El pleno extraordinario del Parlament de Catalunya ha aprobado, como estaba previsto, una proposición de ley para pedir al Congreso de los Diputados que transfiera a la Generalitat la competencia para poder convocar el referéndum previsto para el 9 de noviembre. Ni el voto ni el debate anterior supuso ningún cambio en las posiciones de salida previamente anunciadas y la división del PSC ante el proceso soberanista quedó expuesta en los tres votos favorables a la proposición y desmarcados así del “no” acordado por el Consell Nacional de los socialistas catalanes.
La propuesta para pedir en el Congreso la transferencia de la competencia para convocar referendos, en virtud del artículo 150.2 de la Constitución, quedó aprobada con los votos favorables de Convergència i Unió, ERC, Iniciativa y los tres votos disidentes del PSC, en una jornada marcada como un nuevo paso en el itinerario soberanista trazado por Mas y Junqueras -que no intervinieron en el debate- y escenificada como un debate clave en este proceso y que, sin embargo, y más allá de las tensiones creadas con ello en el seno del PSC, único resultado visible de la iniciativa, no tendrá demasiado recorrido en el Congreso de los Diputados. La CUP mantuvo su anunciada abstención que ha provocado un pequeño rifirrafe con CiU, y PP y Ciutadans votaron en contra.
El propósito de la proposición, como quedó claro en las intervenciones de Marta Rovira (ERC), Jordi Turull (CiU) y Dolors Camats (ICV), es aprovechar el rechazo de PP y PSOE a la celebración de un referéndum para justificar la convocatoria de una consulta de manera unilateral. Así, Rovira reconoció que la votación era “un paso simbólico” y aventuró que la consulta se hará “por encima de negativas políticas y constitucionales”, mientras que Camats, consideró que la propuesta aprobada agota las posibilidades de hacer una consulta legal. La negativa del Congreso, aseguró, legitimará al Parlament para continuar adelante con la celebración de la consulta independentista sin el permiso del Estado español. Una posición compartida con la Generalitat y que lleva aparejada la convocatoria de unas elecciones autonómicas, como han recalcado numerosas voces, encabezadas por Artur Mas, “plebiscitarias” como salida más probable al “no” al traspaso de las competencias y la imposibilidad de realizar la consulta del 9 de noviembre.
Pero por encima de todo, la petición para el traspaso de competencias para efectuar la consulta se convirtió en un día clave para el PSC, que volvió a ir a remolque de una agenda política que no controla y que amenaza con romper el partido a poco de las elecciones europeas y a un año de las municipales. Tras la renuncia a su escaño del alcalde de Lleida, Àngel Ros, que, de este modo, se evitaba votar “no”, romper así la disciplina de voto, y asegurarse, por el momento, la alcaldía, llegó el anuncio que otra de las críticas con la dirección de Pere Navarro, Rocío Martínez-Sampere, acataría finalmente la decisión del Consell Nacional de votar en contra de esta petición. Martínez-Sampere, además, anunció que dimitiría de sus cargos en la ejecutiva socialista para mantener abiertas sus posibilidades en las primarias del partido para ser la candidata del PSC a la alcaldía de Barcelona.
Tres diputados del PSC, Joan Ignasi Elena, Núria Ventura y Marina Geli, rompieron la disciplina del partido y votaron a favor de pedir el traspaso para celebrar la consulta. El resultado de su decisión fue una larga ovación que les dedicaron tanto los diputados de CiU y ERC, como toda la tribuna de invitados, entre otros, el alcalde de Barcelona, el convergente Xavier Trias, y exsocialistas, como Ernest Maragall. El líder del PSC, Pere Navarro, ha pedido a los diputados críticos que sigan el ejemplo de Ros y abandonen su escaño. En este sentido, el alcalde de Lleida avanzó que trabaja para que no se expulse a los discrepantes con la línea oficial del PSC y “se respete la pluralidad”. Una línea continuada por Marina Geli en su posterior explicación del sentido de sus votos. Para Geli, Elena y Ventura, su voto “es fiel al partido y a los socialistas” y calificaron de “simplemente instrumental”, como una de las cinco formas de realizar la consulta. La exconsejera de Sanidad dijo que “votaría probablemente “no” a la independencia” y se mostró partidaria de la “libre asociación” con España al modo de “Baviera con Alemania”. Los diputados críticos justificaron su decisión por “coherencia” y “la necesidad de cambio en la política” y “no dejar el derecho a decidir y la consulta en manos de los independentistas”. Maurici Lucena (PSC), en el debate sobre el traspaso, habló de “teatro” e “impostura” y acusó a la mayoría soberanista del Parlament de “ensayar” el camino hacia las elecciones plebiscitarias -”que es lo que quieren”- con una iniciativa que sólo busca evidenciar el rechazo del Congreso, del PP y del PSOE, a la “vía unilateral” decidida por CiU y ERC. “Queremos que nuestro país siga unido al resto de España, pero queremos un encaje federal”, resumió el portavoz socialista, en un discurso con un constante murmullo de fondo.
Los otros dos partidos contrarios, PP y Ciutadans, coincidieron en pedir a Mas que acuda al Congreso para defender el referéndum de la misma forma que hizo el lehendakari Juan Jose Ibarretxe. Tanto Alicia Sánchez-Camacho como Albert Rivera han animado a aceptar democráticamente el resultado que se de en el Congreso, “como hacemos nosotros en el Parlament”, han vuelto a coincidir.
Las tensiones en el seno del socialismo catalán fueron aprovechadas por el presidente del grupo de CiU en el Parlament, Jordi Turull, que opinó que el PSC, con su voto contrario, «entierra» la tradición de la unidad de todos los partidos catalanistas en todo lo relacionado con el autogobierno. «Estamos en el siglo XXI y a nadie debe asustarle la democracia», explicó Turull, que insistió que tanto CiU como el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tienen clara la ruta a seguir.
