Albert Batlle siempre ha tenido esa pose de comisario casposo que actúa cobardemente en la sombra, al estilo de Miquel Badia. Hace casi cuarenta años que vive de sueldos públicos (Diputación, Ayuntamiento, Generalitat), principalmente otorgados por el PSC, pero también por CiU (fue jefe de los Mossos del 2014 al 2017). Actualmente, es quinto teniente de alcalde de Prevención y Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, bajo la militancia en Units per Avançar. Como ya lo definió El Independiente, se trata de “un socialdemócrata de misa dominical”.
La semana pasada tuvo la feliz idea de lanzar un discurso xenófobo en TV3, vinculando delincuencia e inmigración. En un speach sacado del programa de Vox, aseguró que “la cultura de la navaja es una tradición importada de otros países”. Puede que la ignorancia de sus palabras ofendieran hoy a los quinquistars de los setenta y ochenta, véase el Vaquilla o el Torete, célebres figuras del escapismo, burlones de la policía y auténticos ases del balisong filipino.
La CUP exige su destitución
Volviendo al tema que nos ocupa, hoy la CUP ha pedido encarecidamente su destitución. En un comunicado recuerdan como la Guardia Urbana de Barcelona, bajo el mando de Batlle, realiza indiscriminadamente identificaciones motivadas por el color de la piel, un “problema endémico” en el estado español, según constató la ONU.
La CUP también pone de manifiesto como Batlle encubrió a un agente de la Urbana que disparó contra una persona sin hogar en 2018, culpando a la víctima de propiciar que la policía le disparara. En 2019, Batlle también planteó lo que él llamó “el retorno asistido” de menores no acompañados, cuando en realidad quería decir deportaciones masivas.
Lo que la CUP plantea, aparte de la destitución de Batlle, es el cambio radical del modelo policial que en muchas ocasiones termina culpabilizando a la víctima y criminalizando a la pobreza. Además, destacan un hecho que con los años ha ido a peor: vivimos en un auténtico estado policial, constantemente vigilados por unos agentes mal preparados. Por eso, reclaman “la construcción de un modelo de convivencia y seguridad basado en el combate de las desigualdades, la prevención y la garantía de derechos”.
