Una cuarentena de organizaciones, entidades y movimientos sociales de Catalunya han presentado hoy, ante el TSJC en Barcelona, un manifiesto unitario ante el anuncio de reforma del Código Penal en relación con el delito de desórdenes públicos. La iniciativa nace bajo el lema ‘Ante la propuesta de reforma del Código Penal, basta criminalización de la protesta’ y vehicula el malestar generalizado de entidades y organizaciones de la sociedad civil.

También sostiene la necesidad de dar una respuesta unitaria, dado que la proposición incorpora cambios en el delito de desórdenes públicos que abren la puerta al aumento de la represión contra el derecho a protestar libremente. De este modo, la reforma «supondría una vulneración de derechos e intensificaría la tendencia represiva de los últimos años».

En el manifiesto -abierto a nuevas adhesiones en defensaprotesta.org– leído por Paula Carmona de la Comisión Jurídica del movimiento por la vivienda, se afirma que «ante la actual tramitación de la propuesta de reforma de estos delitos, exigimos que el Código Penal se adecue a los estándares internacionales sobre derechos humanos. No queremos ningún Código Penal que criminalice las actuaciones sociales que defienden y conquistan derechos humanos para todas. Por esta razón, a pesar de no estar de acuerdo con el actual Código Penal, pedimos que durante el trámite parlamentario no se agravien los delitos de desórdenes públicos para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta».

Desde el movimiento feminista, Alba Gual, ha explicado que «se nos persigue cuando nos organizamos y salimos a la calle, lo estamos viviendo en el caso del colectivo Hi èrem totes con las acusaciones y por sentar en el banquillo a nuestras compañeras por participar en una huelga general feminista».

Pol Gabarró, representante del movimiento sindical, ha hecho extensiva esta situación a otros movimientos: «La memoria inmediata nos recuerda las multas y juicios al movimiento por la vivienda, en la lucha sindical, a las huelgas generales feministas, a las más de 4.000 personas represaliadas del movimiento independentista y al movimiento ecologista, entre otros.​​​​​​ Toda forma de lucha que tiene posibilidades de desestabilizar el régimen del 78 ha sido atacada y continúa en su punto de mira del Estado español.»

Marta Daviu, del Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC), ha pedido «la no aplicación de la Reforma del Código Penal que agravia los desórdenes públicos», así como también ha exigido «a los partidos políticos votar en contra.»

Finalmente, Dídac Navarro, de Ecologistas en Acción, ha aprovechado para hacer un llamamiento a la participación en la concentración convocada para mañana jueves 1 de diciembre a las 19:30 h ante la Delegación del Gobierno (C/Mallorca, 278), reafirmando que «formamos una alianza unitaria con movimientos sociales de todo tipo, colectivos en defensa de la vivienda, sindicatos, movimientos ecologistas, feministas e independentistas, entidades de defensa de los derechos humanos… para decir que NO permitiremos que nos retiren las pocas herramientas que disponemos para defendernos contra quienes ostentan el poder.​​​​»

Las organizaciones alertan que, si no se atiende a esta demanda, abrirán un nuevo ciclo de movilizaciones hasta conseguirlo.

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