe el 22% de las solicitudes de asilo en España, un flujo que ha crecido un 15% anual desde 2022 debido a la guerra en Ucrania y la inestabilidad en el Magreb.
En este contexto, el pacto de investidura de noviembre de 2023 entre PSOE y Junts –que incluyó la amnistía y medidas de desjudicialización– reservó el traspaso de inmigración como una «prioridad estratégica». Sin embargo, no fue hasta marzo de 2025, en medio de negociaciones febriles en Ginebra entre emisarios socialistas y el entorno de Carles Puigdemont, cuando se concretó el texto. José Luis Rodríguez Zapatero, en su rol de mediador extraoficial, jugó un papel clave, viajando repetidamente a Suiza para apaciguar las demandas de Junts ante el estancamiento en otras cesiones, como la financiación autonómica. El acuerdo, rubricado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, preveía una delegación «parcial y condicionada» de competencias en acogida, integración y retorno, siempre bajo supervisión del Ministerio del Interior.
Un Texto Controvertido Bajo la Lupa
La proposición de ley orgánica, registrada el 4 de marzo de 2025, consta de 12 artículos que modifican la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros. En su exposición de motivos –el apartado que ha encendido la mecha–, se describe la inmigración como un «desafío estructural» que genera «presiones sobre los servicios públicos» y «tensiones sociales en entornos urbanos densos». Frases como «la necesidad de una gestión proactiva para evitar desequilibrios demográficos» han sido interpretadas por Podemos como un guiño a narrativas restrictivas, reminiscentes del discurso de la extrema derecha.
Desde Junts, el texto se presenta como un instrumento para «catalanizar» la política migratoria, adaptándola a la realidad lingüística y cultural de la región. «Catalunya no es Madrid; aquí la inmigración es un motor económico, pero requiere proximidad institucional», argumenta Turull en una entrevista reciente, enfatizando que el 70% de los mossos d’esquadra ya participan en controles fronterizos informales. El pacto también incluye salvaguardas: el Estado retendría la potestad de nacionalidad, visados y expulsiones, y la Generalitat debería coordinar con el CNI en casos de «amenazas a la seguridad».
El Gobierno, consciente de la fragilidad numérica –176 escaños frente a los 178 de la oposición–, apostó por un trámite exprés. Tras su aprobación en comisión el 16 de septiembre, el pleno se aceleró, pero la irrupción de Podemos ha alterado el guion. Sin los tres votos morados (más los de Sumar, que suman siete), el texto caería en la primera votación, ya que ERC (siete escaños) y Bildu (seis) apoyan el traspaso, pero PNV (cinco) y BNG (uno) aún dudan, y la abstención de Compromís no bastaría.
«Racismo de Extrema Derecha» en el Corazón de la Izquierda
La reacción de Podemos ha sido tan inmediata como incendiaria. Ione Belarra, secretaria general, irrumpió en RNE el 20 de septiembre con una denuncia rotunda: «Al racismo hay que frenarlo en seco, lo extienda Vox o Junts». Su intervención, que acumuló miles de interacciones en X, acusó al texto de reproducir «barbaridades racistas» al equiparar inmigración con «invasión» y priorizar el «orden público» sobre los derechos humanos. Alba Leo, portavoz adjunta, secundó en El Tablero de Canal Red: «Es un pacto racista que no pasará con nuestros votos».
Para los morados, esta no es solo una cuestión competencial, sino ideológica. En un manifiesto interno filtrado a eldiario.es, Podemos vincula la propuesta a la estrategia de Junts para «competir con Aliança Catalana», el partido ultra de Ángel Custódeo, que aboga por deportaciones masivas. Fernández, en rueda de prensa el 22 de septiembre, elevó la apuesta: «Preferimos la inmigración en manos del PP y la Guardia Civil que de una Generalitat con este enfoque xenófobo». Esta postura, que une a Podemos con PP, Vox y UPN en el voto negativo, ha sido calificada por críticos internos de Sumar como «suicida», ya que tensa la coalición y debilita el frente progresista ante las generales de 2027.
La formación morada, que en 2023 defendió la regularización masiva de 500.000 migrantes en su ILP «Regularización Ya», ve en el traspaso un riesgo de «desigualdad territorial»: regiones ricas como Catalunya podrían endurecer criterios, dejando a Andalucía o Extremadura con políticas más laxa pero menos resueltas. Expertos como el catedrático de Derecho Constitucional Francisco Balaguer citan precedentes europeos –como el modelo italiano de «pactos locales»– para advertir de un «efecto llamada inverso» que fragmentaría la solidaridad interregional.
Anticatalanismo y el Fantasma del Bloqueo
Junts no ha tardado en contraatacar. Turull, en una nota remitida a Catalunya Press, denunció el «anticatalanismo visceral» de Podemos, equiparándolo a las posiciones de Bildu en 2019, cuando vetó transferencias ferroviarias. «Prefieren que la inmigración la gestione el Estado central, con su historial de devoluciones en caliente, que una Catalunya progresista», ironizó el líder postconvergente, aludiendo a sentencias del TEDH contra España por violaciones en Ceuta y Melilla.
El alcalde de Figueres, Marc Empayol (Junts), elevó el tono en La Vanguardia: «Podemos vota con Vox porque teme que Catalunya sea un faro de integración, no un gueto». Puigdemont, desde Waterloo, tuiteó: «La izquierda española elige la recentralización cuando le conviene. ¿Dónde queda el federalismo plurinacional?». Esta narrativa resuena en el ecosistema independentista, donde posts en X acumulan decenas de miles de visualizaciones acusando a Belarra de «nacionalista española disfrazada».
ERC, socio preferente del PSOE en Catalunya, se ha desmarcado de Podemos con contundencia. Gabriel Rufián, portavoz republicano, defendió el traspaso como «un paso hacia el autogobierno pleno», recordando que su partido lo impulsó hace 21 años. Isaac Albert, su homólogo en el Congreso, criticó la «incoherencia» morada: «Defienden todas las competencias para Euskadi, pero no para nosaltres». Sumar, por su parte, está fracturado: mientras Más Madrid y Compromís inclinan la balanza a favor, IU –con Toni Morillas a la cabeza– valora aún «elementos xenófobos» en el preámbulo y contempla la abstención. Yolanda Díaz, en silencio hasta ahora, podría inclinar la votación con su peso en la coalición.
De la Crisis Gubernamental a la Fractura de la Izquierda
Si el texto fracasa –escenario probable con el 52% de probabilidades según sondeos de Electomanía–, las repercusiones serán inmediatas. Junts podría endurecer su postura en la mesa de diálogo, exigiendo contrapartidas como la financiación singular o la repatriación de competencias en prisiones. Sánchez, ya tensionado por el recurso de inconstitucionalidad de Puigdemont ante el TC, vería debilitado su liderazgo: el Gobierno perdería oxígeno para la reforma laboral pendiente y el embargo de armas a Israel, donde Podemos ya amenaza con rebelión.
En el ámbito migratorio, el bloqueo perpetuaría el statu quo: un Estado centralizado que, según Amnistía Internacional, ha incrementado un 30% las denegaciones de asilo en 2024 por «sobrecarga administrativa». Para Catalunya, significaría renunciar a herramientas como programas de inserción lingüística bilingües o cuotas sectoriales, vitales en un contexto de envejecimiento poblacional (tasa de natalidad al 1,2 hijos por mujer).
Más allá de lo coyuntural, esta polémica ilustra la deriva de la izquierda española en 2025. Tras el sorpasso de Sumar en 2023, Podemos –relegado a un rol testimonial con cinco diputados– busca diferenciarse radicalizando su discurso antiinmigratorio selectivo, mientras Junts capitaliza el descontento postprocés con un independentismo «de derechas» que coquetea con el cupo vasco. En X, el debate ha polarizado: hashtags como #RacismeJunts y #AnticatalanismePodem acumulan 150.000 menciones en 48 horas, con intervenciones de influencers como @Spanish_Revo denunciando el «neoliberalismo estelado».
¿Un Punto de No Retorno en el Pacto de Investidura?
La votación de esta semana no solo decidirá el destino de una ley; marcará el pulso de la legislatura. Si prospera –quizá con la mediación de Zapatero o una enmienda de última hora–, reforzará el eje PSOE-Junts, pero alienará a la izquierda radical. Si naufraga, acelerará la implosión del bloque progresista, abriendo la puerta a elecciones anticipadas en 2026, donde Vox y Aliança Catalana podrían capitalizar el vacío.
En última instancia, esta controversia trasciende ideologías: es un recordatorio de que la inmigración, en un España con 8 millones de extranjeros (17% de la población), no es un lujo competencial, sino una urgencia humanitaria. Mientras los partidos se enzarzan en acusaciones, miles de familias esperan respuestas. Catalunya, con su diversidad como activo y desafío, merece más que vetos ideológicos: una gestión valiente que una, no que divida. El Congreso, esta semana, dirá si opta por el progreso o por el bloqueo perpetuo.
