La ejecutiva nacional de Junts per Catalunya ha aprobado por unanimidad la ruptura de relaciones con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), alegando reiterados incumplimientos de los acuerdos firmados en noviembre de 2023 para la investidura de Pedro Sánchez. Esta decisión, tomada durante una reunión extraordinaria de casi tres horas y media en Perpiñán (Francia), será sometida a una consulta vinculante entre la militancia del partido esta misma semana, específicamente el miércoles y jueves. Carles Puigdemont, líder exiliado de Junts, ha calificado la medida como una respuesta inevitable ante la «falta de credibilidad» del Gobierno español, advirtiendo que el PSOE «podrá ocupar sillones, pero no podrá gobernar» si se confirma la ruptura.
Esta escalada en la tensión política catalano-española no es un episodio aislado, sino el clímax de una serie de desacuerdos que han erosionado la frágil alianza entre el independentismo catalán y el Ejecutivo de coalición progresista. Desde la firma de los pactos de Bruselas en 2023, que incluyeron compromisos en materia de amnistía, traspaso de competencias y financiación autonómica, Junts ha acusado al PSOE de dilatar o incumplir sistemáticamente sus obligaciones. La decisión de hoy, aunque pendiente de ratificación por las bases, podría precipitar una crisis parlamentaria en el Congreso de los Diputados, donde los siete escaños de Junts son clave para la estabilidad del Gobierno minoritario de Sánchez.
De los pactos de 2023 a la reunión en Perpiñán
Los acuerdos de investidura de 2023 representaron un hito en la política española post-procés. Tras las elecciones generales de julio de ese año, Pedro Sánchez necesitaba el apoyo de formaciones independentistas para revalidar su mandato. Junts, bajo el liderazgo de Puigdemont desde su exilio en Waterloo (Bélgica), negoció un paquete de concesiones que incluía la aprobación de una ley de amnistía para los procesados por el referéndum ilegal de 2017, el traspaso de competencias en inmigración, mejoras en la financiación catalana y avances en la desjudicialización del conflicto catalán. A cambio, Junts se comprometió a respaldar la investidura y a no bloquear la actividad legislativa del Gobierno.
Sin embargo, casi dos años después, la percepción en las filas de Junts es que estos compromisos han sido incumplidos en gran medida. Fuentes internas del partido destacan cuatro ejes principales de desacuerdo: la aplicación incompleta de la amnistía, que aún deja a Puigdemont y otros líderes en el exilio expuestos a órdenes de detención; la falta de avances en el traspaso efectivo de competencias en inmigración, prometido pero no materializado; la dilación en la reforma de la multirreincidencia penal, que afecta a la seguridad en Cataluña; y el estancamiento en las negociaciones sobre un nuevo modelo de financiación autonómica, donde Cataluña reclama un concierto económico similar al vasco.
La reunión de este lunes en Perpiñán, una ciudad simbólica para el independentismo catalán por su proximidad a la frontera y su historia como refugio de exiliados, fue convocada por Puigdemont para debatir el futuro de la relación con el PSOE. La ejecutiva, integrada por figuras clave como Jordi Turull (secretario general) y Míriam Nogueras (portavoz en el Congreso), avaló por unanimidad la propuesta de ruptura presentada por el líder. Puigdemont, en una comparecencia posterior, responsabilizó exclusivamente al PSOE de la situación, argumentando que «los incumplimientos sistemáticos han agotado nuestra paciencia». La consulta a la militancia, que cuenta con alrededor de 8.000 afiliados, se presenta como un ejercicio de democracia interna, aunque analistas políticos sugieren que podría ser un mecanismo para legitimar una decisión ya tomada por la cúpula.
Más allá de los incumplimientos formales
Aunque Junts justifica la ruptura basándose en los incumplimientos contractuales, un análisis más profundo revela motivaciones estratégicas y electorales subyacentes. En primer lugar, el partido enfrenta presiones internas y externas derivadas de su pérdida de influencia en Cataluña. Tras las elecciones autonómicas de mayo de 2024, donde Junts quedó en segundo lugar por detrás del PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya), y con el auge de formaciones más radicales como Aliança Catalana, Puigdemont busca reafirmar su liderazgo independentista. Fuentes cercanas a la formación indican que el temor a una «fuga de cargos» hacia opciones más duras ha acelerado la decisión, posicionando a Junts como un actor intransigente frente al «engaño» del Estado español.
Además, el contexto político nacional juega un rol crucial. El Gobierno de Sánchez ha priorizado otras alianzas, como con el PNV y ERC, lo que ha marginado a Junts en negociaciones clave, como los presupuestos generales del Estado para 2026. La reciente aprobación de reformas fiscales sin el aval de Junts, junto con la percepción de que el PSOE está reorientando su estrategia hacia un pacto con el PP en temas como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ha exacerbado las tensiones. Analistas como el politólogo Jordi Muñoz, de la Universitat de Barcelona, argumentan que esta ruptura responde a una «lógica de supervivencia partidista», donde Junts busca diferenciarse de ERC, más pragmática en su apoyo al Gobierno, para captar el voto independentista desencantado.
Otro factor subyacente es la situación personal de Puigdemont. Pese a la amnistía, el Tribunal Supremo mantiene abiertas causas por malversación y terrorismo, lo que impide su regreso pleno a España. Esta «amnistía a medias» se interpreta en Junts como una traición deliberada del PSOE, que habría utilizado los votos independentistas sin cumplir integralmente sus promesas. En redes sociales, como X (anteriormente Twitter), militantes y simpatizantes de Junts han expresado frustración, con mensajes como «Ja tocava» (Ya tocaba), reflejando un hartazgo acumulado.
¿Ruptura fáctica o farol estratégico?
Una pregunta central es si esta ruptura es definitiva o meramente un «farol» táctico, como ha ocurrido en ocasiones previas. Puigdemont tiene un historial de ultimátums al PSOE que no siempre se han materializado en acciones irreversibles. Por ejemplo, en diciembre de 2024, amenazó con romper el pacto si no se avanzaba en la financiación, pero finalmente cedió tras concesiones parciales. En aquel entonces, el propio Puigdemont aseguró que «no vamos de farol», una frase que repite ahora, pero que no evitó una continuación de las negociaciones.
Sin embargo, varios indicadores sugieren que esta vez podría ser diferente. La unanimidad en la ejecutiva y la consulta a la militancia otorgan un barniz de irreversibilidad, y el contexto electoral –con posibles adelantos en Cataluña o España– favorece una postura dura. Fuentes del PSOE, como la ministra Diana Morant, han interpretado la decisión como un «gesto para la galería», apostando por mantener «canales de diálogo» y negociando «votación a votación». Moncloa rebaja la alarma al no prever una moción de censura inmediata, pero reconoce que sin Junts, el Gobierno enfrentaría un bloqueo en leyes clave.
Analistas como Ignacio Escolar, director de elDiario.es, ven en esto una «cortina de humo» para presionar en negociaciones pendientes, como la ley de financiación singular para Cataluña. No obstante, posts en X de analistas independientes destacan que el «pánico a Aliança Catalana» hace improbable un retroceso, ya que Puigdemont necesita proyectar firmeza para evitar la descomposición interna de Junts.
Un Gobierno al límite y escenarios de inestabilidad
Si la militancia ratifica la ruptura, las repercusiones serán inmediatas y profundas. En el plano parlamentario, el Gobierno perderá el apoyo sistemático de Junts, lo que complicará la aprobación de los Presupuestos de 2026 y reformas pendientes, como la laboral o la fiscal. Sin los siete diputados de Junts, Sánchez dependerá aún más de ERC (que mantiene su apoyo condicionado) y del PNV, pero podría enfrentar vetos cruzados que paralicen la legislatura. Expertos en derecho constitucional, como Javier Pérez Royo, advierten de un «bloqueo institucional» que podría forzar elecciones anticipadas en 2026.
En Cataluña, la decisión fortalece a Salvador Illa (PSC) en el Govern, pero podría radicalizar el debate independentista, beneficiando a formaciones como la CUP o Aliança Catalana. A nivel nacional, el PP de Alberto Núñez Feijóo podría capitalizar la crisis, presionando por una moción de censura o un pacto con el PSOE en temas estatales. El PSOE, por su parte, ha expresado «respeto absoluto» a la decisión, pero insiste en que no implicará el fin del diálogo, apostando por una estrategia de «resistencia» legislativa.
Económicamente, la inestabilidad podría afectar a la recuperación pospandemia, con inversores atentos a la solidez del Gobierno. En el ámbito europeo, la ruptura complica la agenda española en la UE, donde Cataluña aspira a mayor visibilidad, como en el uso del catalán en instituciones comunitarias –un punto donde Alemania ha mostrado recientemente apertura, pero que podría verse eclipsado por la crisis interna.
En resumen, esta ruptura marca un punto de inflexión en la política española, revelando las limitaciones de los pactos postelectorales en un Parlamento fragmentado. Si se confirma, podría acelerar el declive de la legislatura de Sánchez; si resulta ser un farol, reforzará la imagen de Puigdemont como maestro de la negociación bajo presión. La consulta de esta semana será decisiva, pero el verdadero test será la capacidad del PSOE para reconducir la situación sin ceder soberanía. Como ha señalado Puigdemont, «el tiempo de las palabras ha terminado; ahora vienen los hechos».
