Mientras el Mobile World Congress (MWC) cierra este jueves en Barcelona felicitándose por el mejor balance de su historia, tras superar sus previsiones de asistencia -75.000 personas- al rebasar los 80.000 visitantes, la plataforma StopPujades mantuvo otro miércoles más sus protestas
Mientras el Mobile World Congress (MWC) cierra este jueves en Barcelona felicitándose por el mejor balance de su historia, tras superar sus previsiones de asistencia -75.000 personas- al rebasar los 80.000 visitantes, la plataforma #StopPujades mantuvo otro miércoles más sus protestas contra la subida tarifaria del transporte público, después de acompañar el inicio de la feria del móvil con distintas concentraciones de protesta. Un hecho que hizo advertir al alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), sobre las posibles repercusiones para el futuro del MWC si se producían problemas de orden público en torno a su celebración. “Esto debe funcionar con orden porque, si no, se lo llevan a otro lado, es decir, no podemos distraernos. Nos estamos jugando mucho dinero como ciudad y como país. No tenemos tantos acontecimientos como éste“, avisó el político convergente. Las concentraciones alcanzaron ya a 55 estaciones, distribuidas entre Barcelona y su área metropolitana, y afectaron de forma simultánea líneas de metro, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y cercanías de Renfe. Además, en las estaciones de Arc del Triomf y de Llucmajor, en Nou Barris, donde comenzaron las movilizaciones el pasado 30 de diciembre, los manifestantes llegaron a bloquear algunos trenes. El colectivo #StopPujades prevé llevar a cabo el próximo 15 de marzo una concentración en la plaza Sant Jaume de Barcelona, en donde se espera reunir las diferentes movilizaciones realizadas en toda la red de metro y de ferrocarril del área metropolitana de Barcelona.
Poco después de esta última concentración, representantes de la plataforma, junto a miembros de entidades vecinales y sindicatos, mantuvieron una reunión con la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), en la que se reclamó la retirada del aumento de tarifas del 2014 y la congelación del precio del transporte público de acuerdo a las tarifas aplicadas durante el pasado año. La plataforma también demanda la constitución de una mesa social para fijar las tarifas, una vez se haya producido el retorno a las tarifas del 2013, un punto sobre el que, de momento, no hay acuerdo tras asegurar la ATM que los precios se mantendrán. La entidad metropolitana considera que los 25 millones de euros que se esperan recaudar con el incremento de precios de este año son vitales para enjuagar la complicada situación económica en que se encuentra la entidad del transporte, con una deuda de 546 millones de euros y una caída sostenida en el número de usuarios del transporte público que se viene produciendo desde el 2008, y sobre todo desde 2012, con una subida de tarifas que triplicaba el IPC. La ATM no ofreció la retirada del aumento de tarifas y apuntó como iniciativa la ejecución de un plan de viabilidad con el que se pretende reducir la deuda y mejorar los números del déficit anual, además de ligar la reducción tarifaria a la implementación de la T-Mobilitat -los futuros títulos de transporte-. Todo esto, mientras partidos políticos, sindicatos, entidades vecinales y de defensa del transporte público, denuncian que Transports Metropolitans de Barcelona -la empresa que opera las lineas de metro y autobús– “mantiene una opacidad absoluta sobre su presupuesto y sobre el sueldo de más de 600 directivos, con un salario fuera del convenio y desconocido, y con coche oficial. Además, se mantiene en secreto el motivo por el que tantos cargos públicos de PSC y CiU ocupan puestos de dirección”, explica Pau Sotelo, uno de los portavoces del colectivo.
Junto a la retirada tarifaria, la plataforma persigue la convocatoria de una mesa social sobre tarifas y criterios de gestión, una reclamación que sindicatos como CCOO, UGT o CGT han venido reclamando en el Consejo de Movilidad de ATM, y que la entidad ha paralizado, mientras ha constituido una propia en la en la que participan la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la ATM.
Las movilizaciones impulsadas desde #StopPujades, cada vez más extensas desde su núcleo original en Nou Barris, Sant Andreu y Santa Coloma de Gramenet y en las que participan ya casi una cincuentena de colectivos, han ocasionado que el Ayuntamiento de Barcelona, por medio de su primer teniente de alcalde, Joaquim Forn, amenazase con la imposición de multas por las protestas y la paralización del servicio de metro. Una advertencia que llevó las huelgas de usuarios del transporte público fuera de las estaciones y que provocó cortes en las vías de acceso a Barcelona. La plataforma, al igual que todos los colectivos y organizaciones que la apoyan, señalan como uno de los responsables de la situación generada al propio equipo municipal de gobierno por seguir adelante con una decisión que está generando una importante respuesta popular.
El origen de las manifestaciones semanales planteadas por la plataforma fue el anuncio de una subida de hasta el 8% en las tarifas del transporte público para este año. El título de transporte que mayor incremento ha sufrido -un 5,1%- ha sido la T-10, la tarjeta de diez viajes que integra metro, bus, FGC y cercanías Renfe y utilizada por el 70% de los viajeros del área metropolitana. LaT-10 ha aumentado de precio un 71% en los últimos 10 años, y alcanza ya un precio de 10,30 euros, indica Sotelo que observa que “se ha pasado la línea roja de los 10 euros. Cada vez se ayuda más a los ricos y menos a los pobres.” Las subidas de este 2014 “han penalizado a la mayoría de los usuarios de tarifa integrada, que usan la T-10 y la T-50/30 -el 80% de los usuarios según la propia ATM-, con aumentos muy por encima de la inflación, 17 veces el IPC en el caso de la T-10”, insisten desde la plataforma que juzga que “este aumento continuado de las tarifas que afecta todas las zonas, y además muy por encima de los incrementos del IPC, convierten el transporte público, pagado por todos, en un lujo para los usuarios y un trasvase de fondos públicos a las empresas privadas que lo gestionan”.
StopPujades considera que tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat están repercutiendo en el usuario la deuda de ATM y demanda conocer “cómo y de qué manera se lleva a cabo la gestión del transporte público” manifiesta el portavoz de la plataforma. Una deuda agrandada por las desviaciones presupuestarias en las obras de las líneas 9 y 10 de metro, actualmente paralizadas y que han ocasionado el recorte de servicios en las líneas de autobuses, especialmente en los recorridos de proximidad.
