El Sáhara Occidental, un territorio no autónomo según la ONU, permanece bajo ocupación marroquí desde 1975, tras la retirada de España como potencia colonial. Esta situación ha generado controversias internacionales sobre la explotación de sus recursos naturales, que incluyen fosfatos, pesca y, en años recientes, energías renovables. Grandes empresas, incluidas varias españolas como Acciona, Indra, Repsol y Santander, han sido señaladas por operar o haber operado en la zona sin el consentimiento explícito del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario. En 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló los acuerdos de pesca y agricultura entre la UE y Marruecos por violar el derecho a la autodeterminación del territorio, destacando que cualquier explotación debe contar con el acuerdo de sus habitantes. Esta decisión ha intensificado el escrutinio sobre las compañías que continúan lucrando en la región, a menudo a través de contratos con el gobierno marroquí.
El conflicto en el Sáhara Occidental se remonta a la Marcha Verde de 1975, cuando Marruecos invadió el territorio, desencadenando una guerra con el Frente Polisario hasta el alto el fuego de 1991. La ONU lo clasifica como territorio pendiente de descolonización, y el Polisario administra una porción liberada al este del muro marroquí, conocido como el Berm. Marruecos controla aproximadamente el 80% del área, incluyendo los recursos clave, y lo denomina «provincias del sur». Según informes de organizaciones como Western Sahara Resource Watch (WSRW), la explotación de estos recursos genera ingresos significativos para Marruecos, estimados en cientos de millones de dólares anuales, pero sin beneficios directos para la población saharaui, que enfrenta desempleo y marginación.
Los principales recursos explotables son los fosfatos, la pesca y las energías renovables. Los yacimientos de fosfatos en Bou Craa, operados por la subsidiaria marroquí Phosboucraa de OCP Group, producen alrededor de 3 millones de toneladas anuales, representando el 10% de la producción total de Marruecos. OCP, la mayor empresa de fertilizantes del mundo, exporta estos fosfatos a mercados globales, con ingresos que alcanzaron los 9.760 millones de dólares en 2024. La mina de Bou Craa, descubierta durante la era española, es clave para la industria de fertilizantes, pero su explotación ha sido calificada como «saqueo» por activistas saharauis, ya que viola el derecho internacional al no obtener el consentimiento del pueblo indígena. En 2024, WSRW documentó exportaciones de 1,41 millones de toneladas de fosfatos saharauis, valoradas en 167,8 millones de dólares, transportadas en 30 buques a destinos como India y Nueva Zelanda. Empresas importadoras incluyen a canadienses como Nutrien (fusión de Agrium y PotashCorp), que representaron dos tercios de las importaciones en años previos, aunque fondos soberanos como el noruego han desinvertido por razones éticas.
La pesca es otro pilar económico. Las aguas del Sáhara Occidental son ricas en especies como sardinas y pulpo, con puertos como El Aaiún y Dajla procesando capturas valoradas en millones. Antes de la anulación del acuerdo UE-Marruecos en 2024, flotas europeas, incluidas españolas, operaban en estas aguas, pagando a Marruecos unos 52 millones de euros anuales por licencias. El TJUE dictaminó que el acuerdo violaba el principio de autodeterminación, ya que no se consultó al pueblo saharaui, y rechazó apelaciones de la UE, confirmando que el territorio no forma parte de Marruecos. A pesar de esto, Marruecos continúa explotando la pesca, con empresas locales y extranjeras involucradas en procesamiento y exportación. En 2025, la UE ha intentado renegociar acuerdos, pero enfrenta críticas por ignorar procesos democráticos y derechos saharauis. Compañías como la noruega EWOS cesaron compras de aceite de pescado en 2010 por alinearse con recomendaciones éticas.
El sector de energías renovables ha emergido como un área de crecimiento controvertida, a menudo etiquetada como «colonialismo verde». Marruecos planea usar el Sáhara para proyectos eólicos y solares, exportando energía a su territorio principal vía cables HVDC. Empresas como Siemens Energy y GE Vernova han expresado interés en licitaciones para estos proyectos en 2024, incluyendo parques eólicos que suministran el 99% de la energía para la mina de Phosboucraa. Green of Africa, vinculada al primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, desarrolla proyectos renovables en Dajla. VINCI, a través de su subsidiaria Cegelec, participa en plantas de fosfatos impulsadas por renovables. Estos desarrollos, mientras promueven la transición verde, perpetúan la ocupación al financiar infraestructuras marroquíes sin consentimiento saharaui.
En cuanto a empresas españolas, su involucramiento histórico y actual es notable dada la proximidad geográfica y lazos económicos. Acciona, líder en renovables, ha sido vinculada a proyectos de agua en Marruecos alimentados por energía de parques eólicos en el Sáhara Ocupado, según WSRW en 2025. Aunque sus informes anuales no detallan operaciones específicas en el territorio, informes independientes sugieren participación indirecta en infraestructuras renovables. Indra, especializada en tecnologías de información y gestión de tráfico aéreo, mantiene negocios en Marruecos y el Sáhara Occidental, según fuentes como informes anuales consultados, aunque detalles precisos sobre proyectos actuales son limitados. En 2023, su informe anual no menciona explícitamente el Sáhara, pero contratos en aviación y TI con Marruecos podrían extenderse al territorio ocupado.
Repsol y Cepsa destacan en el sector energético. En 2024, WSRW reportó que estas compañías españolas representaron al menos el 84% de los productos petrolíferos importados al Sáhara Ocupado, suministrando combustible para operaciones mineras y pesqueras. Repsol, con exploraciones pasadas en la región, mantiene secretismo sobre suministros actuales, pero sus informes anuales indican presencia en Marruecos sin diferenciar el Sáhara. Santander, por su parte, opera en Marruecos con 120 sucursales y 1,2 millones de clientes, generando 450 millones de euros en beneficios antes de impuestos en 2023, enfocándose en banca minorista y pymes. Aunque no se detalla actividad específica en el Sáhara, su presencia financiera podría facilitar transacciones relacionadas con la explotación de recursos.
Otras empresas operativas en 2025 incluyen OCP en fosfatos, con planes de expansión procesada para aumentar valor exportado. En renovables, Siemens y GE lideran, mientras que en pesca, flotas marroquíes dominan post-anulación del acuerdo UE. Compañías como Crystal Mountain Sel Sahara (EE.UU.) extraen sal, y UPC Renewables desarrolla parques eólicos. Francia y España han enfrentado críticas; en 2024, Francia coordinó con corporaciones para negocios en la región, y España investiga firmas que venden productos saharauis como marroquíes.
El TJUE en 2024 rechazó apelaciones de la UE, confirmando que los acuerdos no pueden aplicarse al Sáhara sin consentimiento saharaui, potencialmente afectando importaciones agrícolas y pesqueras. Sin embargo, documentos filtrados de la UE en 2025 revelan planes para continuar comerciando fosfatos saharauis, ignorando fallos judiciales. Esto ha provocado reacciones, con eurodiputados calificándolo de «declaración de guerra» a los derechos saharauis. Empresas como Global Diligence han sido criticadas por asesorar operaciones en territorios ocupados, distorsionando el derecho internacional.
En resumen, mientras Marruecos avanza en integrar el Sáhara como «provincias del sur» con acuerdos internacionales crecientes, la explotación por empresas extranjeras perpetúa el conflicto. Fondos éticos y fallos judiciales presionan por cambios, pero la continuidad de operaciones sugiere que el lucro prevalece sobre la legalidad. El pueblo saharaui, con desempleo alto y exclusión de beneficios, demanda autodeterminación para gestionar sus recursos. A octubre de 2025, el debate persiste, con implicaciones para la estabilidad regional y la ética corporativa global.
