Rosa Díez declara como testimonio en un juicio contra cinco estudiantes que en el 2010 interrumpieron a gritos una conferencia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Su partido pide seis años y medio de prisión y la fiscalía cuatro meses y medio o diez meses de multa. El caso queda visto para sentencia.
Otro nuevo capítulo en la guerra sucia contra el proceso soberanista de Catalunya. Mientras la denuncia de Manos Limpias contra Artur Mas por sedición ya se ha archivado –todavía queda pendiente la presentada ante la Fiscalía del Estado por el mismo sindicato ultraderechista contra la Asamblea Nacional Catalana por traición y malversación de fondos públicos-, cada día surgen nuevas estrategias de desestabilización.
Todo empezó en las últimas elecciones autonómicas con un falso informe policial inventado por un periódico para desacreditar CiU y minimizar el impacto de su previsible triunfo en las urnas y desde entonces ha tenido continuidad con ataques por tierra, mar y aire: amenazas de intervención militar, frívolas comparaciones con el nazismo, editoriales de periódicos que acusan la ANC y a su presidenta, Carme Forcadell, de “golpista”, amenazas de aislamiento europeo y de condena a un espacio sideral, la reciente rectificación del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que ya no encuentra encaje legal a la consulta del 9-N, el Tribunal Constitucional, que desautoriza la declaración de soberanía del Parlament en lectura jurídica inaudita y sin precedentes a una decisión política y otros ‘piropos’ vertidos desde diferentes ámbitos sociales, militares y políticos. Ni Shakira se ha salvado de las iras del nacionalismo español, simplemente por cantar en catalán la canción de Sau “Boig per tu”.
Uno de los casos que trae cola es el de Rosa Díez, líder de UPyD, la política que abandonó el PSOE para exigir la regeneración política aunque lleve tres décadas encadenando cargos. El viernes pasado los Juzgados de Sabadell fueron fueron el escenario de la segunda sesión del juicio a cinco estudiantes militantes y exmiembros del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) por realizar un acto de protesta contra la líder de UPyD.
Los hechos se remontan al 2010 cuando Díez dio una conferencia en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), durante la cual un grupo de estudiantes (Oriol, Aitor, Eudald, Guillem y Laura) irrumpieron en el aula para expresar su rechazo a la política anticatalanista y a las declaraciones de la política con gritos, cánticos y pancartas. Están acusados de impedir el legítimo uso de las libertades de reunión o manifestación, así como de los delitos de provocación al odio y a la violencia contra grupos y asociaciones, coacción, desorden público. UPyD pide seis años y medio de prisión para cada una de ellas más una multa de 22 meses. La fiscalía, por su parte, solicita cuatro meses y medio de cárcel o diez meses de pena de multa.
Por otro lado, el SEPC y Alerta Solidaria (organización antirepresiva de la izquierda independentista) iniciaron el pasado 28 de noviembre la campaña “Defensar la Lengua no es ningún Delito” en la que se ocupó temporalmente la sede de UPyD de Barcelona. Por este acto detuvieron una persona y citaron a declarar a otra.
Y el pasado febrero se presentaron varias mociones en solidaridad a los estudiantes y en defensa del derecho de reunión y manifestación. En el de Cerdanyola del Vallès se aprobó con los votos favorables de ERC, ICV-EUiA, PSC, CiU y Compromís y la abstención del PP. El texto calificaba el escrito de acusación de “esperpéntico” y decía que UPyD lideran “un movimiento españolista que saca su rédito electoral mediante la catalanofobia, con actos como el de la UAB y propuestas en torno a un Estado uniforme y centralista basado en la asimilación cultural hispánica de la nación catalana”. La moción asegura que UPyD “usa el odio contra la nación y la lengua catalanas como instrumento electoral a cambio de enfrentar y crispar la ciudadanía, con actos como el de la UAB, que no tenía ningún rigor académico más allá de la propaganda electoral españolista”. Creen que los acusados simplemente sostuvieron una pancarta, que los delitos no se corresponden con las conductas y la pena solicitada es exagerada, por lo que pedían su absolución.
En esta sesión, Díez estaba citada a declarar como testimonio y al llegar –debidamente escoltada por algunos Mossos d’Esquadra de paisano-, se encontró con unos cincuenta estudiantes del SEPC que reclamaban la absolución de sus compañeras. Las vallas instaladas por los agentes de policía impidieron el más mínimo contacto y no se registró ningún incidente. Debido a su condición de diputada, la líder de UPyD no tenía la obligar de comparecer físicamente en los Juzgados sino que podía declarar desde su despacho oficial. Para el SEPC, la decisión de personarse obedece a la voluntad de crear crispación. “Es una estrategia de la acusación para crear un conflicto con los estudiantes que permitiera encaminar el juicio a su favor”.
Durante el juicio, la fiscalía acusó los estudiantes de no respetar el derecho de cátedra, cosa que, según su opinión, sí se respetaba durante el franquismo. En palabras de representantes del SEPC, la comparación entre este régimen y la protesta “es totalmente desproporcionada y demagógica”. Además, Díez comparó los hechos del a UAB con “los que vivieron compañeros míos en los años 80 con ETA”. El SEPC considera que las argumentaciones de la fiscalía y la acusación “no tienen fundamentos jurídicos y sólo responden a una base ideológica totalitaria”. De hecho, la fiscalía introdujo un nuevo delito e incrementó las penas, con lo que el juicio se alargó más horas de las previstas. Cuando Díez abandonó los juzgados, los manifestantes la despidieron a lo lejos cantando “Els Segadors”. El juicio queda ahora pendiente de sentencia.
El SEPC denuncia que “ante el intento de criminalizar el movimiento estudiantil dels Països Catalans por parte de UPyD no nos callaremos ni caeremos en sus provocaciones. Pedimos la absolución debido a la falta de argumentaciones jurídicas de las declaraciones de la fiscalía y la acusación y a los métodos irregulares de identificación que se siguieron para denunciar las cinco estudiantes”. Este sindicato avisa que su labor no va a cesar y subraya sus señas de identidad. “Continuaremos denunciando todos aquellos que no nos respeten como pueblo, que rechacen nuestra lengua y nuestras instituciones públicas. Continuaremos con nuestro firme compromiso de luchar por una educación catalana, pública, popular, antipatriarcal
