El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), formación que lidera el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, atraviesa su crisis interna más profunda en materia de igualdad desde que el jefe del Ejecutivo accedió al poder en 2018. En los últimos días, se han conocido cuatro denuncias de acoso sexual contra altos cargos socialistas —Paco Salazar, Antonio Navarro, José Tomé y Javier Izquierdo— que han provocado un terremoto político, puesto que contradicen el discurso público del partido sobre su compromiso con el feminismo y la igualdad de género.
Estas denuncias, que han sido objeto de atención en medios nacionales e internacionales como The Guardian, han desatado un intenso debate sobre la credibilidad de las políticas de género del Ejecutivo socialista. El diario británico describió la situación como un retrato del “falso compromiso con el feminismo” del presidente Sánchez, poniendo en relieve la contradicción entre su retórica progresista y la gestión interna de estas denuncias.
El origen de la crisis
Paco Salazar: el primer caso que estalló
El escándalo comenzó a principios de diciembre, cuando se hicieron públicas varias acusaciones de acoso sexual contra Paco Salazar, ex alto cargo vinculado al Gobierno y estrecho colaborador de Sánchez, cuya trayectoria política le había situado entre las figuras más cercanas al liderazgo socialista. Las denuncias iniciales, recibidas en los canales internos del partido hace meses, habrían sido ignoradas por un periodo prolongado, lo que abrió interrogantes sobre los mecanismos de respuesta del PSOE ante conductas de acoso.
El partido reconoció en una nota interna que las denuncias presentadas sobre Salazar no fueron gestionadas con la diligencia necesaria y lamentó “no haber arropado suficientemente” a las mujeres denunciantes, calificando las conductas señaladas como “repugnantes” e “incompatibles con los valores del PSOE”.
Más allá de las respuestas institucionales, circulan testimonios internos que describen patrones de comportamiento inadecuado por parte de Salazar, con referencias explícitas a comentarios impropios y gestos ofensivos dentro de entornos laborales.
El efecto dominó: Antonio Navarro y José Tomé
La crisis de Salazar no quedó aislada. A la par se hicieron públicas otras denuncias por acoso sexual que afectaron a dirigentes de diferentes ámbitos del partido:
- Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos (Málaga), fue acusado por una concejala del propio partido de comportamientos recurrentes de acoso sexual que se prolongaron por años y que incluyeron mensajes inapropiados y presiones. Ante la falta de respuesta interna satisfactoria, la militante presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Málaga, lo que forzó al PSOE a suspenderle cautelarmente de sus funciones.
- José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo, también fue acusado interna y públicamente de acoso sexual, lo que le llevó a dimitir de su cargo provincial. Aunque el propio Tomé negó las acusaciones, calificándolas como “bromas” malinterpretadas, la denuncia abrió un conflicto dentro de la federación del PSdeG-PSOE y contribuyó a la percepción de una falla sistémica en la respuesta organizativa ante estas situaciones.
Estas dos acusaciones, combinadas con el caso de Salazar, empezaron a dibujar un panorama de repetidas quejas dentro del PSOE que no habían sido resueltas con prontitud ni transparencia, lo que alimentó la crítica interna y externa contra el partido.
El caso Javier Izquierdo: el cuarto episodio
La crisis escaló aún más cuando se supo que Javier Izquierdo, senador y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, presentó su renuncia a todos sus cargos tras la aparición de una cuarta denuncia interna por acoso sexual. Aunque Izquierdo alegó motivos personales y profesionales en su anuncio, fuentes periodísticas señalaron que la renuncia se produce en un contexto de presiones y acusaciones que han afectado su posición en la dirección federal.
La suma de estos cuatro casos —Salazar, Navarro, Tomé e Izquierdo— no solo pone de manifiesto un patrón preocupante, sino que también ha elevado la percepción de una crisis dentro del partido que va más allá de casos aislados, sugiriendo posibles fallos estructurales en la prevención y gestión del acoso sexual en sus filas.
Retrato de una contradicción política
Desde su llegada a La Moncloa, Pedro Sánchez ha promovido una agenda legislativa y política centrada en la igualdad de género, la lucha contra la violencia machista y la promoción de una sociedad más inclusiva. Esto incluyó, en su primer gabinete, un Ejecutivo con mayoría de mujeres —once contra seis hombres— como símbolo de su compromiso con la paridad de género y los cambios sociales profundos.
Sin embargo, siete años después, estos cuatro casos han generado un intenso debate público sobre si ese compromiso se traduce en prácticas efectivas dentro del propio partido que sustenta al Gobierno.
La tardanza en la gestión interna de las denuncias ha sido uno de los aspectos más criticados, particularmente en el caso de Salazar, donde varias quejas habrían sido “ignoradas” durante meses debido, según fuentes del propio PSOE, a un problema en el sistema informático que impedía tramitar adecuadamente las quejas.
Esta contradicción entre la narrativa pública y la realidad interna ha sido explotada por sectores de la oposición y medios críticos como prueba de la hipocresía del PSOE en cuestiones de igualdad.
Reacciones parlamentarias y de la oposición
La oposición política no ha dejado pasar la oportunidad para utilizar este escándalo como arma contra el Gobierno. En el Congreso de los Diputados, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, arremetió con dureza contra Sánchez, acusándole de respaldar al agresor en detrimento de las víctimas y de mostrar una forma habitual de actuar que prioriza la protección de sus aliados en lugar de la justicia y la igualdad.
Feijóo afirmó que “ahora todo el mundo puede ver que, a la hora de elegir entre el maltratador y el maltratado, estás con el maltratador”, calificando la posición del presidente de una forma de actuar que, en su opinión, se repite sistemáticamente.
Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, acusó a Sánchez de “inventar más tramas que Netflix”, en un intento de subrayar lo que él considera una gestión caótica e hipócrita del Ejecutivo en materia de igualdad.
Estas declaraciones han intensificado la polarización política en España, colocando la temática del acoso sexual y la coherencia ética del PSOE en el centro de la agenda parlamentaria y mediática.
Críticas desde dentro y fuera del partido
Las reacciones no solo provienen de la oposición. Dentro del PSOE y en formaciones aliadas del Gobierno también se han escuchado voces críticas.
El senador socialista Luis Tudanca destacó que no bastan las palabras y que el partido debe actuar hasta el final para proteger a las víctimas y asegurar que sus estructuras internas respondan de manera efectiva ante cualquier acusación de acoso sexual.
Asimismo, sectores de los socios parlamentarios de la coalición han expresado preocupación por el impacto que estos casos pueden tener en la percepción pública del compromiso feminista del Ejecutivo. Se han escuchado llamadas a mayor transparencia, respuestas institucionales más efectivas y una revisión profunda de los mecanismos de prevención y gestión de denuncias.
En la esfera mediática, figuras como la periodista Ángeles Caballero han señalado la “nefasta” gestión del PSOE frente a estas denuncias, criticando tanto a los acusados como la respuesta institucional, que consideran insuficiente y poco contundente.
Además, líderes municipales, como la alcaldesa Inés Rey, han calificado de insuficiente la respuesta del partido ante las denuncias, instando a una actuación más firme y pública que respalde a las víctimas y proteja la integridad del proyecto político socialista.
Un momento crítico para la credibilidad democrática
Los acontecimientos de las últimas semanas han convertido a la gestión interna del PSOE de denuncias por acoso en un tema de debate nacional sobre la ética, la coherencia política y la eficacia de las políticas de igualdad en España.
Mientras el Gobierno defiende que sus políticas estructurales contra la violencia de género siguen vigentes y que se está actuando para mejorar los protocolos del partido, la crítica persiste en que las palabras no han sido suficientes para garantizar la seguridad y el respaldo a las víctimas dentro de sus propias filas.
