Feliz Navidad con mugre, frío y oscuridad

altLa pobreza energética amenaza este invierno a más de 300.000 familias catalanas.

 

Mientras los heraldos gubernamentales anuncian a bombo y platillo las excelencias del incipiente crecimiento económico, la carcoma de la crisis social sigue royendo las condiciones de vida de millones de ciudadanos de todo el Estado español. En Cataluña, una décima parte de la población tendrá este invierno serias dificultades para pagar sus recibos de suministros, cuando no sufra la imposibilidad de hacerlo y, con ello, la desgracia de ver convertidos sus hogares en guaridas sin las mínimas condiciones de habitabilidad que una sociedad desarrollada debería garantizar a todos sus ciudadanos.

 

 

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La Aliança contra la Pobresa Energètica, la plataforma de entidades civiles Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, y las centrales sindicales Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores presentaron conjuntamente en Barcelona un paquete de medidas de urgencia para garantizar a 320.000 familias catalanas –el 10 % de la población total de la comunidad autónoma– los suministros de gas, agua y electricidad durante el invierno venidero. Todas estas organizaciones coinciden en denunciar la torpeza y desidia con que ha sido afrontado el problema por las autoridades autonómicas, tras la suspensión por el Tribunal Constitucional (TC) de la ley catalana contra la pobreza energética. Entre tanto, las empresas energéticas prosiguen con su goloso negocio: Endesa obtuvo 579 millones de euros en el primer semestre de 2014 en España y Portugal; en el mismo período, Gas Natural ganó 676 millones de euros de la venta de gas en España; y Aguas de Barcelona (Agbar) ingresó 432 millones de euros en 2012.

 

¿Conflicto entre legislaciones o defensa del oligopolio?

 

En diciembre de 2013, el govern catalán aprobó el decreto ley 6/2013 de modificación de la Llei de Consum de Cataluña, en la cual se introducía una medida contra la pobreza energética: el aplazamiento del pago de los recibos de suministros para las personas con escasos recursos económicos, a quienes no se podría cortar el agua, el gas o la electricidad entre los meses de noviembre y marzo, ambos incluidos. El decreto establecía también que las cantidades adeudadas a las empresas suministradoras deberían pagarse de modo fraccionado en el posterior período abril-octubre.

 

Meses después, el 29 de septiembre de 2014, el gobierno español interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el citado decreto ley. ¿Las razones?: por una parte, la incompatibilidad entre el ordenamiento autonómico y la estatal Ley del sector eléctrico, que establece condiciones diferentes para determinar qué personas pueden acogerse al “bono social” (una reducción de las tarifas de suministros), y de otro lado la ilegalidad del aplazamiento de pagos. El recurso fue admitido a trámite por el TC el 22 de octubre de 2014, con lo cual quedó automáticamente suspendida la aplicación de la ley.

 

No hay duda de que el conflicto entre legislaciones proporciona una buena coartada jurídica, pero ante un problema social de semejante enjundia, que debería ser objeto de tratamiento prioritario por parte de todas las administraciones públicas (con el ejecutivo central a la cabeza, cómo no), cabría esperar otro tipo de reacción del gabinete presidido por Mariano Rajoy. Cuando menos, alguna solución de compromiso que no siga consintiendo los cortes de suministros a las familias con menos recursos económicos, triste realidad cotidiana. Siempre y cuando, claro está, tuviera el gobierno español capacidad o voluntad de sustraerse a la amigable presión de las grandes empresas del oligopolio energético, feliz solaz de exaltos cargos de la partitocracia.

 

Energéticas: el cuerno de la abundancia

 

Ante esta situación, el govern catalán propuso la habilitación de un Fondo de Suministros Sociales dotado con 20 millones de euros. Sin embargo, las entidades implicadas en la lucha contra la pobreza energética se mostraron muy críticas con esta medida, debido a tres aspectos fundamentales: en primer lugar, se detraerá dinero de otros gastos sociales igualmente necesarios; por otra parte, porque la cantidad es insuficiente para atender a todas las necesidades; y por último, porque se trata de una forma de caridad pública, que no soluciona el problema y cuyo mayor beneficiario son las empresas que continuarán cobrando tarifas abusivas por los suministros. Además, denunciaron que el Fondo había sido ideado sin consulta previa con la Mesa de Pobreza Energética, órgano promovido por el Parlament de Cataluña para el estudio de medidas efectivas contra este problema social.

 

Eloi Badia, portavoz de la Aliança contra la Pobresa Energètica, advirtió de que ningún ciudadano puede rebajar el importe de sus suministros por muchas medidas de ahorro que tome, debido a los continuos incrementos: valga el ejemplo del recibo de la luz, cuya parte fija subió del 35 al 60 % entre enero de 2013 y febrero de 2014. En contraposición, Badia citó los dividendos de Endesa: 15.400 millones repartidos en 2014. Y apuntó que los beneficios de las empresas energéticas doblan en España a los conseguidos por sus homólogas en otros países europeos

 

Las políticas de privatización y desregulación tarifaria fueron señaladas como causa directa de la carestía de los suministros energéticos básicos por Cristina Faciaben, secretaria de Socioeconomía de CC OO de Cataluña. Con respecto a la suspensión del decreto ley 6/2013 por el TC, la sindicalista reclamó a la Generalitat una actitud de firmeza semejante a la adoptada tras la suspensión de la consulta del 9-N por la misma corte. A esta petición se sumó Laura Pelai, secretaria de Estado del Bienestar y Trabajo de UGT de Cataluña, quien pidió al president Mas que “no esconda la cabeza bajo el ala del Tribunal Constitucional”. Además, la representante ugetista remarcó que los costes de la crisis también deberían ser asumidos por las grandes empresas del sector (receptoras de los beneficios), no solo por los ciudadanos y las instituciones públicas, y denunció la falsa palabrería de las declaraciones de “responsabilidad social” de tales compañías.

 

La cuarta ponente, Àngels Guiteres, de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, situó en cinco décimas el crecimiento de la pobreza durante 2014, con lo que hay ya un millón y medio de catalanes viviendo bajo su fatídico umbral. Tanto estas personas como quienes todavía pueden pagar sus recibos, viven en un país, España, que ocupa el tercer lugar entre los estados con el suministro energético más caro de Europa. Idóneas condiciones para que –se lamentó Guiteras– “el frío llame a la puerta”.

 

Los cuatro ponentes insistieron en la necesidad de luchar contra la pobreza energética de una manera estructural.

 

Propuestas garantistas

 

Ante la evidente situación de emergencia social, las organizaciones convocantes del acto presentaron un grupo de medidas de urgencia, a saber:

 

*Aplicación del “principio de precaución”, por el cual las empresas no podrán cortar el suministro sin el visto bueno de los servicios sociales.

 

*Transparencia en los cortes, con información pública detallada y municipal recogida en el Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), dado que –se argumenta– sin visualización de la situación no puede verse la solución.

 

*Agilización de los trámites de protección de los servicios sociales, mediante la aplicación de mecanismos de urgencia.

 

*Campaña de comunicación para informar a la sociedad de todas las medidas adoptadas en beneficio de las personas y familias en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, a través de los recibos y cartas de notificación de retraso en el pago.

 

*Creación de un organismo público que garantice la puesta en marcha y aplicación de las medidas garantistas, “para alcanzar un modelo de prestación de suministros básicos que garantice su acceso universal a todas las personas”. A este organismo corresponderá comprobar que “las empresas suministradoras se responsabilizan de las facturas impagadas”. El nuevo organismo público debería entrar en funcionamiento antes de que finalice el presente mes de noviembre, y lo integrarán “los grupos de interés que hoy conforman la Mesa de la Pobreza Energética”, así como “otras entidades directamente relacionadas con la problemática”.

 

Con respecto al Fondo aprobado por la Generalitat, las entidades exigen que sea temporal, “con un horizonte 2014-2015”, para cubrir el período transicional en el que deberían impulsarse medidas estructurales. Las ayudas dispensadas por el Fondo responderán al principio de proporcionalidad con respecto a los ingresos familiares, y tomarán como referencia la tabla de consumos básicos trabajada por la Mesa impulsada por el Parlament, así como el umbral de Renta de Suficiencia propuesto por las entidades y movimientos sociales.

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