En el árido desierto del suroeste argelino, donde las temperaturas extremas y las tormentas de arena azotan sin piedad, se extienden los campamentos de refugiados saharauis. Estos asentamientos temporales, que han perdurado durante casi medio siglo, albergan a más de 173.000 personas desplazadas por el conflicto en el Sáhara Occidental. Recientemente, las agencias de las Naciones Unidas han lanzado una alarma urgente: “La crisis humanitaria se está agravando en los campamentos de Tindouf”, según un comunicado conjunto de organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y UNICEF. Los resultados preliminares de una encuesta nutricional realizada en 2025 revelan un deterioro grave en el estado nutricional de la población, especialmente entre niños y mujeres, lo que despierta temores de una emergencia nutricional inminente en una de las crisis prolongadas más olvidadas del mundo.
La tasa global de desnutrición aguda (GAM, por sus siglas en inglés) ha alcanzado el 13,6%, la cifra más alta registrada desde 2010. Según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este nivel se considera crítico, superando el umbral del 10% que indica una situación de emergencia. “Estos resultados hacen temer una posible emergencia nutricional”, advierte la ONU, destacando que solo uno de cada tres niños recibe una dieta mínima diversa para su desarrollo saludable. Esta crisis no es un evento aislado, sino el resultado acumulado de décadas de negligencia internacional, con un énfasis particular en el abandono histórico del Estado español hacia el pueblo saharaui, que ha contribuido a perpetuar su exilio y vulnerabilidad.
Un Conflicto enraizado en la Traición Colonial
Para entender la magnitud de la actual crisis, es esencial remontarse a los orígenes del conflicto en el Sáhara Occidental. Esta región, rica en fosfatos y recursos pesqueros, fue colonizada por España a finales del siglo XIX, convirtiéndose en la «provincia 53» del imperio español en 1958. Durante más de 200 años, España ejerció control sobre el territorio, firmando acuerdos con tribus locales saharauis para legitimar su presencia. Sin embargo, a medida que el movimiento descolonizador ganaba fuerza en África en la década de 1960, los saharauis comenzaron a organizarse. En 1973, se fundó el Frente Polisario, un movimiento de liberación nacional que inició una guerrilla contra la ocupación española, exigiendo la independencia.
España, como potencia colonial, tenía la obligación legal de garantizar un proceso de descolonización ordenado, incluyendo un referéndum de autodeterminación, tal como lo estipulaba la ONU y la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1975. Pero en lugar de cumplir con esta responsabilidad, España optó por una retirada precipitada y traicionera. El 14 de noviembre de 1975, se firmaron los Acuerdos de Madrid, un pacto tripartito entre España, Marruecos y Mauritania, que transfería el control administrativo del Sáhara Occidental a estos dos países africanos a cambio de concesiones económicas y políticas para Madrid. Este acuerdo, calificado por muchos como una «venta» del territorio, ignoró por completo los derechos de los saharauis y violó las resoluciones internacionales.
La retirada española en febrero de 1976 desencadenó una invasión inmediata por parte de Marruecos y Mauritania, que ocuparon el territorio con fuerzas militares. El Polisario respondió con una guerra de guerrillas que duró hasta 1991, cuando se firmó un alto el fuego mediado por la ONU, prometiendo un referéndum que nunca se materializó. Mauritania se retiró en 1979, pero Marruecos mantuvo el control sobre el 70% del territorio, construyendo un muro de 2.700 kilómetros que divide la región y separa a familias saharauis. El conflicto se reavivó en 2020 cuando fuerzas marroquíes entraron en una zona desmilitarizada, rompiendo el cese al fuego.
Este abandono inicial de España ha sido calificado como una «historia de traición» por analistas y activistas. No solo falló en proteger a los saharauis durante la descolonización, sino que facilitó su desplazamiento masivo. Decenas de miles huyeron de los bombardeos con napalm y fósforo blanco, refugiándose en los campamentos de Tindouf, en Argelia, donde el Polisario estableció la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en el exilio. Hoy, estos campamentos –Awserd, Boujdour, Dajla, Laayoune y Smara– representan una de las situaciones de refugiados más prolongadas del mundo, con generaciones enteras nacidas en el exilio.
Desnutrición Crítica y Vulnerabilidades Acumuladas
Los campamentos de Tindouf, situados en un entorno desértico hostil con temperaturas que superan los 50°C en verano y escasas precipitaciones, dependen casi por completo de la ayuda humanitaria internacional. La encuesta nutricional de 2025, realizada por agencias de la ONU, pinta un panorama alarmante. Además del GAM del 13,6%, que indica desnutrición aguda severa, uno de cada tres niños menores de cinco años sufre retraso en el crecimiento, un signo de malnutrición crónica que afecta el desarrollo cognitivo y físico a largo plazo. La anemia afecta al 65% de los niños y al 69% de las mujeres no embarazadas en edad reproductiva, exacerbando riesgos durante el embarazo y el parto.
Solo el 25% de los hogares tiene acceso a una dieta aceptable, lo que refleja una dependencia total de raciones alimentarias básicas como arroz, lentejas y aceite, distribuidas por el PMA. “La situación probablemente ha empeorado”, señala UNICEF, citando factores como inundaciones repentinas en septiembre de 2024 que destruyeron infraestructuras y agravaron la escasez de agua potable. En 2024, se trataron 142 niños con desnutrición aguda severa en un centro de estabilización nutricional establecido por ACNUR, pero la cobertura para el manejo de la desnutrición moderada fue solo del 74,5%, por debajo del estándar humanitario del 90%.
Las causas subyacentes son multifactoriales. La falta de oportunidades económicas –debido a restricciones legales en Argelia para el empleo formal de refugiados– deja a la población en una dependencia perpetua de la ayuda. El entorno ambiental agrava los problemas: escasez de agua, saneamiento inadecuado y riesgos sanitarios como brotes epidemiológicos. Instalaciones médicas están subequipadas, con escasez de personal cualificado y medicamentos para enfermedades crónicas. La educación también sufre: aulas sobrecargadas y falta de materiales, aunque la tasa de matriculación se mantiene en el 76,27% gracias a esfuerzos de ACNUR.
El financiamiento es un cuello de botella crítico. El Plan de Respuesta para Refugiados Saharauis (SRRP) 2024-2025 requiere 214 millones de dólares, pero en 2024 solo se recaudaron 70 millones, cubriendo el 63% de las necesidades. ACNUR obtuvo solo el 47% de sus 42,25 millones requeridos, lo que limita intervenciones en agua, saneamiento y higiene (WASH), como la instalación de plantas de ósmosis inversa. “Solo el 34% de los 103,9 millones necesarios para el plan se han movilizado”, lamenta Savina Ammassari, coordinadora residente de la ONU en Argelia. Acusaciones de desvío de ayuda por líderes del Polisario, aunque negadas por la ONU, complican la percepción internacional.
De la Traición Histórica a la Indiferencia Actual
El rol de España en esta crisis no puede subestimarse. Como ex potencia colonial, Madrid tiene una responsabilidad moral y legal en el destino de los saharauis, pero su abandono ha sido sistemático. Los Acuerdos de Madrid no solo facilitaron la ocupación marroquí, sino que ignoraron el derecho a la autodeterminación, dejando a los saharauis expuestos a la guerra y el exilio. “España traicionó al pueblo del Sáhara Occidental al no cumplir su responsabilidad de descolonizar el territorio”, afirma un análisis histórico.
En años recientes, esta indiferencia persiste. En 2022, el presidente Pedro Sánchez respaldó el plan de autonomía marroquí para el Sáhara, declarando que era “la base más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto, alineándose con Rabat y abandonando la neutralidad tradicional española. Esta posición, motivada por presiones diplomáticas y económicas –como el control de la migración desde Marruecos–, ha sido criticada por organizaciones saharauis y la sociedad civil española, donde hay un fuerte apoyo histórico al Polisario. Miles de niños saharauis han pasado veranos en familias españolas a través de programas como «Vacaciones en Paz», pero esto no compensa la falta de acción política.
España ha proporcionado ayuda humanitaria esporádica, pero no ha impulsado un referéndum ni presionado por una resolución en la ONU, donde Marruecos bloquea avances. Este abandono perpetúa la dependencia de los campamentos, donde la juventud saharaui, educada pero sin futuro, enfrenta desempleo y frustración. “Somos una generación perdida por la inacción internacional, liderada por la traición española”, dice un refugiado en Tindouf, eco de voces en redes sociales.
La ONU, en su informe A/80/290, advierte que la prevalencia de malnutrición aguda se acerca al 13%, y urge a una respuesta multisectorial para 2025-2030. Iniciativas como programas de empoderamiento femenino –con 203 mujeres graduadas en centros de ACNUR– y micropréstamos para 136 negocios muestran progreso, pero son insuficientes sin financiamiento pleno.
La comunidad internacional debe priorizar esta crisis olvidada. España, en particular, debería liderar esfuerzos para revivir el referéndum y aumentar la ayuda. Sin acción, los campamentos de Tindouf seguirán siendo un testimonio vivo de abandono y sufrimiento humano. Como dice el secretario general de la ONU, “mayores necesidades persisten” en esta prolongada tragedia.
