Mientras nombres como Violeta Mangriñán, AuronPlay o Lola Lolita simbolizan el éxito económico y mediático de las redes sociales en libertad, un fenómeno radicalmente distinto ha comenzado a consolidarse en España: el de los preso influencers. Internos que, desde el interior de las cárceles, logran miles —y en algunos casos decenas de miles— de seguidores gracias a vídeos grabados clandestinamente desde sus celdas o patios. Lo que hace apenas una década habría parecido una anomalía aislada se ha convertido hoy en una tendencia estructural que preocupa seriamente a Instituciones Penitenciarias y a los sindicatos del sector.
El dato es contundente y sirve como termómetro del problema: más de 12.000 teléfonos móviles han sido incautados en centros penitenciarios españoles en los últimos cinco años. Así lo advierte Joaquín Leyva, portavoz de ACAIP-UGT, quien alerta de que el auge de los presos influencer no es un fenómeno anecdótico, sino la consecuencia directa de un negocio ilegal bien organizado que aprovecha las debilidades del sistema penitenciario y el poder de atracción de las redes sociales.
Un negocio clandestino dentro de los muros
El uso de teléfonos móviles en prisión está estrictamente prohibido. No se trata solo de una norma administrativa, sino de una medida esencial para garantizar la seguridad, evitar comunicaciones con redes criminales externas, impedir amenazas a víctimas o testigos y preservar el control del régimen penitenciario. Sin embargo, la realidad demuestra que miles de dispositivos consiguen atravesar los muros de las cárceles cada año.
La entrada de móviles responde a múltiples vías: lanzamientos desde el exterior, introducción durante comunicaciones presenciales, corrupción puntual de personal o aprovechamiento de traslados y permisos. Una vez dentro, el teléfono se convierte en un bien de altísimo valor, tanto económico como simbólico. En algunos centros, un smartphone puede alcanzar precios que multiplican varias veces su valor en la calle, convirtiéndose en moneda de cambio para favores, protección o estatus dentro de la población reclusa.
En este contexto, las redes sociales han añadido un nuevo incentivo. Ya no se trata solo de comunicarse con el exterior, sino de construir una identidad digital, ganar seguidores y, en algunos casos, monetizar el contenido. El móvil deja de ser una herramienta de comunicación para convertirse en una inversión.
La prisión como escenario viral
Los vídeos que circulan en plataformas como Instagram, TikTok o YouTube reproducen casi de forma mimética los formatos que triunfan fuera de la cárcel. Hay room tours improvisados que muestran la celda, vídeos de rutinas diarias, charlas distendidas con otros internos en el patio, bailes virales adaptados al entorno penitenciario e incluso retransmisiones en directo con interacción en tiempo real con seguidores.
El éxito de estos contenidos se explica, en parte, por el efecto voyeurista que generan. La cárcel, tradicionalmente opaca y desconocida para la mayoría de la sociedad, se convierte en un escenario accesible, casi doméstico. Los seguidores comentan, preguntan, recuerdan su propio paso por prisión o expresan admiración por la “autenticidad” de los internos. En algunos casos, se genera una comunidad fiel que espera cada nueva publicación como si se tratara de un reality show carcelario.
Para los internos, esta visibilidad supone reconocimiento, poder simbólico y, potencialmente, ingresos. Aunque la monetización directa es más compleja en prisión, existen vías indirectas: cuentas gestionadas por terceros en el exterior, donaciones, promociones encubiertas o la simple construcción de una marca personal que pueda explotarse tras la excarcelación.
De infracción disciplinaria a problema estructural
Desde el punto de vista penitenciario, el fenómeno va mucho más allá de una infracción disciplinaria. La grabación y difusión de contenidos desde prisión plantea riesgos graves: exposición de otros internos sin consentimiento, revelación de protocolos de seguridad, normalización de conductas delictivas e incluso glorificación del delito.
Joaquín Leyva subraya que la proliferación de móviles y de presos influencer evidencia una pérdida de control en determinados módulos y una sobrecarga de trabajo para los funcionarios. La falta de medios técnicos —como inhibidores de frecuencia eficaces— y de personal suficiente dificulta la detección y retirada de dispositivos. Cada móvil incautado es solo la punta del iceberg de una red mucho más amplia que sigue operando.
Además, la viralización de estos contenidos puede generar tensiones internas. Los internos con mayor visibilidad adquieren un estatus especial que altera los equilibrios de poder dentro de la prisión. El móvil y la cuenta en redes sociales se convierten en herramientas de influencia real, capaces de condicionar comportamientos y relaciones.
La paradoja del castigo y la fama
Uno de los aspectos más inquietantes del fenómeno es la paradoja que plantea: la prisión, concebida como un espacio de privación de libertad y reinserción, se transforma en una plataforma de visibilidad y, en algunos casos, de prestigio social. Para determinados perfiles, especialmente jóvenes, el paso por la cárcel deja de percibirse exclusivamente como un estigma y pasa a integrarse en un relato atractivo, casi aspiracional.
Este cambio de narrativa conecta con una transformación cultural más amplia, en la que la notoriedad digital se ha convertido en un valor en sí mismo. El número de seguidores, likes y visualizaciones funciona como una nueva forma de capital simbólico, capaz de eclipsar incluso el reproche social asociado al delito.
Desde una perspectiva criminológica, este fenómeno plantea interrogantes profundos: ¿puede la fama digital erosionar el efecto disuasorio del sistema penal? ¿Qué impacto tiene en las víctimas ver cómo quienes cumplen condena acumulan seguidores y admiración? ¿Hasta qué punto las redes sociales están redefiniendo la experiencia del castigo?
El reto tecnológico de Instituciones Penitenciarias
Instituciones Penitenciarias se enfrenta a un desafío complejo, en el que confluyen tecnología, derechos fundamentales y limitaciones presupuestarias. El uso de inhibidores de señal es una de las medidas más debatidas, pero su aplicación no es sencilla. Estos sistemas deben garantizar que no interfieren con comunicaciones de emergencia ni con servicios esenciales, lo que encarece su instalación y mantenimiento.
A ello se suma la necesidad de formación específica para los funcionarios, que deben identificar nuevas formas de ocultación de dispositivos y comprender el funcionamiento de plataformas digitales en constante evolución. La lucha contra los móviles ilegales ya no es solo física, sino también digital.
Los sindicatos insisten en que sin una inversión sostenida y una estrategia integral, las incautaciones seguirán siendo reactivas y no preventivas. Cada año se retiran miles de teléfonos, pero otros tantos logran entrar, alimentando un ciclo que parece no tener fin.
Redes sociales y responsabilidad corporativa
Otro actor clave en este escenario son las propias plataformas digitales. Aunque sus normas suelen prohibir contenidos ilegales o grabados en contextos de privación de libertad sin autorización, la aplicación práctica es irregular. La moderación de contenidos se basa en gran medida en denuncias de usuarios, lo que permite que muchos vídeos permanezcan activos durante semanas o meses.
El debate sobre la responsabilidad de las plataformas es inevitable. ¿Deben intensificar los mecanismos de detección de contenidos grabados en prisión? ¿Es viable identificar de forma automática estos vídeos sin vulnerar derechos? La respuesta no es sencilla, pero el crecimiento del fenómeno sugiere que la autorregulación actual resulta insuficiente.
Una tendencia que interpela a la sociedad
Más allá del ámbito penitenciario, el auge de los presos influencer interpela a la sociedad en su conjunto. Revela hasta qué punto la lógica de las redes sociales —basada en la visibilidad, la viralidad y la monetización de la intimidad— ha penetrado en todos los espacios, incluso en aquellos diseñados para estar al margen del foco público.
También obliga a reflexionar sobre el consumo de estos contenidos. Cada visualización, cada comentario y cada follow contribuyen a reforzar un modelo que convierte la experiencia carcelaria en entretenimiento. La línea entre información, curiosidad y morbo se vuelve cada vez más difusa.
Entre el control y la reinserción
El desafío final consiste en encontrar un equilibrio entre el control necesario y los objetivos de reinserción. La tecnología no es, en sí misma, negativa. De hecho, el acceso regulado a medios digitales podría desempeñar un papel educativo y formativo en prisión. Sin embargo, la situación actual dista mucho de ese ideal.
Mientras no se refuercen los mecanismos de control y no se aborde el problema de forma estructural, el negocio ilegal de los móviles seguirá alimentando a los presos influencer. Y con ello, se consolidará una narrativa en la que la cárcel deja de ser un espacio de responsabilidad y cambio para convertirse en un plató improvisado al servicio de la viralidad.
Los más de 12.000 móviles incautados en cinco años no son solo una estadística. Son el síntoma de una transformación profunda en la relación entre castigo, tecnología y cultura digital. Una transformación que exige respuestas urgentes, coordinadas y, sobre todo, conscientes de que el problema no se limita a lo que ocurre tras los muros, sino que refleja dinámicas que atraviesan toda la sociedad.
