Cada año, cuando se acerca el fin de noviembre, Cataluña se moviliza en una de las campañas solidarias más emblemáticas del país: el Gran Recapte d’Aliments. Organizada por la Federació Catalana de Bancs d’Aliments, esta iniciativa recolecta toneladas de alimentos no perecederos en supermercados y puntos de donación, con el objetivo de asistir a más de 230.000 personas en situación de vulnerabilidad. En 2024, la campaña se presentó con un llamado urgente ante la incertidumbre económica, destacando un aumento en la demanda de ayuda alimentaria. Sin embargo, detrás de esta aparente ola de generosidad se esconde una realidad más compleja: campañas como esta, aunque bienintencionadas, no solo fallan en erradicar la pobreza, sino que la perpetúan al enmascarar problemas estructurales profundos.
La caridad como vendaje
La idea de que la distribución de alimentos resuelve el hambre es intuitiva, pero los expertos coinciden en que es un enfoque miope. Según un análisis publicado en The Tyee, los bancos de alimentos «proporcionan un apoyo temporal, pero no resuelven el problema subyacente de la inseguridad alimentaria, perpetuando un sistema roto». En Canadá, donde se han estudiado ampliamente estos modelos, no hay evidencia de que reduzcan la pobreza a largo plazo; al contrario, desvían la atención de las raíces estructurales como la desigualdad salarial y el desempleo precario.
En el contexto europeo y español, el panorama es similar. La Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA) coordina esfuerzos en 29 países, distribuyendo millones de toneladas anuales, pero críticos como Alison Cohen, de la organización WhyHunger, argumentan que «la caridad no aborda las causas raíz de la inseguridad alimentaria, sino que la perpetúa al integrarse en la economía capitalista». En España, donde el 20,2% de la población –alrededor de 9,7 millones de personas– está en riesgo de pobreza según el informe Poverty Watch 2024 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), las campañas como el Gran Recapte ofrecen alivio inmediato, pero ignoran factores como el bajo productividad laboral, que se mantiene un 10-15% por debajo de la media eurozona, según el Banco de España.
Un estudio en la revista Agriculture and Human Values destaca cómo estos programas «cargan a los vulnerables con el desperdicio alimentario, sin abordar la causa de la inseguridad». En esencia, la caridad crea una dependencia crónica: las familias reciben paquetes de comida, pero no herramientas para salir de la pobreza. Además, reduce la presión sobre los gobiernos. Como señala un informe de The Guardian, «la industria de la caridad alimentaria se ha convertido en un pilar del sistema, permitiendo que los estados recorten prestaciones sociales». En España, durante la pandemia, Human Rights Watch documentó cómo el aumento de la pobreza expuso la insuficiencia de las redes públicas, dejando a muchos dependientes de la caridad privada.
Otro aspecto crítico es el estigma social. Investigaciones en Social Problems revelan que los receptores de caridad experimentan vergüenza, lo que perpetúa ciclos de exclusión. En un contexto donde la pobreza infantil en España afecta a uno de cada tres niños –a pesar de la recuperación económica postcrisis, según Oxfam–, estas campañas no rompen la estratificación social basada en clase, como analiza un estudio en PubMed.
De la filantropía a la red corporativa
El Gran Recapte no es un esfuerzo aislado. Detrás está la Federació Catalana de Bancs d’Aliments, una entidad independiente y apolítica fundada en 1987, que agrupa a cuatro bancos regionales en Cataluña: Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida. Esta federación coordina la campaña anual, que en 2023 involucró a miles de voluntarios y recolectó alimentos para 230.000 beneficiarios. A nivel nacional, se integra en la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), miembro de FEBA.
Pero la red se extiende a corporaciones. Empresas como DKSH Spain, Adecco, Aigües de Barcelona y Array Plastics figuran como colaboradoras oficiales, proporcionando logística, donaciones y publicidad. Clubes deportivos como el RCD Espanyol y centros comerciales como World Trade Center Barcelona también participan, amplificando el alcance. En 2022, el Banc dels Aliments reportó apoyo de entidades públicas y privadas en toda España, distribuyendo directamente las recolectas regionales.
Estos actores no actúan por puro altruismo. Los intereses ocultos incluyen beneficios fiscales. En la UE y España, las donaciones alimentarias permiten deducciones fiscales significativas. Según la USDA, las empresas pueden deducir el costo de producción más la mitad de la diferencia con el valor de mercado, hasta el 15% de sus ingresos imponibles. En EE.UU., similar al modelo europeo, las corporaciones obtienen deducciones bajo la Sección 170(e)(3) del IRC, incentivando la donación de excedentes. Un guía de NRDC detalla que las deducciones no pueden exceder el 15% de los ingresos netos, pero permiten carry-over de excedentes.
Además, sirve como gestión de residuos: en lugar de desechar excedentes, las empresas los donan, mejorando su imagen corporativa y evitando multas por desperdicio. Críticos como Andrew Fisher, en su libro sobre bancos de alimentos, argumentan que esto «perpetúa la pobreza en lugar de solucionarla», al alinear la caridad con intereses corporativos. En España, donde la desigualdad se agrava por un mercado laboral rígido y bajos salarios –causas estructurales, según el informe España 2050–, estas campañas permiten a las empresas desgravar mientras el estado delega responsabilidades.
Soluciones estructurales sin caridad
Para romper este ciclo, las soluciones deben atacar las raíces: desempleo, bajos niveles educativos, desigualdad de género y familiar, como identifica EAPN. Una propuesta plausible es la Renta Básica Universal (RBU), un pago incondicional del gobierno a todos los ciudadanos, independientemente de ingresos o empleo. Según Britannica, la RBU reduce la pobreza al proporcionar seguridad económica básica. Un estudio en Campbell Systematic Reviews confirma que intervenciones de ingreso garantizado alivian la pobreza sin desincentivar el trabajo.
En España, donde la pobreza persiste pese al crecimiento, una RBU financiada por impuestos progresivos podría reemplazar subsidios fragmentados. El Joseph Rowntree Foundation estima que, bien diseñada, reduce la pobreza y mejora el bienestar, aunque costosa, con un costo neto manejable mediante reasignación de beneficios existentes. Un informe de Drexel University destaca cómo la RBU aborda causas raíz como bajos salarios, superando la caridad. Otras medidas incluyen elevar el salario mínimo al 60% del medio, como recomienda la ONU, y fondos estructurales europeos para reducir la privación material, como analiza un estudio en Socio-Economic Planning Sciences.
El Center for American Progress propone 12 soluciones equitativas: expandir educación, salud universal y vivienda asequible, financiadas por reformas fiscales. En Europa, políticas como las de Finlandia en RBU piloto han mostrado reducciones en desigualdad sin inflación significativa. Para España, integrar RBU con fondos UE podría erradicar la pobreza infantil, priorizando inversión en capital humano sobre caridad.
En conclusión, mientras el Gran Recapte llena despensas, deja intactas las estructuras que generan hambre. Es hora de pasar de la caridad a la justicia social, con políticas transformadoras que empoderen, no perpetúen. Solo así, España y Europa podrán avanzar hacia una sociedad equitativa.
