En política hay frases que, por su aparente prudencia, esconden una claudicación. Cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que no dimitiría “a no ser que la víctima lo pidiera”, quiso proyectar una imagen de respeto escrupuloso hacia quien denuncia. Sin embargo, esa declaración, lejos de transmitir sensibilidad institucional, reveló algo más inquietante: la renuncia a asumir una responsabilidad que es, por definición, indelegable. No corresponde a una presunta víctima decidir la continuidad de un ministro. Corresponde al ministro proteger a la institución, preservar su credibilidad y garantizar que el poder que administra no se convierte en un blindaje para sus propios cuadros.
Un artículo de Anna Grau parte de una premisa tan simple como contundente: la Policía no es tonta. Puede parecer una afirmación obvia, casi coloquial, pero encierra una verdad política profunda. Los agentes saben cómo funcionan las cadenas de mando, cómo se gestionan las crisis internas y cómo circula la información en los niveles superiores. Pretender que una denuncia de la gravedad conocida no hubiera alcanzado los despachos ministeriales es pedirle a la opinión pública un acto de fe difícil de sostener. Y si, en el peor de los escenarios, esa denuncia no llegó a oídos del ministro, el problema no sería menor, sino que mayor: revelaría una desconexión alarmante entre la cúpula política y la estructura operativa que dirige.
La denuncia contra el entonces Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional no es un episodio anecdótico ni un incidente administrativo. Es un golpe directo al corazón de la credibilidad institucional. Cuando una agente decide acudir a los tribunales en lugar de activar los mecanismos internos, está enviando un mensaje devastador sobre la confianza que le merece su propio entorno profesional. Ese gesto habla de temor, de desprotección o, al menos, de escepticismo ante la capacidad del sistema para garantizar imparcialidad. Y esa percepción, más allá de lo que determinen los jueces, tiene consecuencias políticas inmediatas.
Durante años, el Ministerio del Interior ha defendido con firmeza su compromiso con la igualdad y la tolerancia cero frente a cualquier forma de abuso. Ese discurso, reiterado en comparecencias y declaraciones públicas, forma parte de una narrativa gubernamental más amplia que sitúa la defensa de los derechos de las mujeres como uno de sus ejes morales. Por eso mismo, el contraste entre la retórica y la gestión de esta crisis resulta tan perturbador. La coherencia no es un adorno ideológico; es la base sobre la que se sostiene la autoridad ética del poder. Cuando esa coherencia se resquebraja, el descrédito no tarda en expandirse.
El malestar dentro de la Policía Nacional no se explica solo por la gravedad de la acusación, sino por la sensación de que la institución ha quedado expuesta. Los agentes, que trabajan a diario bajo una presión constante y con una exigencia de ejemplaridad que no admite fisuras, perciben que la cúpula política no ha estado a la altura del momento. La idea de que la responsabilidad ministerial dependa del deseo expreso de la denunciante suena, en ese contexto, a desplazamiento del deber. Como si la ética pública fuera una cuestión opcional, activable solo cuando la víctima así lo reclame.
La política democrática descansa sobre un principio elemental: quien ejerce el poder debe responder por lo que ocurre bajo su mando, incluso cuando no haya intervenido de forma directa. Esa es la diferencia entre responsabilidad penal y responsabilidad política. La primera se dirime en los tribunales; la segunda se mide en la esfera pública y exige un estándar más alto. No se trata de prejuzgar hechos ni de anticipar condenas, sino de reconocer que la confianza en las instituciones es un bien frágil que requiere gestos claros y contundentes cuando se ve amenazado.
El caso, además, irrumpe en un momento especialmente delicado para el Gobierno en su relación con determinados sectores sociales. La seguridad y la igualdad no son compartimentos estancos; forman parte de un mismo contrato moral entre el Estado y la ciudadanía. Si una mujer que viste el uniforme del Estado no se siente amparada por la estructura que la emplea, el mensaje que recibe el conjunto de la sociedad es inquietante. No basta con proclamar principios; hay que demostrar que esos principios operan con la misma intensidad cuando afectan a los propios.
Hay también un componente simbólico que no puede ignorarse. La Policía Nacional representa la autoridad legítima del Estado. Su prestigio depende en gran medida de la percepción de rectitud interna. Cuando la sombra de la duda se instala en los niveles más altos, el impacto no se limita a un despacho concreto. Se proyecta sobre miles de profesionales que cumplen su labor con honestidad y que ahora ven cómo la reputación colectiva queda comprometida por decisiones políticas que consideran insuficientes o tardías.
En ese sentido, la afirmación de que la Policía no es ingenua adquiere un matiz casi reivindicativo. Los agentes conocen la diferencia entre un respaldo sincero y una estrategia de contención mediática. Saben cuándo una crisis se aborda con transparencia y cuándo se intenta ganar tiempo. La inteligencia colectiva de un cuerpo con décadas de experiencia no puede subestimarse. Y cuando esa inteligencia percibe vacilación, la erosión interna es más profunda de lo que cualquier comunicado oficial pueda reparar.
La reacción política tampoco ha sido neutra. La oposición ha cuestionado la versión ministerial y ha señalado la dificultad de creer que una denuncia de tal magnitud no fuera conocida en la cúpula. Pero más allá del legítimo intercambio parlamentario, lo relevante es el efecto acumulativo sobre la opinión pública. Cada declaración, cada matiz y cada rectificación contribuyen a moldear una narrativa que puede consolidarse como símbolo de falta de control o de escasa sensibilidad ante una situación límite.
No conviene olvidar que el Ministerio del Interior gestiona áreas de enorme trascendencia: la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado, la coordinación de fuerzas y cuerpos del Estado. Esa centralidad convierte cualquier crisis interna en un asunto de interés nacional. La confianza no es un lujo accesorio, sino una condición operativa. Sin ella, la autoridad se debilita y la legitimidad se resiente.
Algunos podrán argumentar que pedir responsabilidades políticas en fases iniciales de una investigación es precipitado. Sin embargo, la cuestión no es anticipar culpabilidades, sino preservar la credibilidad institucional. En ocasiones, la dimisión no implica una admisión de culpa, sino un gesto de respeto hacia la institución y hacia la ciudadanía. Es una forma de afirmar que el cargo está al servicio del interés general y no al revés.
La gestión de esta crisis pone sobre la mesa una pregunta más amplia sobre la cultura política en España. ¿Entendemos la responsabilidad como un compromiso activo o como una obligación que solo se activa cuando la presión es insoportable? ¿Concebimos la dimisión como un fracaso personal o como una herramienta de higiene democrática? Las respuestas a estas preguntas determinan la calidad de nuestro sistema institucional.
El uniforme policial simboliza servicio, disciplina y lealtad. Quien dirige políticamente a ese cuerpo debería encarnar esos mismos valores en su conducta pública. No se trata de satisfacer a adversarios políticos ni de ceder ante titulares incómodos. Se trata de enviar un mensaje inequívoco de que la protección de las víctimas y la integridad de la institución están por encima de cualquier cálculo estratégico.
La opinión pública, como la Policía, tampoco es ingenua. Percibe las contradicciones y valora la coherencia. En un contexto de creciente desconfianza hacia las élites, cada episodio de aparente autoprotección agrava la distancia entre gobernantes y gobernados. Recuperar esa confianza exige algo más que declaraciones de intenciones. Requiere decisiones valientes, aun cuando resulten costosas.
La crisis abierta por la denuncia contra el DAO no es solo un problema de comunicación ni una tormenta pasajera. Es una prueba de estrés para la arquitectura ética del Ministerio del Interior. Y en esa prueba, lo que está en juego no es la trayectoria individual de un ministro, sino la credibilidad de una institución clave del Estado.
Si la política aspira a algo más que a la mera gestión del día a día, debe asumir que hay momentos en los que el listón moral se eleva. Momentos en los que la respuesta no puede limitarse a esperar el desenlace judicial. Momentos en los que el liderazgo se demuestra con hechos y no con condicionantes. La Policía no es tonta, y la ciudadanía tampoco. Ambas saben distinguir entre la defensa sincera de los principios y la prudencia calculada que evita asumir el coste de las decisiones difíciles.
Alejandra Maller
Periodista y catalana.
