Brasil planea privatizar la atención sanitaria a los pueblos indígenas

altLa población indígena de Brasil está acostumbrada al sufrimiento y las amenazas. No en vano, los pueblos originarios brasileños llevan décadas sufriendo la expulsión de sus tierras; la presión de los fazendeiros bajo la forma

 

 

La población indígena de Brasil está acostumbrada al sufrimiento y las amenazas. No en vano, los pueblos originarios brasileños llevan décadas sufriendo la expulsión de sus tierras; la presión de los fazendeiros bajo la forma de plantaciones de soja transgénica, ganado o pistoleros a sueldo, o la desestructuración de sus comunidades a golpes de violencia y desarraigo. A todo ello los pueblos indígenas han venido respondiendo con una resistencia muy desigual en lo que a fuerzas se refiere. Ahora, toda la larga e inmemorial lista de agresiones se ve ampliada con una nueva embestida: la privatización de su sistema público de salud.

 

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Las alarmas se encendieron definitivamente el pasado 1 de agosto. Ese día Antônio Alves, Secretario Especial de Salud Indígena, se reunía en Brasilia con el ministro de Salud, Arthur Chioro, del Partido dos Trabalhadores (PT), para plantearle su propuesta de nuevo modelo para asistencia sanitaria de las comunidades indígenas. En realidad, ya hacía varios meses que se venía trabajando en esta idea y, de hecho, algunos documentos ya circulaban por los despachos de Alves desde finales del pasado año. En la práctica, los cambios barajados se centran en la creación de un nuevo organismo autónomo, el Instituto Nacional de Salud Indígena (INSI) que asumiría la gestión directa de la atención sanitaria a las comunidades indígenas.

 

La propuesta llega solo cuatro años después de la creación, dentro del Ministerio de la Salud, de laSecretaria Especial de Salud Indígena (SESAI). Esta institución venía a ser una respuesta a las demandas indígenas que reclamaban una sanidad pública, directamente vinculada al ministerio, frente a la política desarrollada hasta ese momento a través de la Fundación Nacional de Salud, en la que primaba la externalización de servicios.

 

El modelo públicovenía acompañado de un destacado incremento en las inversiones, aunque limitado teniendo en cuenta la enorme tarea pendiente. Así, si en 2008 el presupuesto destinado a la sanidad de las comunidades indígenas apenas superaba los 360 millones de reales (unos 120 millones de euros),  el pasado ejercicio se cerraba con un gasto de 1.136,4 millones de reales (378.8 millones de euros)[1]. Buena parte de esa partida presupuestaria debía de serabsorbida por los gastos de personal. De hecho, la atención sanitaria a los pueblos originarios ocupaba el pasado año a19.280 empleados, de los cuales el 39% procedería de la propia población indígena. Además, uno de los acuerdos alcanzados entre los pueblos indígenas para la creación de la SESAI, incluía el compromiso de cubrir antes del 31 de diciembre de 2015 con profesionales de la sanidad pública las plazas ocupadas actualmente mediante convenios con tres ONG.

 

Y es aquí donde comienzan los supuestos problemas. De hecho, desde el ministerio se destacan las dificultades para poner en marcha una convocatoria de contratación de empleados públicos para una labor con peculiaridades tan amplias como la vinculada a la salud indígena. En este sentido, los responsables ministeriales alertan de la dificultad para encontrar candidatos estables para unas plazas que obligan  a afrontar grandes distancias, permanecer durante meses en aldeas con difíciles comunicaciones, por no hablar del reto que supone una realidad pluricultural con más de 270 lenguas.

 

Sin embargo, para las comunidades indígenas y las entidades que respaldan sus reivindicaciones consideran que detrás de estos argumentos se esconde una falta de voluntad política y un paso atrás en la gestión de la salud de las comunidades indígenas, tras las que se esconden prácticas de tercerización y privatización de la gestión a través del futuro INSI. En realidad, no le faltan motivos para la desconfianza porque, de hecho, en 2013 el Ministerio de Salud ni siquiera autorizó la convocatoria de los dos concursos públicos que había solicitado la SESAI para cubrir 4.203 plazas y otras 2.674 temporales.

 

Ante esta situación algunos fiscales han ido más allá y han abiertoun procedimiento en el Tribunal Regional de Trabajo de Brasilia. Los fiscales consideran que la SESAI está incumpliendo su compromiso de atender con personal público los 12.200 empleos que actualmente están cubriendo ONG conveniadas. Por este motivo, solicitan que esta entidad sea sancionada con una multa de 326,9 millones de reales (108,9 millones de euros). Según aseguran en su escrito los fiscales, fechado el pasado mes de febrero, la entidad gubernamental, “con desfachatez, confiesa que no tiene intención de realizar el concurso y pretende realizar un acuerdo jurídico-institucional que consistiría en pasar la gestión a una organización social”[2].

 

Unas críticas que son rechazadas desde el Gobierno Federal, desde donde se defiende que el proyecto del INSI es un intento de modernizar el programa de atención sanitaria a las comunidades indígenas. Así lo defendía el propio ministro, Arthur Chioro, quien defendió la propuesta como “un intento de modernización del subsistema de atención a la salud indígena, en consonancia con las necesidades reales de las aldeas y de acuerdo con las propuestas presentadas en la última Conferencia Nacional de Salud Indígena, realizada el año pasado. Esta propuesta crea una estructura de gestión adecuada a la realidad que tenemos en  la salud indígena”[3].

 

En este sentido, el ministerio pretende aplicar a este sector unos criterios de gestión similares a los que se vienen aplicando a la Rede Sarah, un sistema de hospitales de rehabilitación financiados con dinero público pero gestionado a través de una entidad privada. Sin embargo, para el Conselho Indigenista Missionário (Cimi), una entidad vinculada a la Iglesia católica contraria a la propuesta, el referente no podía ser más desafortunado. “El modelo de los hospitales de la red Sarah ha sido considerado la forma más explícita de terciarización, privatización y derroche de dinero de la salud pública en el país, debido a los elevados costes de administración y ejecución de los servicios prestados y falta de control social sobre los hospitales ligados a la red”, subrayan[4].

 

Además de revindicar la consolidación de un modelo de sanidad pública para la población indígena, el CIMI denuncia que el proyecto prevé marginar la presencia de los colectivos indígenas en los órganos de control del futuro INSI, al contar solo con tres representantes en un consejo de 13 miembros. Además, la entidad critica que todo este proceso se esté realizando de espaldas a las poblaciones indígenas. A su juicio, “la SESAI, a través de sus administradores, excluyó a los pueblos indígenas, al Consejo Nacional de Salud y a la Comisión Intersectorial de Salud Indígena de los debates y del proceso de discusión sobre la propuesta de creación de este instituto. Es lamentable la falta de respeto con que el gobierno trata a las poblaciones indígenas y de nuevo demuestra con esta reforma absurda que continúa a contramano de todo lo que ha sido propuesto y construido por los pueblos indígenas en las últimas décadas”.

 

Lagunas informativas

 

En realidad, el oscurantismo y la falta de transparencia en los asuntos que tienen que ver con la salud indígena no son nuevos. Por lo pronto, varias auditorias han puesto de manifiesto que el ministerio de Salud gasto de forma irregular unos 6,5 millones de reales (2,1 millones de eurosdurante los ejercicios 2011 y 2012[5]. Entre otras anomalías, los informes han sacado a la luz duplicidad en el pago de algunos equipos, descontrol en el pago de dietas, alquiler de vehículos sin comprobantes, etcétera. Unas irregularidades que, según los responsables de las auditorias, podrían seguir produciéndose y que estarían íntimamente ligadas a la tercerización del servicio a través de tres ONG: la Misión Evangélica Caiuá, la Sociedad Paulista para el Desarrollo de la Medicina y el Instituto de Medicina Integral Profesor Fernando Figueira. Las tres organizaciones recibieron el pasado año un total de 574,1 millones de reales (191 millones de euros). Pero de todas, es la Misión Evangélica Caiuá, ligada a la Iglesia Presbiteriana, la que mayores fondos viene recibiendo, siendo la gran beneficiada en este proceso, pasando de recibir 36 millones de reales en 2010 a 334,7 millones en 2013. Este año, la ONG evangelista tiene previsto recibir cerca de 422 millones de reales[6].

 

Ante todas estas sombras, no resulta extraño que el pasado 6 de agostounos cuarenta líderes y representantes indígenas de la región de Rio Negro, en el estado de Amazonas, reunidos en São Gabriel de Cachoira –primer municipio brasileño en elegir un alcalde indígena-, redactaran una carta pública en la que abiertamente se preguntaban: “¿Dónde fue a parar todos estos años el dinero de la Salud Indígena?”. En este sentido, los firmantes del manifiesto no ocultan su pesimismo ante la situación: “Las acciones promovidas hasta ahora para mejorar la salud indígena no han tenido efecto, y si lo han tenido, ha sido un efecto contrario al esperado. Existe una violación de los derechos indígenas, legítimos y garantizados constitucionalmente, en el área de salud. Por eso deberán ser investigadas todas las prácticas de gestión administrativa y los cambios que se apuntan. Los pueblos indígenas de Rio Negro, que representan el 10% de Brasil, queremos saber adónde fue a parar el dinero de salud indígena”[7].

 

Y es que no pocas veces, los grandes números aportados por el gobierno se limitan a pomposos ejercicios de propaganda. Un buen ejemplo lo podemos ver en las actuaciones previstas para el saneamiento básico de las aldeas indígenas. El gobierno aprobó el pasado año una partida de 27,3 millones de reales (9,1 millones de euros) destinada a estos trabajos, sin embargo, al cerrarse el ejercicio tan solo había ejecutado un irrisorio 1,39% de este presupuesto. A ello se suma las sombras de la corrupción y las irregularidades que para algunos podrían verse reforzadas con los cambios proyectados en el sistema y la privatización de la gestión[8].

 

Mientras tanto, el panorama sanitario de las poblaciones indígenas continúa siendo desolador como bien sabe los representantes reunidos en São Gabriel da Cachoeira. Allí dos niños del pueblo Hupdá Maku murieron en enero de 2013 en la aldea de Taracuá tras sufrir vómitos, diarreas y fiebre sin que ni siquiera fueran visitadas por un médico. Al menos siete indígenas fallecieron por falta de atención o atención negligente según los datos reunidos por el CIMI en su informe sobre la violencia contra los pueblos indígenas. En él se incluyen además al menos 44 casos de desasistencia sanitaria por los diferentes estados brasileños que suman un total de 437 afectados directos por falta de médicos, medicamentos, saneamiento de aguas, desatención por problemas en los transportes, etcétera.

 

Aunque dos son los asuntos que más de manifiesto ponen de relieve la precaria asistencia sanitaria a las poblaciones indígenas en el Brasil. Un es la elevada mortalidad infantil que estas comunidades siguen presentado. Según los datos provisionales, fueron unos 693 niños indígenas de entre 0 y 5 años los fallecidos en pasado año. Llama especial atención el caso del pueblo Yanomami, cuya mortalidad infantil se incrementó un 43,5% en 2013. Igualmente, en el estado de Mato Grosso do Sul la mortalidad infantil roza afecta a 46 de cada mil nacidos, mientras que los datos oficiales sitúan la media brasileña por debajo de 20 de cada mil.

 

Aunque la gran epidemia que afecta a las comunidades indígenas brasileña  esa es, sin duda, el suicidio. En total, durante el pasado año se registraron 73 casos, lo que representó un incremento del 27,3% respecto al ejercicio anterior. Un fenómeno en crecimiento que, además, se ceba con especial crudeza en las poblaciones Kaiowá-Guaraní de Mato Grosso do Sul, que sufrió el 99% de los casos registrados, en su mayoría jóvenes de entre 15 y 30 años. De hecho, los kaiowá presentan unos índices de suicidio cerca de veinte veces superiores a las tasas nacionales. Para los expertos, estos niveles de suicidio nos estarían poniendo de manifiesto que nos encontramos ante toda una generación afectada por el Trastorno de Estrés Postraumático, el mismo que afecta a los soldados que regresan de una guerra.

 

Y la comparación, por desgracia, no es exagerada. Porque lo que acaba llevando a decenas de jóvenes kaiowá a quitarse la vida, es una historia acumulada de expropiación de la tierra, de hacinamiento en reservas, de desestructuración, violencia, falta de futuro. También de olvido, a menudo cómplice, por parte de los poderes públicos brasileños. Un abandono del estado que ahora está a punto de escribir un nuevo capítulo con los planes privatizadores en los servicios sanitarios para las comunidades indígenas.

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