DESPRE-OKUPADOS

altEn Travessera de Gràcia 181, antes había una oficina de la desaparecida Caixa Tarragona. En enero de 2012, meses después de la absorción de esta entidad por parte de Catalunya Caixa (hoy, a su vez, absorbida por BBVA), esta oficina, vacía desde unos meses atrás, pasó a ser un local okupado,

 

 

En Travessera de Gràcia 181, antes había una oficina de la desaparecida Caixa Tarragona. En enero de 2012, meses después de la absorción de esta entidad por parte de Catalunya Caixa (hoy, a su vez, absorbida por BBVA), esta oficina, vacía desde unos meses atrás, pasó a ser un local okupado, convirtiéndose en el Centro Social Tres Lliris y, finalmente el lugar de encuentro vecinal autogestionado que es hoy día, y que recibe el ingenioso nombre de Banc Expropiat.

 

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En 2014, la empresa Antartic Vintage compró a Catalunya Caixa el local okupado. Manuel Bravo Solano, gerente de Antartic, se personó en el Banc Expropiat para acreditar dicha venta e intentar el desalojo, convenido y pacífico, con los regentes del Banc. Ante la negativa, inició los trámites legales para un desalojo mucho menos convenido y pacífico, obteniendo en beneplácito que inspiran los juzgados. Hasta tres amenazas de desalojo sobrevolaron la cabeza del Banc, todas postergadas.

 

En mayo de ese mismo año, se produjeron los, a la postre, célebres disturbios de Can Vies, centro social situado en Sants y emblemático local okupado desde 1997. Del 24 al 28 de mayo, la orden de precinto y derribo del consistorio, encabezado por el atiguo alcalde de CiU, Xavier Trias, desembocó en numerosas protestas, pacíficas y no, con intervenciones de las fuerzas antidisturbios incluidas.

 

Finalmente, ante la presión ciudadana, el consistorio dio marcha atrás en su decisión y se iniciaron tareas de reconstrucción, suspendiéndose la orden de desalojo.

 

Cuatro convocatorias electorales en un mismo año, han de condicionar, o , las medidas gubernamentales. Y el equipo de Xavier Trias era muy consciente de que un nuevo caso Can Vies era irreproducible, con unas elecciones municipales previstas para mayo de este año. Así pues, en enero, se firmo un contrato de arrendamiento, válido por un año, entre Antartic Vintage y el Ayuntamiento de Barcelona, por el cual, la empresa de Manuel Bravo recibiría, en concepto de alquiler del local de Travessera, 5500€ mensuales, por parte del consistorio. De este modo, se conseguía ciertapaz“, hasta acabado el año electoral.

 

El mismo Manuel Bravo solicitó la suspensión de la orden de desalojo de su local, en febrero, ante la desconfianza de los miembros del Banc Expropiat, que auguraban acciones futuras más duras. Nada más lejos de la realidad

 

Tras la derrota del equipo de Trias en las elecciones de mayo, el 12 de junio, día previo a la toma de posesión como alcaldesa de Ada Colau, Maite Fandos, exconcejal del distrito de Gràcia, comunicó la existencia de este contrato a los vecinos que regentan el Banc. Fandos argumentó la decisión en la satisfacción del consistorio en lo referente a la labor social de centro y la necesidad de consolidar su función, sin la amenaza constante del desalojo.

 

Para los vecinos, sin embargo, la firma de este contrato sólo ha buscadocomprar la paz social en año de elecciones“. Repudian la actitud del consistorio, pero se reafirman en mantener la funcionalidad del centro, como punto neurálgico del intercambio de conocimientos y recursos del barrio de Gràcia, a la espera de que finalice ese contrato, y se puedan buscar soluciones alternativas para la continuidad del centro.

 

El asunto plantea situaciones harto curiosas. El movimiento del antiguo equipo de gobierno municipal es sublime. La estrategia contenta al propietario del local, rebaja la tensión del movimiento vecinal y okupa y se sufraga a cargo, y a espaldas, de los contribuyentes, pues, como bien es sabido, se trabaja mejor con el dinero ajeno. Si el resultado electoral de mayo hubiese sido otro, CiU hubiese conseguido la cuadratura del círculo. Y no quedan demasiadas dudas a la hora de adivinar cual hubiese sido el destino del local a partir de enero de 2016.

 

Trias y su equipo se han comportado de forma políticamente intachable, y éticamente cuestionable.

 

Manuel Bravo no tiene quejas al respecto. El ayuntamiento le ha brindado la oportunidad de convertir un problema, en un gran beneficio. Nunca mejor dicho, bravo. La situación dará, o no, un vuelco a partir de 2016. Visto el historial social de Ada Colau, es probable que Bravo tema por su inversión.

 

El Banc Expropiat ha quedado en una situación parcialmente incómoda. Una vez conocido el contrato, los principios del movimiento okupa del centro social han quedado seriamente dañados. A los miembros se les ha puesto en la vicisitud de decidir qué hacer mientras dure este inoportuno contrato, que contraviene su espíritu altruista y reaccionario contra el capitalismo. Aún así, no tienen muchas más opciones que la de presentar al antiguo consistorio como el malvado que ha operado a sus espaldas (de hecho, en parte, ha sido así) y ante el que no van a claudicar, manteniendo las actividades y el funcionamiento del centro como hasta ahora. Es probable que las personas que dirigen el Banc sean los que deseen que llegue 2016 con más ahínco.

 

Y, como de costumbre, todo contribuyente barcelonés habrá ejercido, precisamente, de contribuyente mecenas, con el característico (des)ánimo de lucro que muestra aquel que no se entera de donde van destinadas las cuantías de sus impuestos.

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