Isaac Asimov, en sus relatos sobre robots, postuló tres Leyes que debían cumplir los robots para que sean seguros en su trato con los humanos. Unas reglas de comportamiento que las fuerzas armadas y la industria militar han reformulado con el progresivo desarrollo de los drones. Cuando Asimov, en 1942, escribía las tres Leyes de la Robótica lo hacía para evitar que un robot pudiese herir a un humano.
- Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño.
- Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la Primera Ley.
- Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley.
El conjunto de normas presentado por Asimov -cuando los robots eran sólo una realidad en la ciencia-ficción- debian servir para proteger a los humanos de cualquier tipo de daño que fuese causado por máquinas. Esta serie de premisas, obsoletas ya en la misma ciencia-ficción, se han visto rebasadas en la realidad por el uso y el crecimiento experimentado en el número de drones desde el 11-S.
Para tratar estas nuevas tecnologías de guerra, el Centre d’Estudis per a la Pau JM Delàs, que forma parte de Justícia i Pau, ha organizado este mes de junio un seminario que sirvió para debatir sobre la utilización de unas máquinas que convierten la guerra de este siglo en un tipo de conflicto muy diferente del que conocíamos. Robots, aeronaves no tripuladas, armas no letales y ciberataques sustituyen a soldados y carros de combate, en unas líneas de frente cada vez más imprecisas, y ahorran a los gobiernos el desgaste político de las bajas en combate.
Entre las nuevas armas, las más conocidas y usadas, tanto civil como militarmente, son los aviones no tripulados (UAV), los drones, tan pequeños como un pájaro o tan grandes como un avión. Sobre su uso, explica el economista e investigador del Centre Delàs, Jordi Calvo, nos podemos preguntar qué legitimidad tiene la vigilancia policial a través de los drones.Su colisión sobre el derecho constitucional a la intimidad parece evidente, con un seguimiento de este tipo, parece difícil saber cuándo y dónde será uno grabado por las cámaras. Los países de la OTAN, con el importante añadido de Israel, han acogido con creciente interés estos nuevos equipamientos. Se minimiza el daño sobre las tropas, los drones son fácilmente sustituibles, y sus operadores, sentados cómodamente a miles de kilómetros de distancia, parecen tener menos condicionantes a la hora de atacar cualquier objetivo. Además, como señalan Anna Escoda y Carles Blanco, investigadores del Centre, este es un negocio interesante para lo que Eisenhower ya señalaba como el “complejo industrial-militar”. Podría llegar a tener un volumen de mercado en los próximos diez años cercano a los 90.000 millones de dólares, incluyendo I+D. En el caso de España, ya hay más de 50 empresas dedicadas al desarrollo de productos e innovación para unos drones, que no son siempre tan baratos y eficientes como puedan parecer. Escoda citó como ejemplos sistemas de vigilancia comparables a helicópteros Eurocopter o avionetas tipo Cessna, cuyo coste de adquisición y mantenimiento -incluyendo el avión no tripulado, la estación de control terrestre y el enlace por satélite- es 30 veces superior a su equivalente tripulado.
Actualmente, más de 70 países poseen drones. La mayoría de ellos son modelos de vigilancia sin armamento y de alcance limitado, como el Shadow estadounidense, de unos 180 kilos de peso y con una autonomía de vuelo de seis horas. Pocos, sin embargo, disponen de modelos más avanzados como el MQ9 Reaper, capaz de transportar hasta 16 misiles, permanecer en el aire durante 24 horas y con un radio de acción de 1850 kilómetros. Las posibilidades que ofrecen estas tecnologías, exponen los investigadores del Centro, abren un debate que rebasa los aspectos militares y económicos, al subvertir las leyes de guerra, con implicaciones en cuestiones tanto de soberanía territorial como de objetivos militares. La guerra contra el terrorismo emprendida por Washington desde el atentado de las Torres Gemelas ha convertido todo el planeta en zona de guerra, advierte Calvo, y esto comporta problemas de orden jurídico y ético. Una apuesta por estas armas como instrumento contra el terrorismo redoblada por la administración Obama. “El uso de los drones militares es ilegal y éticamente inaceptable. Un avión no tripulado no respeta ninguna legislación, ya que estas armas no distinguen entre civiles y combatientes”, interviene Blanco que indica que, según los datos de varios observadores internacionales, el número de civiles muertos por ataques selectivos, y sólo en Pakistán, podría elevarse a unos 800 en los últimos 10 años.
Según un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realizado en 2010 y relativo a ejecuciones extrajudiciales, los marcos legales en que se podrían justificar ataques selectivos realizados con drones, tendrían que ver con el uso interestatal de la fuerza armada, algo negado, por ejemplo, por la justicia paquistaní, o los conflictos armados, tanto nacionales como internacionales. Unos marcos que, recalca Blanco, no se contemplan en la actualidad y que cuestionan el uso de este armamento. “¿Quién es el responsable de un bombardeo realizado sin intervención humana directa? ¿Qué ocurre si un hacker interfiere el sistema informático de la estación de control del dron? Con los aviones no tripulados militares, la guerra se convierte en un videojuego, donde los objetivos -como si jugásemos a Call of Duty- son imágenes en una pantalla de ordenador”, se pregunta. Y concluye Calvo: “si no somos capaces de arrinconar los intereses económicos y políticos, entraremos en la era de la guerra del videojuego, y en este caso con víctimas reales. Creo que es urgente una legislación internacional que regule el uso de los drones y que evite su uso militar”.
