La gestión del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña continúa generando interrogantes y un inusual clima de tensión política y científica. Mientras el Govern reivindica su capacidad de reacción, transparencia informativa y despliegue de medios, emergen nuevas informaciones que apuntan a un elemento inquietante: el laboratorio dependiente de la Generalitat señalado por el Ministerio de Agricultura como posible foco del brote se encuentra en plena fase de obras de ampliación.
La revelación, difundida por El País en su edición catalana y posteriormente amplificada en redes y medios nacionales, ha abierto un debate sobre la biocontención, los protocolos de seguridad en instalaciones de nivel 3 y el flujo de comunicación interna entre administraciones. Las obras afectan al centro IRTA-CReSA, la unidad de referencia de Cataluña en sanidad animal, ubicada en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en Bellaterra, un enclave a escasos cientos de metros de los puntos donde aparecieron los primeros jabalíes muertos por PPA en la sierra de Collserola.
Una ampliación en pleno brote: el factor de riesgo que el Govern no había mencionado
Aunque el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha comparecido de forma frecuente desde el inicio de la crisis para destacar la coordinación institucional y la rapidez en la respuesta, no había informado públicamente de que el laboratorio bajo sospecha se encontraba en obras. Este detalle, subrayado ahora por voces académicas y recogido por medios de referencia, supone un elemento clave para evaluar posibles vulnerabilidades en la cadena de bioseguridad.
El centro IRTA-CReSA es la instalación de mayor nivel de biocontención de Cataluña, responsable de investigaciones con patógenos animales de alto impacto económico y sanitario. Su actividad exige protocolos extremadamente estrictos: accesos controlados, duchas obligatorias, gestión especializada de residuos biológicos y sistemas de presión negativa para evitar cualquier fuga de patógenos. En este contexto, una ampliación en curso —que implica obras civiles, presencia de personal externo y potenciales alteraciones en la infraestructura— es considerada, en toda la literatura técnica, un factor de riesgo añadido.
Fuentes del sector recuerdan que cualquier modificación estructural requiere reforzar simultáneamente los controles de seguridad, algo que normalmente se planifica con meses de antelación y que debe coordinarse con las administraciones competentes. Por ello, ha sorprendido a expertos y responsables del sector porcino que la Generalitat no mencionara siquiera la existencia de las obras en las primeras comparecencias sobre el brote.
El papel de Xavier Abad: divulgación, protagonismo y controversia
El foco mediático se ha concentrado además en una figura central del IRTA-CReSA: Xavier Abad, jefe de la Unidad de Biocontención y de los laboratorios NBS2/NBS3 del centro. Abad, conocido por su intensa actividad divulgadora en redes sociales, se convirtió involuntariamente en protagonista cuando el Ministerio de Agricultura mencionó que el virus podría haberse originado en instalaciones del CReSA, extremo que aún no se ha confirmado oficialmente.
El País señalaba que la confirmación de que el laboratorio está en obras no procedió de un comunicado institucional, sino de las propias publicaciones del virólogo en X (antigua Twitter). El 14 de septiembre, Abad difundió un mensaje anunciando el inicio de la “primera fase de construcción de la nueva instalación de nivel de bioseguridad 3” en el campus de la UAB. Para acompañar el mensaje enlazó un artículo divulgativo suyo sobre biocontención, publicado en el portal 7 Ciències.
La naturalidad con la que Abad comunicó la obra —aparentemente sin considerar su potencial repercusión pública en un contexto de brote— ha sido interpretada de maneras divergentes: para algunos, simple transparencia científica; para otros, un gesto imprudente en un momento de máxima sensibilidad mediática. Sea como fuere, su publicación fue el detonante que condujo a varias verificaciones sobre el terreno para confirmar que el laboratorio está efectivamente afectado por un proyecto de ampliación.
A ello se añade que Abad es una figura activa también en debates políticos, algo poco habitual en perfiles de alta responsabilidad técnica en instalaciones de biocontención. Su presencia en la red social, definida por El País como “hiperactiva”, y su identificación pública con causas políticas —incluido el uso del lazo amarillo que exhibió durante los años de mayor tensión del procés— han sido utilizadas en algunos ámbitos para cuestionar su neutralidad o prudencia, aunque la comunidad científica defiende mayoritariamente su trayectoria y aportaciones en el campo de los virus emergentes.
El brote: 13 jabalíes muertos y un posible vector urbano
La PPA es una enfermedad de elevada mortalidad para los cerdos y jabalíes, sin vacuna comercial efectiva y con efectos devastadores para la industria porcina. Los primeros casos en Cataluña —trece jabalíes encontrados en Collserola— encendieron las alarmas de un sector que representa más del 40% de las exportaciones agroalimentarias catalanas.
La proximidad de varios de estos cadáveres al campus de la UAB y, en concreto, al laboratorio del CReSA, reforzó las sospechas iniciales del Ministerio. En algunos puntos, los animales muertos se encontraron a menos de medio kilómetro de las instalaciones de investigación, un dato que no puede ignorarse pero que tampoco constituye, por sí solo, una prueba de fuga de laboratorio.
Expertos en fauna salvaje recuerdan que la densidad de jabalíes en Collserola es una de las más elevadas de Europa, en parte debido a la abundancia de recursos alimentarios urbanos y periurbanos. El movimiento de animales infectados podría explicar la aparición del virus sin necesidad de recurrir a hipótesis más complejas. Sin embargo, la coincidencia geográfica ha llevado al Ministerio a incluir la posible fuga accidental en su lista de escenarios a evaluar.
La Generalitat, bajo presión para ofrecer explicaciones más detalladas
El Govern, que hasta ahora había centrado su discurso en la eficiencia de la respuesta ante el brote, se enfrenta ahora a la necesidad de aclarar varios puntos que han quedado en el aire:
1. ¿Estaba el consejero Òscar Ordeig informado de las obras?
Como responsable último del ámbito agroalimentario y sanitario animal, cabría esperar que la conselleria estuviese plenamente al tanto de cualquier intervención estructural en el principal laboratorio de biocontención de Cataluña. La ausencia de referencias a esta cuestión en sus comparecencias genera dudas sobre la transparencia informativa del Ejecutivo.
2. ¿Qué medidas extraordinarias de bioseguridad se implementaron durante la ampliación?
Es habitual que los protocolos de nivel 3 se refuercen durante cualquier obra, tanto en zonas internas como en el perímetro exterior. La Generalitat no ha detallado aún si se incrementaron inspecciones, controles o auditorías.
3. ¿Por qué la existencia de las obras se conoció a través de redes sociales y no de un comunicado oficial?
La gestión de la comunicación en crisis sanitarias exige precisión y coherencia, especialmente cuando el brote afecta a un sector económico clave.
4. ¿Qué grado de colaboración técnica existe actualmente entre el Ministerio y el IRTA-CReSA?
La coordinación entre administraciones es esencial para determinar el origen del brote y para evaluar si hubo fallos procedimentales.
Diversas asociaciones de veterinarios y representantes del sector porcino han pedido explicaciones públicas más exhaustivas. Aunque todas las hipótesis siguen abiertas, existe consenso en que la transparencia plena sería la mejor herramienta para reducir la incertidumbre y evitar especulaciones.
El riesgo de estigmatizar la investigación en biocontención
Uno de los temores expresados discretamente por investigadores del ámbito biomédico es que este episodio derive en un deterioro de la confianza pública en los laboratorios de alto nivel de bioseguridad. La pandemia de COVID-19 ya evidenció el impacto social de las teorías sobre fugas de laboratorio, muchas veces sin base científica.
El IRTA-CReSA desempeña un papel crucial en la vigilancia y el control de enfermedades animales. Sus instalaciones, uno de los pocos laboratorios NBS3 del Estado, son indispensables para estudiar patógenos como la lengua azul, la fiebre aftosa o la propia PPA. Cualquier señalamiento precipitado podría afectar negativamente la percepción pública de una infraestructura esencial.
Por este motivo, voces del sector recomiendan cautela: investigar sin prejuzgar, exigir información al Govern pero también recordar que la coincidencia geográfica no es sinónimo de causalidad. En brotes de PPA en países europeos, la mayoría de introducciones han estado vinculadas a restos cárnicos contaminados o al movimiento de animales salvajes, no a incidentes en laboratorios.
Una crisis que desafía la narrativa oficial
Para el Govern, el brote llegó en un momento políticamente complicado, con la necesidad de demostrar solvencia técnica y capacidad de reacción. Hasta ahora, la comunicación pública se había presentado como un ejercicio de eficacia administrativa, voluntarismo institucional y coordinación con el sector.
Sin embargo, la inesperada atención sobre las obras en el CReSA tensiona ese relato. La oposición ha comenzado a pedir comparecencias adicionales, mientras que sectores del independentismo miran con recelo el señalamiento procedente del Ministerio, interpretándolo en clave de confrontación política. En este clima, la figura de Xavier Abad —científico de perfil político muy visible— se ha convertido en un símbolo para ambos bandos: para unos, de profesionalismo técnico; para otros, de falta de contención comunicativa.
La situación exige ahora un ejercicio de precisión técnica y pedagógica. El Govern necesitará explicar qué protocolos se aplicaron durante las obras, qué mecanismos de vigilancia estaban activos y cómo se garantizará que todas las líneas de investigación sean analizadas de forma independiente.
Conclusión: un episodio que marcará la gestión de la sanidad animal en Cataluña
El brote de peste porcina africana en Collserola ya es, por sí mismo, un desafío sanitario y económico de primera magnitud. Pero la controversia sobre el laboratorio en obras y la comunicación institucional podría tener efectos de más largo alcance: revisar los protocolos de bioseguridad, mejorar la coordinación entre administraciones y reforzar la confianza en los centros de investigación.
En las próximas semanas, los resultados de las investigaciones epidemiológicas del Ministerio y de los servicios técnicos de la Generalitat serán determinantes. El riesgo para el sector porcino obliga a actuar con rigor, evitando politizar un problema que requiere datos verificables, prudencia científica y la máxima transparencia.
Cataluña se encuentra ante una prueba crítica: no solo controlar un brote imprevisible, sino demostrar que su sistema de biocontención está a la altura de los estándares internacionales, incluso en circunstancias complicadas como una ampliación en pleno funcionamiento. El escrutinio público, ya inevitable, exige respuestas claras que aún no se han ofrecido por completo.
