Francia, la segunda economía más grande de la eurozona, se encuentra en una situación financiera crítica. Con una deuda pública que alcanza el 114% del Producto Interior Bruto (PIB) y un déficit presupuestario que superó el 5,8% del PIB en 2024, el gobierno del primer ministro François Bayrou ha presentado un ambicioso plan de austeridad para 2026, diseñado para evitar lo que describe como un «peligro mortal» para las finanzas del país. Este plan, que incluye congelar pensiones, recortar el gasto social, reducir empleos públicos y eliminar dos días festivos nacionales, ha generado un intenso debate político y social, reavivando tensiones en un país ya polarizado por reformas previas. Este artículo analiza en profundidad las medidas propuestas, su contexto, las reacciones que han suscitado y las implicaciones a corto y largo plazo para la economía y la sociedad francesa.
El contexto de la crisis fiscal
Francia lleva décadas lidiando con déficits presupuestarios crónicos. Según Bayrou, el país no ha presentado un presupuesto equilibrado en más de 50 años, lo que ha llevado a una acumulación de deuda pública que ahora asciende a 3,2 billones de euros. Solo en 2025, se espera que los pagos de intereses de esta deuda alcancen los 62.000 millones de euros, superando el presupuesto militar y proyectándose como el mayor gasto del gobierno para 2029, con 100.000 millones de euros anuales si no se toman medidas drásticas.
El déficit presupuestario, que alcanzó el 5,8% del PIB en 2024, está muy por encima del límite del 3% establecido por las reglas de la Unión Europea (UE). Esta situación ha generado preocupación entre inversores y agencias de calificación crediticia, que ya despojaron a Francia de su codiciada calificación AAA en 2012. Además, la amenaza de aranceles del 30% sobre bienes de la UE, propuesta por el presidente estadounidense Donald Trump, añade presión externa a una economía ya frágil.
El plan de austeridad de Bayrou, anunciado el 15 de julio de 2025, busca reducir el déficit a un 4,6% del PIB en 2026 y al 3% para 2029, con un ahorro total de 43.800 millones de euros en el próximo año. Las medidas, descritas como «el último alto antes del precipicio», incluyen recortes en el gasto público, congelación de beneficios sociales y una controvertida propuesta para eliminar dos días festivos nacionales, posiblemente el Lunes de Pascua y el 8 de mayo (Día de la Victoria).
Las medidas de austeridad
Congelación de pensiones y recortes en gasto social
Una de las medidas más polémicas es la congelación de las pensiones en 2026, manteniéndolas en los niveles de 2025 sin ajustes por inflación, que se sitúa en un 1,6%. Esta decisión, que busca ahorrar 7.100 millones de euros, ha sido criticada por partidos de izquierda y sindicatos, que argumentan que afectará desproporcionadamente a los jubilados, especialmente en un contexto de aumento del costo de vida. En los últimos años, las reformas de pensiones, como el aumento de la edad de jubilación de 60 a 62 años y el incremento de los años de cotización necesarios para una pensión completa, ya han generado protestas masivas en Francia, incluyendo los disturbios de 2023.
Además, el gobierno planea recortar 5.000 millones de euros en gastos de salud y limitar los beneficios de desempleo, lo que podría exacerbar la precariedad de los trabajadores de bajos ingresos y los desempleados. Estas medidas se suman a un congelamiento general del gasto público, con excepción del servicio de la deuda y el presupuesto de defensa, que verá un aumento de 3.500 millones de euros en 2026, según lo exigido por el presidente Emmanuel Macron.
Reducción de empleos públicos
Otra medida clave es la reducción de 3.000 empleos en el sector público a partir de 2026, junto con la no reposición de uno de cada tres funcionarios que se jubilen. Esta política, que busca ahorrar en el gasto salarial del sector público, ha sido presentada como un esfuerzo colectivo para «restaurar las finanzas públicas». Sin embargo, los sindicatos han advertido que estas reducciones podrían afectar la calidad de los servicios públicos, especialmente en sectores como la educación y la salud, que ya enfrentaron recortes significativos en el presupuesto de 2025.
Eliminación de días festivos
La propuesta más simbólica y controvertida es la eliminación de dos días festivos nacionales, posiblemente el Lunes de Pascua y el 8 de mayo, con el objetivo de aumentar los días laborables y, por ende, la productividad. Bayrou justificó esta medida como «aritmética básica», argumentando que Francia debe «trabajar más» para impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, esta idea ha generado una fuerte reacción de la oposición. Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha Rassemblement National (RN), calificó la propuesta como un «ataque a la historia y a los trabajadores franceses», mientras que Marine Tondelier, líder de los Verdes, lamentó la posible pérdida del Día de la Victoria, un símbolo de la lucha contra el nazismo.
Reacciones políticas y sociales
El plan de Bayrou llega en un momento de alta inestabilidad política. Tras la caída del gobierno de Michel Barnier en diciembre de 2024, debido a un voto de no confianza impulsado por la oposición, Bayrou enfrenta un Parlamento fragmentado en tres bloques opuestos: el centro-derecha de Macron, la extrema derecha de Le Pen y la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon. La falta de una mayoría clara complica la aprobación del presupuesto de 2026, y Bayrou ya ha sobrevivido a ocho mociones de censura.
La extrema derecha y la izquierda han criticado duramente las medidas. Le Pen ha amenazado con un nuevo voto de no confianza si Bayrou no revisa su plan, argumentando que ataca a los trabajadores y jubilados en lugar de abordar el «despilfarro» en áreas como la inmigración o las contribuciones a la UE. Por su parte, Mélenchon ha llamado a derrocar al gobierno, calificando las medidas de austeridad como un «ataque directo a Francia». Los sindicatos, que han liderado protestas masivas en el pasado, están preparando movilizaciones, especialmente contra la congelación de pensiones y los recortes en el gasto social.
Implicaciones económicas y sociales
El plan de austeridad tiene como objetivo estabilizar las finanzas públicas, pero sus efectos a corto y largo plazo son inciertos. Por un lado, la reducción del déficit podría restaurar la confianza de los inversores y evitar nuevas rebajas en la calificación crediticia de Francia. Sin embargo, los recortes en el gasto social y la congelación de pensiones podrían reducir el poder adquisitivo de los ciudadanos, afectando la demanda interna en una economía que ya enfrenta un crecimiento lento.
La eliminación de días festivos, aunque simbólica, podría tener un impacto limitado en el PIB, pero a costa de un creciente descontento social. La fragilidad del mercado laboral, con una tasa de desempleo proyectada del 7,9% en 2025 y un desempleo juvenil cercano al 20%, podría agravarse si los recortes en los beneficios de desempleo obligan a más personas a aceptar trabajos precarios.
Por otro lado, el aumento del presupuesto de defensa, que alcanzará los 64.000 millones de euros en 2027, refleja una apuesta por fortalecer la industria militar francesa, que incluye gigantes como Thales y Safran. Esta estrategia podría generar empleos en el sector, pero no compensará las pérdidas en otros ámbitos del gasto público.
Lecciones de la historia: el caso de Grecia
Bayrou ha invocado repetidamente la crisis de deuda de Grecia como un recordatorio de lo que podría suceder si Francia no actúa. La crisis griega, que comenzó en 2010, llevó a múltiples rescates internacionales y años de austeridad severa, con recortes drásticos en pensiones, salarios y servicios públicos. Aunque Francia no está en una situación tan extrema, la comparación subraya la urgencia de abordar el déficit antes de que los costos de endeudamiento se vuelvan insostenibles.
Sin embargo, las medidas de austeridad también conllevan riesgos. En Grecia, los recortes profundos provocaron una recesión prolongada y un aumento de la pobreza, lo que alimentó el descontento social y la inestabilidad política. Francia, con su historial de protestas masivas, podría enfrentar un escenario similar si las medidas de Bayrou no logran un equilibrio entre la disciplina fiscal y la cohesión social.
El plan de austeridad de François Bayrou representa un intento audaz, pero arriesgado, de estabilizar las finanzas públicas de Francia en un contexto de creciente deuda y presión internacional. Las medidas propuestas, desde la congelación de pensiones hasta la eliminación de días festivos, reflejan la gravedad de la situación, pero también han encendido un polvorín político y social. Con un Parlamento dividido y una sociedad propensa a la movilización, el éxito del plan dependerá de la capacidad de Bayrou para negociar con la oposición y evitar una nueva crisis política.
Francia se encuentra en una encrucijada fiscal, donde las decisiones de hoy determinarán no solo su estabilidad económica, sino también su cohesión social y su posición en Europa. Mientras el gobierno busca evitar el «precipicio» de la deuda, los ciudadanos franceses se preparan para un período de sacrificios que pondrán a prueba la resiliencia de la nación.
