¿Contra quién guerrea España?

altLos presupuestos de Defensa siguen ocultando un gasto militar seguramente desproporcionado.

Inercia, despilfarro y engaño en el gasto militar español. Un título contundente –y sugerente en función de su contundencia– para el nuevo informe del barcelonés Centre Delàs de estudios para la paz, en el que se analiza el desequilibrio entre las cuentas oficiales y reales del gasto militar español. Media entre ambos cómputos el mismo abismo que separa la verdad de la mentira o la moralidad del oprobio, y hasta su sima alcanza la sombra de la corrupción.

 

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Para empezar, habría que distinguir entre las dos formas de financiación que actualmente tienen las fuerzas armadas españolas: la oficial y la paraoficial, valga la licencia. La primera corresponde a los fondos que los presupuestos generales del Estado asignan a los ejércitos de Tierra y Aire y a la Armada. La segunda, las aportaciones dinerarias que anualmente y en número variable se realizan fuera de los presupuestos (por lo tanto, no hay una cantidad fija para ellas), mediante créditos extraordinarios concedidos por Real Decreto Ley, ordenamiento que el gobierno dispone de modo directo, sin necesidad de que sea aprobado por el Congreso de los Diputados. Ocurre todos los años que esa cantidad paraoficial supera con creces el presupuesto inicialmente asignado a la Defensa (en los últimos ejercicios, en torno a un 30 % anual). De modo que el presupuesto militar español carece de antemano de una virtud matemática, como es la exactitud, y de una virtud política, como es la veracidad. Y a la vista de su volumen real, nos coloca en la disyuntiva de si estamos en guerra (¿contra quién?) o si somos víctimas de otro monumental escándalo económico.

 

¿Un ejército desproporcionado?

 

Puesto el lector en antecedentes, ocupémonos primeramente del gasto militar oficial, el computado en los presupuestos estatales, que en 2015 se ve incrementado por primera vez desde 2008, cuando empezó la crisis económica que aún padece el país por mucho que la letanía oficial lo desmienta. En concreto, serán un total de 6.583,85 millones de euros dedicados a la defensa, un 1,1 % más que en los presupuestos de 2014.

 

De la cantidad recién transcrita, la mayor partida detallada corresponde al gasto de personal: tropa y mandos representan 4.503,12 millones de euros (el 65,7 %). Una dedicación que parece lógica… pero tal vez no lo sea tanto, en atención a la necesidad real de efectivos. Las fuerzas armadas españolas sumaban en enero de 2015 un total de 122.256 miembros entre mandos y tropa, cuando cálculos oficiales del ministerio del ramo –citados por el Centre Delàs– han estimado que las necesidades básicas de la defensa estarían cubiertas con un contingente de apenas 27.000 militares, destinados del siguiente modo: 12.000 para la seguridad interna y vigilancia del espacio marítimo y aéreo, y 15.000 para las misiones en el exterior a que obligan los compromisos contraídos con las Naciones Unidas, la OTAN y el Euroejército. ¿Para qué, entonces, tan abultado personal?

 

(En una de sus primeras y más polémicas actuaciones, el gobierno provisional de la Segunda República española emprendió la reforma militar, allá por 1931, a instancias del ministro de la Guerra y futuro presidente de la República, Manuel Azaña. Según sus cálculos, la plantilla de 800 generales con que contaba entonces las fuerzas armadas españolas podía reducirse a tan solo 80, y había que minorar el plantel de 21.000 jefes y oficiales a menos de 10.000. En nuestros días, las plantillas militares no alcanzan aquellos extremos ridículos, pero todavía adolecen de una notoria desproporción.)

 

Con respecto a las misiones en el exterior recién citadas, España mantiene tropas en 2015, según la página web del Ministerio de Defensa, en Bosnia-Herzegovina, Afganistán, Líbano, Cuerno de África (misión aeronaval contra la piratería), Somalia (para el entrenamiento de personal militar somalí), Malí y República Centroafricana. Los presupuestos del Estado les asignan 14,36 millones de euros para 2015, pero en los tres ejercicios anteriores su factura superó los 700 millones anuales (y más de 800 en 2011). Por lo tanto, la financiación de estas actividades sería imposible sin las generosas transferencias procedentes del Fondo de Contingencias de el Estado dispone para enfrentarse a gastos imprevistos.

 

El derroche de los Programas Especiales de Armamento

 

De cualquier modo, el gran sumidero por el que se desangran las cuentas de la defensa española no está en las retribuciones a su personal o en las misiones exteriores, sino en los Programas Especiales de Armamentos (PEAS), cuya valoración resulta cuando menos dudosa. Según los Presupuestos Generales del Estado para 2015, las arcas públicas prevén un desembolso en este concepto de 6,84 millones de euros… Pura calderilla si se coteja con las previsiones del Ministerio de Defensa, cuya programación de pagos del presente ejercicio asigna a los PEAS alrededor de 1.000 millones de nuestra moneda única europea.

 

Los PEAS fueron creados en 1997 por el gobierno de José María Aznar –quien no hizo la mili y tal vez por ello se quedó con las ganas de jugar a la guerra– y consisten en planes de modernización del armamento. Han sido dedicados a la adquisición de aviones (el capítulo estrella), buques, blindados, helicópteros, submarinos, misiles y obuses. En todos los casos se da la circunstancia –según cálculos del Centre Delàs– de que el presupuesto inicial acaba generosamente superado por el costo final. La suma de todos los PEAS emprendidos hasta la fecha tiene un monto oficial de 20.375,6 millones de euros, pero su sobrecoste lo aumenta en otros 13.951,16 millones. Resultado: 34.326 millones de euros. Todo adquirido, por supuesto, mediante contratos blindados sujetos a fuertes indemnizaciones.

 

¿Es necesario tan enorme esfuerzo económico para garantizar las necesidades defensivas del país? De entrada, ya se dijo que el Estado español mantiene un ejército excesivo en número de efectivos, si nos atenemos al cálculo de sus propios especialistas; desarreglo que por solo infunde motivos de desconfianza, aunque no más que el mutismo oficial en cuanto a gasto armamentístico, actividad protegida por la Ley de secretos oficiales. Como solía decirse en el ejército, las protestas al maestro armero (del cual, por cierto, ya se sabe que en el mejor de los casos no hay respuesta).

 

Si se cumplen las intenciones gubernamentales de ampliación de los PAES –sus planes estelares: el nuevo modelo de fragata F-110 y la compra de cerca de 400 unidades del blindado 8×8–, esta deuda puede incrementarse hasta los 40.000 millones de euros, cifra equivalente al rescate bancario que la UE concedió a España en 2012.

 

El Centre Delàs denuncia que la enorme deuda de Defensa “tan solo ha beneficiado al complejo militar-industrial, es decir, a los oscuros intereses que rodean la fabricación de armas: accionistas de las empresas, algunos militares y políticos que se han conchabado para fabricar armas sin ningún sentido de la realidad y han generado un enorme agujero negro que engulle recursos que serían mucho más productivos en el ámbito civil” y que, además, no hace sino incrementar el déficit público.

 

Pero volvamos a la cuestión clave: ¿es necesario tal gasto en armamento? Buena parte de las armas adquiridas carecen de utilidad estratégica y no pocas periclitan sin haber sido utilizadas, como critican en privado muchos militares. Tampoco funciona la excusa de su utilidad en misiones militares exteriores, puesto que el criterio de funcionalidad buscado en la compra de armas estelares como el blindado Leopard se refiere a su despliegue y uso en la defensa del territorio nacional.

 

Tufillo a componenda

 

La I+D militar crecerá en 2015 un 43,5 % con respecto a 2014, mientras que la I+D civil solo registrará un incremento del ¡¡¡4,8 %!!!, es decir, casi diez veces menos redondeando cifras. Y mientras los pequeños y medianos empresarios españoles se asfixian para liquidar los créditos que dedican a la economía productiva, el Ministerio de Industria concede préstamos a cero interés a las empresas del sector militar que surten los PEAS. Pero lo más grave, si cabe, es que la mayor parte de los empréstitos concedidos a empresas proveedoras de los PEAS no ha sido retornada a su emisor (Industria), después de que los fabricantes entregaran las armas al Ministerio de Defensa. A finales de 2014, tan solo el uno por ciento de las cantidades prestadas –¿cabría decir donadas?– volvió a las arcas públicas. ¿La razón? Las compañías del ramo aseguran que los créditos eran pagos a cuenta. Así pues, no solo es dudosa la necesidad del encargo sino también la financiación. Hay tufillo a componenda, por decirlo suavemente.

 

¿Qué es “gasto militar”?

 

Si se aplicara en España la recomendación de la OTAN de que todo gasto relacionado con la defensa se contabilice como militar, sea cual sea su procedencia, el Centre Delàs calcula que el importe total dedicado por uno u otro concepto a las fuerzas armadas superará en 2015 los 16.6000 millones de euros, más del doble de los 6.853 millones anunciados por el gobierno. Una cifra cercana al 1,5 % del PIB español, ciertamente aún por debajo de la proporción recomendada por la OTAN (dos por ciento) pero muy por encima de la propaganda gubernamental (0,63 %).

 

Si se analiza la evolución del gasto oficial en Defensa, sin las adherencias y variaciones recién comentadas, su presupuesto ha descendido un 18 % desde 2008 a esta parte. Mucho, pensarán algunos… antes de saber que el dinero público destinado a educación y sanidad ha decrecido en el mismo período en un 22,5 y un 12 %, respectivamente. Por no hablar de las partidas destinadas a trabajo, cultura (ambas en un -38 %), infraestructuras (-32 %) e investigación civil (-28 %). Y por descontado, sin considerar la escasa fiabilidad de las cifras oficiales cuando se refieren a la cartera –y no es anfibología– del ministro Morenés.

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