La energía nuclear en España ha sido un pilar fundamental del suministro eléctrico durante décadas, aportando en la actualidad cerca del 20% de la electricidad consumida en el país a través de siete reactores operativos en cinco centrales: Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Vandellós II (Tarragona), Cofrentes (Valencia) y Trillo (Guadalajara). Sin embargo, el calendario de cierre escalonado acordado en 2019 entre el Gobierno y las principales empresas eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) establece que estas centrales cesarán su actividad entre 2027 y 2035, comenzando por Almaraz I en 2027. Este plan, enmarcado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), busca una transición hacia un modelo energético basado en fuentes renovables. No obstante, el contexto geopolítico, la crisis energética y los objetivos de descarbonización han reabierto el debate sobre si es recomendable prolongar la vida útil de estas instalaciones.
Argumentos a favor de prolongar la vida de las centrales nucleares
Estabilidad energética y descarbonización
La energía nuclear es una fuente de generación constante y libre de emisiones directas de CO₂, lo que la convierte en una herramienta clave para la descarbonización, especialmente en un contexto donde la Unión Europea (UE) ha establecido ambiciosos objetivos de neutralidad climática para 2050. Según un informe de Oikos y Afry, cerrar las centrales nucleares entre 2027 y 2035 podría añadir 28 millones de toneladas de CO₂ a las emisiones de España, equivalentes a casi tres años de gases de efecto invernadero, al depender más de los ciclos combinados de gas natural, una fuente más cara y contaminante.
Francisco Calviño, catedrático en Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Cataluña, argumenta que «España debería replantearse el cierre nuclear», ya que las renovables, aunque esenciales, son intermitentes y las tecnologías de almacenamiento, como las baterías de larga duración, no están suficientemente desarrolladas para garantizar el suministro en picos de demanda o en condiciones de baja producción renovable. Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear, subraya que la energía nuclear es una «fuente estratégica a largo plazo» que complementa las renovables, asegurando estabilidad en el sistema eléctrico.
Beneficios económicos y laborales
El cierre de las centrales nucleares tiene un impacto económico significativo, especialmente en las regiones donde están ubicadas. Por ejemplo, la central de Almaraz genera aproximadamente 3.000 empleos directos e indirectos y aporta el 7% de la energía eléctrica del país. Según Fernando Sánchez, presidente de la plataforma «Sí a Almaraz, sí al futuro», mantener estas instalaciones operativas es crucial para los planes de reindustrialización y para evitar la despoblación en comarcas rurales.
Además, prolongar la vida útil de las centrales podría aliviar la presión financiera sobre las empresas eléctricas. Según Diego Rodríguez, investigador de Fedea, extender el periodo operativo redistribuiría la tasa Enresa (destinada a gestionar residuos radiactivos y el desmantelamiento) a lo largo de más años, reduciendo el coste por unidad de energía generada, «como una hipoteca». Un informe de PricewaterhouseCoopers estima que alargar la vida de las centrales ahorraría 7.000 millones de euros en inversiones y reduciría la factura eléctrica en más de 2.000 millones anuales, al evitar el recurso a fuentes más caras como el gas.
Seguridad y viabilidad técnica
Los defensores de la energía nuclear destacan que las centrales españolas cumplen con estrictos estándares de seguridad supervisados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Marcelo Fernández-Bolaños, coordinador técnico del CSN, señala que prolongar la vida útil más allá de los 40 años es compatible con la legislación española si se justifican «consideraciones de interés general». Países como Estados Unidos, Suiza y Francia han extendido la operación de sus reactores hasta los 60 años o más, tras rigurosas inspecciones, lo que sugiere que las centrales españolas, consideradas eficientes y seguras, podrían seguir operando con las inversiones adecuadas.
Fran Ramírez, ingeniero nuclear, asegura que las inversiones necesarias para garantizar la operación segura a largo plazo no son «exageradamente superiores» a las habituales y deben ser asumidas por las empresas, no por los ciudadanos. Además, la nuclear tiene un coste operativo competitivo: generar un megavatio hora nuclear cuesta unos 45-60 euros, frente a los 70 euros del gas o los 107 del carbón, aunque este cálculo no incluye la gestión de residuos.
Argumentos en contra de prolongar la vida de las centrales
Riesgos de seguridad y envejecimiento
Los grupos ecologistas, como Ecologistas en Acción y Greenpeace, sostienen que prolongar la vida de las centrales nucleares incrementa los riesgos de seguridad debido al envejecimiento de los reactores. Luis Rico, coordinador de Ecologistas en Acción, advierte que alargar su operación «podría ser catastrófico», citando incidentes como la fuga de partículas en Ascó en 2007, atribuida a la subcontratación de personal poco experimentado y al deterioro de infraestructuras. Cristina Rois, portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear, subraya que los sistemas envejecidos son más propensos a fallos, y la sombra de accidentes como Chernóbil o Fukushima sigue siendo una preocupación.
Además, las centrales nucleares españolas, diseñadas originalmente para operar entre 25 y 40 años, ya han superado o están cerca de superar ese límite. Por ejemplo, Almaraz I tendrá 46 años en 2027, lo que aumenta la necesidad de costosas reformas para cumplir con los estándares de seguridad. Ecologistas en Acción también señala problemas estructurales, como la ubicación de algunas centrales en terrenos sísmicos o inundables, lo que eleva los riesgos.
Gestión de residuos radiactivos
Uno de los mayores argumentos en contra es la gestión de los residuos radiactivos, que permanecen peligrosos durante miles de años. Javier Andaluz Prieto, de Ecologistas en Acción, destaca que «no desaparecen jamás, por muchos almacenamientos o planes que hagamos». El Plan General de Residuos Radiactivos estima un coste de más de 20.000 millones de euros entre 2024 y 2100 para gestionar estos desechos, un 30% más tras descartarse un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas debido a la oposición de comunidades autónomas y grupos ecologistas. Actualmente, los residuos de alta actividad se almacenan en depósitos temporales en las propias centrales, lo que genera preocupación entre colectivos ciudadanos.
Rois enfatiza que no existe una solución «verdaderamente viable y segura» para estos materiales, cuya radiactividad puede durar más de 10.000 años, lo que plantea dilemas éticos y ambientales para las generaciones futuras. Además, la minería de uranio, necesaria para el combustible nuclear, genera emisiones significativas en otros países y deja «heridas radiactivas» en el territorio.
Competitividad y transición renovable
Eloy Sanz, profesor de Ingeniería Energética en la Universidad Rey Juan Carlos, sostiene que la energía nuclear «se puede sustituir perfectamente con renovables», que en 2024 representaron más del 50% de la generación eléctrica en España, gracias a la eólica y la solar. Las renovables son cada vez más baratas: generar un megavatio hora solar cuesta unos 30 euros, frente a los 60 euros de la nuclear, y no requieren combustible ni generan residuos. José Luis Navarro Ribera, expresidente de Enresa, destaca que España es un referente internacional en renovables, con una hoja de ruta clara que ha atraído inversiones significativas.
Ecologistas en Acción argumenta que las nucleares frenan el desarrollo renovable al ocupar espacio en el mix energético y desviar recursos que podrían destinarse a tecnologías más limpias y seguras. Su propuesta para 2020 demostraba que un sistema eléctrico basado en un 72% de renovables, apoyado por gas natural en menor medida, es viable sin comprometer el suministro. Sin embargo, Sanz reconoce que el almacenamiento sigue siendo un desafío, aunque espera que las inversiones en baterías crezcan en los próximos años.
Opiniones divergentes: ecologistas pronucleares
Un fenómeno reciente es la aparición de movimientos ecologistas favorables a la nuclear, como Econuclear, fundado por Marc Altés y Guillem Sanchís. Esta organización defiende que la nuclear es esencial para la transición energética, ya que evita depender del gas y reduce emisiones. Altés aboga por pequeños reactores modulares (SMR), más compactos y seguros, como una solución a medio plazo, aunque reconoce que la fusión nuclear aún es incipiente. Por otro lado, Greenpeace y Ecologistas en Acción rechazan esta postura, argumentando que etiquetar la nuclear como «verde» es una «irresponsabilidad medioambiental, financiera y social».
Alternativas al alargamiento de las centrales nucleares
Acelerar el despliegue de renovables
España tiene un potencial renovable excepcional, con abundancia de sol y viento. El PNIEC prevé aumentar la capacidad de almacenamiento de 3,3 GW a más de 22 GW para 2030, lo que abarataría la factura eléctrica y reduciría la dependencia de fuentes fósiles. Invertir en energía solar fotovoltaica, que podría multiplicarse por diez para 2030, y en eólica, con un aumento proyectado del 35%, es una prioridad. Además, fomentar el autoconsumo y la generación distribuida eliminaría trabas burocráticas y potenciaría la eficiencia energética.
Desarrollo de almacenamiento energético
El principal obstáculo de las renovables es su intermitencia, pero las tecnologías de almacenamiento, como baterías de larga duración, están avanzando. Luis Quiroga, de Oikos, subraya que el almacenamiento de larga duración es clave para eliminar la necesidad de gas como respaldo. España debe acelerar las inversiones en estas tecnologías para cumplir los objetivos del PNIEC y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico sin nucleares ni fósiles.
Hidrógeno verde y eficiencia energética
El hidrógeno verde, producido con energías renovables, es otra alternativa prometedora para sectores difíciles de electrificar, como la industria pesada o el transporte. Además, implementar medidas de eficiencia energética, como la rehabilitación de edificios o la optimización de procesos industriales, podría reducir la demanda eléctrica, facilitando la transición sin necesidad de prolongar las nucleares.
Pequeños reactores modulares (SMR)
Aunque aún en desarrollo, los SMR podrían ser una alternativa a medio plazo. Estos reactores, más pequeños y fáciles de construir, generan hasta 300 MW y son considerados más seguros. Sin embargo, su viabilidad comercial a gran escala no está garantizada antes de 2035, lo que limita su impacto inmediato.
Un debate complejo
El debate sobre prolongar la vida de las centrales nucleares en España es complejo y polarizado. Por un lado, la nuclear ofrece estabilidad, bajas emisiones y beneficios económicos, pero implica riesgos de seguridad, costes elevados de gestión de residuos y una dependencia de una tecnología que muchos consideran obsoleta frente al auge de las renovables. Por otro lado, las renovables son más baratas y seguras a largo plazo, pero requieren avances en almacenamiento y una planificación rigurosa para garantizar el suministro.
Expertos como Francisco Calviño y el Foro Nuclear abogan por mantener las centrales como un puente hacia la descarbonización, mientras que ecologistas como Luis Rico y Cristina Rois insisten en que los riesgos y costes superan los beneficios. Alternativas como acelerar las renovables, invertir en almacenamiento y explorar el hidrógeno verde ofrecen un camino viable para una transición energética justa y sostenible.
En última instancia, la decisión dependerá de un equilibrio entre seguridad, economía y sostenibilidad, así como de la capacidad de España para mantener su liderazgo en renovables sin comprometer el suministro eléctrico. El debate está lejos de cerrarse, pero requiere un enfoque basado en datos científicos, consenso político y una visión a largo plazo que priorice el bienestar de la sociedad y el medio ambiente.
