El caso que comentamos hoy tuvo una relevancia en los medios de comunicación. Con el desarrollo de la investigación, se destapó una de las mayores tramas de pisos turísticos ilegales en Barcelona. Por la complejidad y las diversas investigaciones realizadas se compondrá de cuatro artículos distintos publicados en la Revista Rambla. El caso detalla una situación de acoso inmobiliario en un inmueble en el barrio de la Ribera, en la ciudad condal (Barcelona), donde los inquilinos residentes fueron afectados por una serie de malas prácticas por parte de la empresa propietaria de los inmuebles, para reconvertir en pisos turísticos. Estas malas prácticas se utilizan para desocupar las viviendas abarcando diversas áreas, teniendo un impacto significativo en la calidad de vida y seguridad de los residentes.

Entre las situaciones descritas por el abogado del ICAB Luis S. T. se destacaron obras ilegales, el supuesto acoso continuado y consentido por el propietario hacia los residentes, acreditando la presencia de ocupantes ilegales que acosaban a los residentes en las áreas comunes del edificio, generando un ambiente hostil y conflictivo. Estas acciones intimidatorias y obras ilegales afectaron la convivencia y el bienestar de los inquilinos, quienes se vieron expuestos a situaciones incómodas y potencialmente peligrosas sin ninguna medida por parte de la propiedad.

obras ilegales en pisos turísticos

Además, como describen unos documentos del Juzgado de Barcelona, se intuye un uso manipulativo de la mediación por parte del propietario o propietarios del inmueble para un beneficio propio.

Supuestamente, intentaron imponer acuerdos desfavorables a los inquilinos a través de un proceso de mediación ilegal llevado a cabo en la estación de Francia o históricamente Barcelona-Término situada en el distrito de Ciutat Vella. Esta mediación generó confusión y descontento entre las partes involucradas. Las expectativas frustradas de solucionar problemas, donde se ofrecieron soluciones que nunca se concretaron. Esto llevó a los inquilinos a vivir en la incertidumbre y la precariedad, sin recibir el apoyo necesario para resolver las dificultades que enfrentaban en el inmueble. La falta de acción y compromiso por parte de la propiedad supuestamente contribuyó a agravar la situación de los residentes, quienes se encontraron desamparados frente a los problemas existentes. Los inquilinos se vieron obligados a enfrentar situaciones de insuficiencia en los suministros, así como a asumir costos y responsabilidades que correspondían al propietario. Esta falta de mantenimiento y atención a las necesidades básicas de los residentes supuso un riesgo para su bienestar y seguridad en el hogar e inmueble.

Cabe mencionar qué las malas prácticas impactan negativamente en la convivencia, la seguridad y la calidad de vida de los residentes, quienes serán afectados por un entorno inestable y conflictivo debido a las acciones irresponsables del propietario.

El Ayuntamiento de Barcelona y las autoridades correspondientes tardaron mucho tiempo en proceder a realizar inspecciones que todavía según parece no han solucionado el problema. Estás inspecciones se produjeron tras varias denuncias en distintos departamentos del Ayuntamiento de Barcelona y tras recabar documentación e imágenes de como se llevaban el material de construcción en pequeñas cantidades junto con la subida y bajada de diversas personas de nacionalidades distintas con maletas. Los expedientes avanzan lentos.

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Los informes periciales realizados por el investigador privado Víctor F. M. sobre el acoso inmobiliario en el inmueble situado cerca del mercado de Santa Catarina de Barcelona detallan las malas prácticas por parte del propietario. Entre las situaciones descritas se encuentran:

  1. Acoso consentido por el propietario: Se menciona la presencia de ocupantes ilegales que acosan a los vecinos, generando un ambiente hostil y conflictivo en las áreas comunitarias del edificio
  2. Uso de mediación ilegal para beneficio propio: Se describe cómo el propietario utilizó un proceso de mediación manipulativo para imponer acuerdos desfavorables a los inquilinos, generando confusión y descontento.
  3. Expectativas frustradas de solucionar realizadas supuestamente con propósito: El propietario ofreció soluciones que nunca llegaron a materializarse, llevando a los inquilinos a situaciones de incertidumbre y precariedad.
  4. Problemas de suministro de agua: Se reportaron fallos en el suministro de agua en el inmueble, causando inconvenientes y obligando a los residentes a realizar reparaciones por cuenta propia ante la inacción del propietario.
  5. Problemas de suministro de electricidad comunitaria: Se menciona como ocupantes ilegales, con supuesto permiso del propietario, boicotearon la instalación eléctrica comunitaria, afectando la seguridad y comodidad de los residentes.
  6. Problemas de obras y demolición del edificio: Se describe una demolición sin permisos adecuados, generando riesgos para la seguridad de los vecinos y provocando daños en las propiedades.

Según el investigador que curiosamente proviene de un pueblo de Tarragona estas situaciones revelan un patrón de comportamiento dentro de las ciudades turísticas, no solamente en Barcelona, que se da reiteradamente para poder vaciar los pisos de residentes e incrementar su valor mediante abuso de poder, incumplimiento de normativas y falta de responsabilidad que comprometen el bienestar de todos los residentes del inmueble en cuestión.

Deberemos esperar para poder comprobar si las autoridades contemplan alguna medida correctora real que impedida que prosperen estas actividades turísticas ilegales en ciudades como Barcelona.

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