El anuncio de ayer del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha reavivado un debate que lleva años polarizando a la sociedad catalana. La propuesta, que incluye la prolongación de 500 metros de la tercera pista, la más cercana al mar, y una inversión de 3.200 millones de euros, ha sido presentada como una solución para convertir el aeropuerto en un hub internacional sostenible. Sin embargo, las voces críticas, desde ecologistas hasta partidos políticos y ayuntamientos locales, han alzado la voz contra un proyecto que consideran un atentado ambiental, económico y social, con un impacto directo en el espacio natural protegido de La Ricarda.
La Ricarda: un ecosistema en la cuerda floja
La Ricarda, una finca privada de 135 hectáreas situada en el término municipal de El Prat de Llobregat, es un humedal de alto valor ecológico que forma parte de la Red Natura 2000, una red europea de protección ambiental. Este espacio, rodeado de marismas y pinares, alberga una laguna esencial para prevenir la salinización del Delta del Llobregat y conservar especies protegidas, incluyendo aves, peces y vegetación única. Según el biólogo Joan Pino, director del CREAF, La Ricarda actúa como un «tornillo» clave en el frágil ecosistema del Delta: «Cada pieza que quitas es una especie que extingues, un fragmento de hábitat que pierdes. Llega un momento en que el avión deja de funcionar».
La propuesta de ampliación, aunque reduce en 87 metros la afectación inicial planteada por Aena, implica alargar la pista en 500 metros, afectando parcialmente tanto La Ricarda como El Remolar, otro espacio protegido al otro extremo de la pista. Aunque se promete una zona de seguridad (RESA) parcialmente vegetal y compensaciones ambientales, como la renaturalización de 270 hectáreas de terrenos agrícolas, los críticos argumentan que estas medidas son insuficientes para mitigar el daño. La ocupación de dos tercios de la laguna de La Ricarda, según algunos cálculos, y la intervención en El Remolar comprometen la biodiversidad y el equilibrio hídrico de la zona.
Organizaciones ecologistas como Greenpeace y Ecologistas en Acción han denunciado que cualquier intervención en La Ricarda, por mínima que sea, es incompatible con los compromisos europeos de conservación. En 2021, Bruselas ya advirtió a las administraciones españolas por el deterioro del Delta del Llobregat debido a expansiones previas del aeropuerto y el puerto de Barcelona. La Comisión Europea, que debe dar el visto bueno a cualquier proyecto que afecte a la Red Natura 2000, exige demostrar que no existen alternativas viables y que la obra responde a «razones imperiosas de interés público de primer orden». Los opositores sostienen que la ampliación no cumple estos criterios, ya que otras soluciones, como optimizar la gestión de aeropuertos cercanos como Girona o Reus, podrían aliviar la saturación sin dañar espacios protegidos.
Impacto ambiental: más allá de La Ricarda
La afectación a La Ricarda no es el único argumento ambiental contra la ampliación. El aumento de la capacidad del aeropuerto, que busca alcanzar las 90 operaciones por hora y consolidar rutas intercontinentales, implicará un incremento significativo de las emisiones de CO₂. En un contexto de emergencia climática, donde Cataluña y España están comprometidas con la descarbonización, los críticos consideran contradictorio apostar por un modelo de crecimiento basado en la aviación, uno de los sectores más contaminantes. Adrián Fernández, de Greenpeace, ha señalado que «la aviación no solo tiene un grave impacto sobre el clima, también perjudica a la población local con más ruido y contaminación atmosférica».
El aumento del tráfico aéreo también generará molestias acústicas en municipios cercanos como Gavà, Castelldefels y El Prat. Aunque el Govern asegura que no habrá un impacto considerable en el ruido, los vecinos y ayuntamientos locales temen que la prolongación de la pista intensifique las molestias, especialmente en áreas ya afectadas por el sobrevuelo constante de aviones. La propuesta de Aena de compensar las emisiones con medidas como combustibles más sostenibles o mejoras en la movilidad alrededor del aeropuerto ha sido calificada de «greenwashing» por ecologistas, quienes argumentan que estas soluciones no abordan el impacto estructural de la aviación.
Oposición política y social
La ampliación ha generado una fuerte oposición política, especialmente entre los socios de investidura del PSC, Esquerra Republicana (ERC) y Comuns. Los Comuns, liderados por David Cid, han calificado el proyecto como «una operación de maquillaje» que afecta directamente a La Ricarda y El Remolar, y han anunciado una «estrategia de confrontación» para frenarlo. Por su parte, ERC ha mostrado reticencias, exigiendo que cualquier ampliación respete los compromisos ambientales y que la Generalitat tenga un mayor peso en la gestión del aeropuerto.
El Ayuntamiento de El Prat, liderado por Alba Bou (El Prat en Comú), ha sido uno de los más críticos. Bou ha señalado que el proyecto actual no solo afecta a La Ricarda, sino también a El Remolar, duplicando el impacto ambiental: «Han estado dos años haciendo estudios para proponernos el mismo proyecto, con la diferencia de que ahora no solo afecta a un espacio natural, sino a dos». En 2020, el pleno municipal aprobó por unanimidad una declaración institucional contra la ampliación, calificándola como un «desastre natural, agrícola y patrimonial sin paliativos».
La sociedad civil también se ha movilizado. Plataformas ecologistas, agricultores y residentes del Delta del Llobregat han organizado protestas y campañas para proteger La Ricarda. En 2021, tras el anuncio de un proyecto similar, la zona experimentó un aumento de visitantes interesados en conocer el humedal, lo que refleja el creciente interés por preservar este espacio.
Cuestionando el modelo económico
Otro argumento central de los opositores es que la ampliación prioriza un modelo de desarrollo basado en el turismo masivo y los vuelos low-cost, en detrimento de la sostenibilidad y la calidad de vida. Aunque Aena y el Govern defienden que la ampliación consolidará El Prat como un hub internacional, atrayendo vuelos de largo radio y un turismo de mayor poder adquisitivo, los críticos argumentan que el aumento del tráfico aéreo perpetuará la dependencia de un modelo económico vulnerable. En 2024, el aeropuerto batió su récord con 55 millones de pasajeros, pero los opositores advierten que la saturación prevista para 2026 podría abordarse con una mejor redistribución de vuelos a aeropuertos cercanos, como propone Pimec.
Además, el impacto económico no está exento de críticas. La inversión de 3.200 millones de euros, financiada por Aena, ha sido cuestionada por su elevado coste y la falta de garantías sobre los beneficios reales para la región. Ecologistas en Acción sostiene que el proyecto responde más a los intereses privados de Aena y grandes capitales que a las necesidades colectivas. La propuesta de crear un sistema aeroportuario catalán, conectando El Prat con Girona y Reus, ha sido planteada como una alternativa más sostenible que evitaría la necesidad de ampliar la pista.
La sombra de Bruselas
La autorización de la Comisión Europea es un obstáculo crucial. La Ricarda y El Remolar, protegidos por la Red Natura 2000, requieren un proceso riguroso para cualquier intervención. Los críticos advierten que el proyecto podría ser bloqueado por Bruselas, como ocurrió en 2021, cuando el Gobierno central suspendió una propuesta similar por la falta de apoyo del Govern y las dudas ambientales. La promesa de compensaciones, como la renaturalización de terrenos agrícolas, no convence a los opositores, que recuerdan que buena parte de estas medidas ya estaban previstas en planes previos de ampliación del Delta, lo que reduce su impacto real.
La ampliación del Aeropuerto de El Prat, anunciada el 10 de junio de 2025, ha reabierto una herida en el debate sobre el modelo de desarrollo de Cataluña. Los argumentos en contra, centrados en la amenaza a La Ricarda y El Remolar, el impacto ambiental, el cuestionamiento del modelo económico y la oposición política y social, reflejan la complejidad de un proyecto que enfrenta intereses económicos con la urgencia de proteger un ecosistema frágil. Mientras el Govern y Aena defienden la ampliación como una oportunidad para consolidar Barcelona como hub internacional, los críticos insisten en que el precio ambiental y social es demasiado alto. Con la decisión final en manos de la Comisión Europea, el futuro de La Ricarda y del Delta del Llobregat pende de un hilo, recordándonos que no todo vale en nombre del progreso.
