La guerra civil de Sierra Leona (1991-2002) es recordada como uno de los conflictos más brutales de la historia reciente de África, con más de 70.000 muertos y 2.6 millones de desplazados. Este conflicto, alimentado por la codicia y la violencia, tuvo como uno de sus principales combustibles los «diamantes de sangre», piedras preciosas extraídas en condiciones de esclavitud y vendidas para financiar las atrocidades del Frente Revolucionario Unido (FRU). En el centro de esta trama internacional, una empresa con sede en Andorra, Orfund, ha sido señalada como un actor clave en el comercio ilícito de estas gemas, implicando a figuras prominentes del Principado y a empresarios europeos.
El Contexto de los Diamantes de Sangre
Los «diamantes de sangre» son gemas extraídas en zonas de conflicto y vendidas para financiar guerras civiles, actividades insurgentes y violaciones masivas de derechos humanos. En Sierra Leona, el FRU, una milicia paramilitar liderada por Foday Sankoh y apoyada por el expresidente liberiano Charles Taylor, controlaba las minas de diamantes en regiones como Kono y Boedu. Civiles, incluidos niños, fueron esclavizados y forzados a trabajar en condiciones inhumanas, mientras los diamantes extraídos financiaban la compra de armas y municiones, prolongando un conflicto que dejó cicatrices imborrables en el país.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, consciente del papel de estas gemas en el conflicto, prohibió en julio de 2000 la importación de diamantes de Sierra Leona sin certificación oficial. Sin embargo, redes internacionales encontraron formas de eludir estas sanciones, utilizando países vecinos como Liberia para blanquear los diamantes y presentarlos como legales en el mercado global GCS2global.
Orfund y su Rol en el Escándalo
Orfund, una empresa con sede en Andorra fundada en 1994, se convirtió en un nodo central de esta red ilícita. Según investigaciones de la Audiencia Nacional de España y testimonios de víctimas, Orfund, a través de sus filiales en Liberia, Blue Stone y DiAndorra, adquiría diamantes extraídos por esclavos en Sierra Leona y los exportaba a Europa, principalmente a través de la empresa belga Cindam. Estas operaciones, que generaron beneficios estimados entre 4 y 15 millones de euros, involucraban a empresarios andorranos, españoles y belgas, y contaban con la protección de figuras como Charles Taylor, condenado a 50 años de prisión por crímenes de guerra.
Manuel Terrén Parcerisas, un empresario español residente en Brasil y accionista de Orfund, ha sido identificado como una figura clave en esta trama. Detenido en Málaga en julio de 2024, Terrén supervisaba la compra de diamantes al FRU y su blanqueo a través de empresas pantalla en Liberia, que declaraban las gemas como extraídas localmente para evadir el embargo de la ONU. Otro nombre destacado es Jordi Cinca, exministro de Finanzas de Andorra y accionista de Orfund, quien habría establecido contactos diplomáticos para facilitar estas operaciones.
La Conexión Andorrana
Andorra, un pequeño principado conocido por su discreción financiera, emergió como un centro estratégico para la gestión de los fondos generados por los diamantes de sangre. Orfund, dirigida por figuras como Cinca y Terrén, utilizaba cuentas en bancos como Crèdit Andorrà y el holandés Artesia Bank para realizar transferencias que financiaban las operaciones en África. La querella presentada por Aiah Ngekia, un exesclavo de las minas de Sierra Leona, detalla cómo Orfund pagaba al FRU por los diamantes, permitiendo a la milicia adquirir armamento.
La implicación de figuras de alto perfil, como Cinca, quien también estuvo vinculado a los Papeles de Panamá por una empresa offshore, ha generado preguntas sobre la transparencia del sistema financiero andorrano en los años 90. Aunque las autoridades andorranas archivaron una investigación inicial en 2017, las recientes acusaciones han reavivado el escrutinio sobre el Principado.
Las Investigaciones Judiciales
La investigación en España, liderada por el juez Alejandro Abascal y apoyada por el fiscal Pedro Martínez Torrijos, comenzó en enero de 2022 tras la querella de Ngekia. La Audiencia Nacional ha acusado a Terrén de crímenes contra la humanidad, esclavitud y pertenencia a organización criminal. A pesar de que los hechos ocurrieron hace más de 25 años, los delitos de lesa humanidad no prescriben según la legislación internacional, lo que mantiene viva la causa.
Testimonios de víctimas como Ngekia han sido cruciales. En 2022, Ngekia relató ante la Audiencia Nacional cómo fue forzado a trabajar en las minas de Tombodu, presenciando la muerte de amigos por agotamiento y violencia. Los investigadores también han analizado documentos del Tribunal Especial para Sierra Leona y sentencias contra paramilitares para reconstruir la red de Orfund.
La cooperación internacional ha sido esencial. La Policía Federal brasileña colaboró en la detención de Terrén, mientras que Bélgica ha solicitado información sobre las operaciones de Cindam. Sin embargo, la jurisdicción universal plantea desafíos, especialmente en Andorra, donde la legislación limita la persecución de delitos cometidos en el extranjero.
Impacto y Consecuencias
El caso de los diamantes de sangre ha puesto de manifiesto la complicidad de actores internacionales en los crímenes de Sierra Leona. El Proceso de Kimberley, establecido en 2003 para certificar la procedencia de los diamantes, ha reducido la circulación de diamantes de conflicto, pero su implementación sigue enfrentando desafíos. La detención de Terrén y la investigación en curso podrían sentar un precedente para la rendición de cuentas de empresarios involucrados en este tipo de crímenes.
En Andorra, el escándalo ha dañado la imagen del Principado como un centro financiero confiable. La implicación de figuras como Cinca, quien ocupó cargos de poder político, plantea preguntas sobre la supervisión de las actividades financieras en el país durante los años 90.
Voces de las Víctimas
El testimonio de Aiah Ngekia es un recordatorio del costo humano de los diamantes de sangre. Secuestrado por el FRU, Ngekia trabajó en condiciones de esclavitud, bajo la vigilancia de niños soldados armados. Su denuncia, respaldada por ONG como Civitas Maxima, busca justicia no solo contra Terrén, sino contra todos los responsables de Orfund. Otros testigos, como exempleados de la empresa, han confirmado que los diamantes de Liberia eran de baja calidad, mientras que los de Sierra Leona eran adquiridos directamente del FRU.
El Futuro del Caso
La libertad provisional de Terrén, otorgada en 2024 por motivos de salud, no ha detenido la investigación. El juez Francisco de Jorge ha rechazado la prescripción del caso, argumentando que los crímenes contra la humanidad no tienen límite temporal. La Audiencia Nacional planea interrogar a más testigos, incluyendo accionistas de Orfund como Joan Samarra y Josep Lluis Buch, para esclarecer el alcance de la red.
El caso también podría tener implicaciones para Andorra, donde la falta de acción judicial previa ha sido criticada. La presión internacional podría forzar una revisión de las leyes de jurisdicción universal en el Principado, especialmente si se confirman los vínculos con figuras políticas de alto perfil.
El caso de los diamantes de sangre de Orfund es un sombrío recordatorio de cómo la codicia puede alimentar las peores atrocidades. La conexión andorrana, liderada por figuras como Manuel Terrén y Jordi Cinca, revela la complejidad de las redes internacionales que lucraron con el sufrimiento de Sierra Leona. Mientras la Audiencia Nacional avanza en su investigación, el mundo observa si la justicia podrá alcanzar a los «peces gordos» implicados, ofreciendo un atisbo de reparación a las víctimas de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente.
