La controvertida decisión del Congreso de los Diputados de no prorrogar la moratoria de desahucios que protegía a familias vulnerables marca un antes y un después en la política de vivienda en España. Tras años de suspensión de lanzamientos forzosos por motivos de vulnerabilidad económica y social, miles de hogares quedan ahora expuestos a perder sus viviendas en medio de una crisis habitacional que organiza y agrava desigualdades profundas.
El debate político y social en torno al acceso a una vivienda digna ha cobrado una enorme relevancia en los últimos años, especialmente desde la pandemia de COVID-19, cuando el Gobierno español, impulsado por una situación de extrema vulnerabilidad de amplios sectores de la población, acordó suspender los desahucios sin alternativa habitacional. La medida formó parte de un paquete de protección social que también incluía la suspensión de cortes de suministros básicos y otras ayudas del llamado “escudo social”.
La caída de un decreto emblemático
El pasado 27 de enero, con los votos de Partido Popular (PP), Vox y Junts, el pleno del Congreso rechazó la convalidación de un decreto-ley que, entre otras cosas, prorrogaba esta moratoria de desahucios para familias vulnerables y revalorizaba las pensiones. Esta decisión ha sido calificada por distintas organizaciones sociales como un golpe directo a las protecciones que habían evitado la expulsión de miles de hogares.
Según la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, una plataforma que agrupa a más de 3 000 entidades sociales, alrededor de 13 000 familias en Cataluña quedan ahora en riesgo de ser desahuciadas una vez levantada la prohibición legal que hasta ahora protegía sus hogares, sin que existan mecanismos alternativos sólidos para garantizar su derecho a una vivienda digna.
Para poner esta cifra en contexto, durante la aplicación de la moratoria —que se extendió desde abril de 2020 hasta finales de 2025— se habrían paralizado más de 13 000 desahucios solo en Cataluña, según estimaciones de la propia Taula. A estas cifras hay que sumar los miles de desahucios que se producían cada año antes de la moratoria y que, aunque ahora vuelven a activarse, se suman a un panorama de escasez de vivienda asequible.
¿Qué implicaba realmente la moratoria?
La moratoria de desahucios fue una herramienta de emergencia destinada a proteger a aquellas personas y familias que, por causas económicas o sociales, se encontraban en una situación de vulnerabilidad extrema. Bajo ese decreto, no se podía ejecutar un desahucio si la persona o familia no tenía una alternativa de vivienda garantizada, y los servicios sociales eran los encargados de evaluar quién entraba en esta categoría y de facilitar soluciones habitacionales.
Esta protección abarcaba a personas con ingresos insuficientes, hogares con dependientes, víctimas de violencia de género, y familias con menores de edad —grupos de población que se encuentran especialmente expuestos al impacto del desempleo, la precariedad laboral y la inflación en los costes de vida.
No obstante, la moratoria también generó debates y tensiones entre diferentes sectores de la sociedad. Por un lado, grupos de defensa de los derechos sociales la consideraban indispensable para evitar situaciones de exclusión residencial; por otro, algunos propietarios y pequeñas entidades reclamaban compensaciones por las limitaciones impuestas en el ejercicio de sus derechos sobre la propiedad y los ingresos derivados de los alquileres.
Políticas de vivienda en disputa
El fracaso del pleno del Congreso para prorrogar la moratoria no solo tiene implicaciones inmediatas en términos de desahucios. También pone de manifiesto la profunda división política sobre cómo abordar el derecho a la vivienda en España.
PP, Vox y Junts argumentaron en contra de la prórroga de la moratoria por considerar que medidas como estas pueden generar inseguridad jurídica y desincentivar la inversión en el mercado de alquiler, perjudicando a los propietarios. Algunos de estos discursos han sido criticados por sectores progresistas por priorizar los intereses económicos de los propietarios frente a las necesidades sociales de quienes carecen de recursos.
Además, otras fuerzas políticas reclaman soluciones estructurales más allá de las moratorias temporales. Proponen reformar la legislación de vivienda para aumentar el parque de vivienda pública, regular los precios del alquiler, limitar la especulación y reforzar los servicios sociales para que no queden desbordados ante la creciente demanda.
Desde el lado de las entidades sociales, la caída del decreto se interpreta como una muestra de irresponsabilidad política en plena crisis habitacional. El coordinador de vivienda de la Taula del tercer sector, Martí Batllori, declaró que los gobiernos central y autonómico deben “asumir su responsabilidad” y activar “respuestas urgentes” para evitar que más familias acaben en la calle, especialmente en pleno invierno.
Impacto social y humano
Más allá de los números y el debate político, la suspensión de la moratoria de desahucios tiene un fuerte impacto humano. Los desahucios no son meros procesos administrativos: suponen la pérdida del hogar, la separación de comunidades y redes de apoyo, y la intensificación de la vulnerabilidad económica y emocional de las personas afectadas.
Los colectivos sociales alertan de que sin mecanismos de protección efectivos, viejas y nuevas desigualdades se agudizarán. Familias con niños pequeños, personas mayores, migrantes con recursos limitados y personas desempleadas son especialmente vulnerables ante un proceso de desahucio, ya que a menudo no tienen acceso a alternativas habitacionales dignas ni redes de apoyo suficientes.
La situación es especialmente crítica en regiones como Cataluña, donde el mercado de alquiler ha experimentado una presión enorme en los últimos años, con precios elevados y una oferta insuficiente de vivienda asequible. Antes de la pandemia, datos judiciales mostraban que Cataluña lideraba el número de desahucios en España, en gran parte vinculados al impago de alquileres.
Movilizaciones y resistencia social
La respuesta de la sociedad civil no se ha hecho esperar. Organizaciones como el Sindicat de Llogateres han convocado movilizaciones para exigir una rectificación política y la recuperación de las medidas de apoyo social que han sido tumbadas en el Congreso. En Barcelona, ya se han registrado protestas frente a sedes de partidos políticos implicados en la decisión, con mensajes que piden políticas de vivienda que protejan a las familias más frágiles.
Además de las protestas callejeras, diversas entidades sociales, plataformas de vivienda y sindicatos han iniciado campañas de trabajo con servicios sociales, letrados y colectivos vecinales para intentar mitigar los efectos del levantamiento de la moratoria. Se buscan soluciones temporales de alojamiento, asesoramiento jurídico gratuito y presión política para que nuevas iniciativas legales protejan a las familias en riesgo.
El desafío de garantizar vivienda digna
El levantamiento de la moratoria abre una nueva etapa en la política de vivienda en España. Algunas voces abogan por dar un paso más allá y reformar la Ley de Vivienda para asegurar que el derecho a una vivienda digna, reconocido en diversos marcos legales y sociales, se traduzca en políticas efectivas y sostenibles a largo plazo.
Propuestas como el aumento del parque público de viviendas, la regulación de precios de alquiler en zonas tensionadas y la creación de un fondo de emergencia para aquellas familias en situación de vulnerabilidad han ganado impulso en el debate público. Sin embargo, su aplicación requiere consenso político, recursos financieros y una visión coordinada entre administraciones municipales, autonómicas y el Estado.
Conclusión
La decisión del Congreso de no renovar la moratoria de desahucios para familias vulnerables ha reabierto un debate central sobre cómo se garantizan los derechos sociales en España. La estimación de que 13 000 familias en Cataluña podrían perder su hogar pone de manifiesto la urgencia de políticas públicas eficaces que protejan a las personas más vulnerables, especialmente en un contexto de crisis de la vivienda y precariedad económica persistente.
Mientras tanto, las movilizaciones sociales, las iniciativas de apoyo comunitario y las propuestas legislativas alternativas buscan dar respuesta a esta situación dramática. La pregunta que queda en el aire es si las instituciones políticas estarán a la altura de este desafío y diseñarán soluciones duraderas que garanticen el acceso a una vivienda digna para todos.