El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) enfrenta una de las crisis más profundas de su historia reciente. Durante cinco meses, desde julio de este año, la dirección del partido en Ferraz ha exhibido una notable ausencia de urgencia ante denuncias anónimas de militantes que alertaban sobre comportamientos inaceptables del exasesor de Pedro Sánchez en Moncloa, Paco Salazar. Este caso, inicialmente silenciado, ha actuado como catalizador para la emergencia de otros escándalos similares, involucrando al líder del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, y al alcalde de Monforte de Lemos y presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Fuentes de Ferraz insisten en que estos comportamientos no representan «los principios y valores» socialistas, pero la proliferación de nuevas denuncias cuestiona la efectividad de los protocolos internos y la coherencia ideológica del partido gobernante.
El escándalo Salazar se remonta a julio de 2025, cuando dos militantes del PSOE, que trabajaban bajo las órdenes de Salazar en la Moncloa, presentaron denuncias a través del canal interno antiacoso del partido. Estas mujeres, con perfiles académicos brillantes –incluyendo dos carreras universitarias y postgrados–, describieron un patrón de conducta misógina y hipersexualizada. Entre las alegaciones específicas se incluyen comentarios degradantes disfrazados de bromas, como afirmar que ponía «una mijita de su polla» al revisar un trabajo, escenificar felaciones en el despacho, subirse la bragueta frente a sus rostros tras salir del baño, y pedir ver escotes o comentar sobre el «buen culo» que hacía un pantalón. Además, se reportaron situaciones humillantes, como obligarlas a agacharse para demostrar flexibilidad ante altos cargos, o preguntas intrusivas sobre su vida sexual. Salazar, aprovechando su posición como persona de confianza del presidente Sánchez, ejercía poder intimidatorio: si se ponían límites, las excluía de proyectos o las gritaba públicamente. Estas denuncias, registradas el 8 y 28 de julio, desaparecieron del sistema interno tras 90 días, atribuyéndose a un «error técnico» de ofuscación por protección de datos, según explicó el PSOE. Sin embargo, durante cinco meses, no se tramitaron ni se ofreció apoyo a las víctimas, lo que generó acusaciones de encubrimiento. Solo tras la presión mediática, el partido reactivó el expediente y contactó a las afectadas, admitiendo que la comunicación no estuvo «a la altura». Salazar, por su parte, dimitió de su cargo en Moncloa y se dio de baja en el partido, pero el caso ha salpicado a figuras como Antonio Hernández, su mano derecha, quien fue cesado por el Consejo de Ministros a principios de diciembre.
La gestión desastrosa de este caso ha provocado una reacción en cadena, exponiendo vulnerabilidades en el protocolo antiacoso del PSOE, implementado en 2018 como respuesta a movimientos como #MeToo y alineado con la agenda feminista del gobierno de Sánchez. Expertos en derecho laboral y género, como la jurista María Perales, han criticado que el sistema priorice la protección de datos sobre la diligencia investigativa, permitiendo que denuncias graves queden en limbo. Esta negligencia contradice el discurso oficial del partido, que se presenta como baluarte contra el machismo. En Andalucía, donde Salazar y Hernández provenían de facciones sanchistas opuestas a Susana Díaz, el escándalo ha debilitado la posición de María Jesús Montero, vicesecretaria general y aspirante a recuperar el poder regional. Montero, sin rol ejecutivo directo en Ferraz debido a sus deberes gubernamentales, ha visto cómo el caso erosiona su influencia, con renuncias en la ejecutiva andaluza y demandas internas para una auditoría de los protocolos.
A este núcleo se sumó el caso de Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos, concejal y diputado provincial en Málaga. El 3 de diciembre, una militante presentó una denuncia ante la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, alegando más de cuatro años de acoso: mensajes sexuales, insinuaciones, proposiciones no consentidas, y un ambiente intimidatorio que incluía persecución callejera. La víctima, al no recibir respuesta del partido durante seis meses, optó por la vía judicial, lo que forzó al PSOE a suspender cautelarmente a Navarro por posible falta grave según sus estatutos. Ferraz nombró una gestora para la agrupación local, con la federación malagueña asumiendo temporalmente. Este episodio resalta un patrón: denuncias ignoradas hasta que la presión externa obliga a actuar. Fuentes internas admiten que el caso Navarro, aunque gestionado con mayor rapidez que Salazar, evidencia fallos en la detección temprana, especialmente en agrupaciones locales donde el poder jerárquico puede silenciar voces disidentes.
El último golpe llegó con José Tomé, alcalde de Monforte de Lemos desde 1999, presidente de la Diputación de Lugo desde 2007 y secretario provincial del PSdeG-PSOE. El lunes 9 de diciembre, una denuncia anónima llegó al canal interno de Ferraz, respaldada por comunicaciones que avalaban testimonios de acoso sexual. El programa *Código 10* de Cuatro reveló que seis mujeres –algunas militantes activas, otras exmiembros– habían alertado previamente sin ser escuchadas. Tomé, de 67 años y con 40 de militancia, negó las acusaciones, tildándolas de «falsas y mentiras» sin pruebas, y amenazó con acciones legales. Inicialmente rechazó dimitir, pero el miércoles 11 cedió: solicitó suspensión cautelar de militancia, dimitió como presidente de la Diputación (en coalición con BNG) y renunció a su acta como diputado provincial, reteniendo solo la alcaldía. El líder gallego José Ramón Gómez Besteiro negó conocimiento de denuncias previas, cancelando su agenda pública. Fuentes del PSdeG-PSOE en Galicia insisten en que el protocolo remite casos a Ferraz, pero el retraso en actuar ha generado tensiones internas, especialmente en un territorio donde el PSOE es tercera fuerza parlamentaria.
Desde Moncloa, el gobierno asegura «no temer» la emergencia de más casos, argumentando que ello demostraría confianza en el protocolo antiacoso. Fuentes gubernamentales invitan a las víctimas a denunciar, prometiendo ser «férreos defensores», pese al historial de silencio en Salazar. El ministro Ángel Víctor Torres afirmó en los pasillos del Congreso que la actuación fue «inminente», una versión que choca con los cinco meses de inacción. Pedro Sánchez, en rueda de prensa, pidió perdón y reconoció que el feminismo da «lecciones diarias», diferenciando al PSOE de la derecha. Ministros como Félix Bolaños condenaron los hechos como «repugnantes y avergonzantes», mientras Óscar López minimizó el número de casos, enfatizando la importancia de denunciar. Patxi López, portavoz en el Congreso, prometió apartar «con contundencia» a los implicados. Sin embargo, opositores como el PP acusan hipocresía, recordando que Sánchez elige colaboradores «a su imagen». Socios como ERC y PNV exigen mayor rigor, advirtiendo impactos en la estabilidad gubernamental.
A nivel experto, esta crisis revela fisuras estructurales en el PSOE. Históricamente, el partido ha liderado avances en igualdad –como la Ley de Violencia de Género de 2004 o el Pacto de Estado contra la Violencia Machista–, pero casos como estos cuestionan su aplicación interna. Analistas políticos, como Antonio Elorza, comparan esto con escándalos pasados en otros partidos (e.g., el caso Nevenka en el PP o abusos en Podemos), destacando que el PSOE, como fuerza gobernante, enfrenta mayor escrutinio. Las implicaciones electorales son significativas: en un año preelectoral, con posibles comicios autonómicos en Andalucía y Galicia en 2026, la erosión de confianza entre votantes mujeres –claves en el electorado socialista– podría costar escaños. Además, expone tensiones federales: Andalucía y Galicia, feudos históricos, ven debilitadas sus estructuras por estos casos, potenciando divisiones sanchistas vs. tradicionales.
En un análisis más profundo, el protocolo antiacoso del PSOE, aunque pionero, adolece de opacidad y dependencia de Ferraz, lo que diluye responsabilidad local. Expertas en género como Amelia Valcárcel sugieren reformas: plazos obligatorios de respuesta (máximo 30 días), auditorías independientes y formación obligatoria en detección de acoso. La proliferación de denuncias –posiblemente incentivada por el #MeToo español post-pandemia– indica un cambio cultural, pero también riesgos de instrumentalización política. Si el PSOE no actúa con transparencia, podría alienar a su base progresista, abriendo flancos a rivales como Sumar o el PP.
En conclusión, estos escándalos no solo manchan la imagen del PSOE, sino que interpelan su esencia ideológica. Mientras Ferraz promete reformas, la sociedad exige hechos: un partido que predica feminismo debe ejemplificarlo internamente. De lo contrario, la desconfianza podría extenderse, transformando una crisis puntual en un declive estructural. (Palabras: 1523)