El Juzgado de Instrucción número 3 de Granada ha sobreseído el procedimiento penal en el que se imputaba a un individuo de nacionalidad belga, el cual era defendido por el abogado penalista Granada, Félix Fernández, de enviar marihuana a Holanda y Bélgica a través de una compañía de envíos postales.

El proceso se inició cuando la Unidad de Drogas y Delincuencia Organizada de la Policía Nacional (UDYCO) detuvo a esta persona bajo sospecha de utilizar una vivienda de alquiler turístico para enviar regularmente grandes cantidades de marihuana a los Países Bajos, específicamente a Holanda y Bélgica. Se llegó a afirmar que posiblemente había enviado cientos de kilogramos de cannabis utilizando este método.

Después de seguir los movimientos del sospechoso y los envíos realizados, la Policía Nacional interceptó un paquete en la provincia de Málaga que contenía aproximadamente 5 kilogramos de marihuana camuflados en embutidos ibéricos para ocultar el olor.

Ante estas acusaciones, se procedió a la detención del ciudadano belga, quien posteriormente fue puesto en libertad. Sin embargo, se inició un proceso en su contra por un delito relacionado con la salud pública, castigado con una pena de prisión de 1 a 3 años, según el Código Penal. Esto, sumado al hecho de que el individuo tenía antecedentes por casos similares, implicaba que una condena lo llevaría necesariamente a prisión.

Durante su declaración, el ciudadano belga afirmó que todo debía tratarse de un error, ya que él no había enviado drogas por paquetería y no tenía ninguna conexión con los hechos de los que lo acusaba la Unidad de Delincuencia Organizada de la Policía Nacional.

Ante estas acusaciones, el abogado delito contra la salud pública, que se encargó de su defensa, comenzó a trabajar en la defensa de su cliente, solicitando la comparecencia del propietario del apartamento desde el cual supuestamente se enviaba la droga, la persona a cargo de la gestión del apartamento, el personal de limpieza y todo el personal de la empresa de envíos que participó en la recogida y manipulación del paquete que contenía la droga.

Ninguno de los testigos pudo identificar al ciudadano belga como el inquilino del apartamento de alquiler turístico, ni como la persona que entregó el paquete al repartidor de la empresa de envíos, ni como la persona que envió cualquier tipo de droga a través de un paquete.

Por lo tanto, debido a la falta de pruebas sólidas que respaldaran las sospechas de la Policía Nacional contra esta persona, se procedió al cierre del caso debido a la falta de indicios que demostraran su culpabilidad en un delito relacionado con la salud pública. El Ministerio Fiscal también respaldó este cierre, lo que llevó al Tribunal de Instrucción número 3 de Granada a archivar y cerrar el caso contra esta persona, evitándole así una solicitud fiscal que podría haber resultado en una condena de hasta 3 años de prisión.

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