En el imaginario colectivo, el terrorismo suele asociarse a explosiones, secuestros o ataques indiscriminados contra la población civil. Sin embargo, en el siglo XXI las amenazas evolucionan al mismo ritmo que la tecnología y la globalización. Hoy, un país puede ser desestabilizado sin que estalle una sola bomba. Basta con atacar su sistema agroalimentario. Animales enfermos, cultivos contaminados o alimentos bajo sospecha pueden desencadenar cierres de fronteras, desplomes bursátiles, sacrificios masivos de ganado y una pérdida de confianza que tarda años en recuperarse. Ese escenario tiene nombre: agroterrorismo.
Lejos de ser una fantasía distópica, el concepto figura ya en estrategias oficiales de seguridad y en los análisis de organismos internacionales. El agroterrorismo no busca necesariamente víctimas directas; persigue un daño estructural, económico y social. Aprovecha la interdependencia de los mercados, la sensibilidad de las cadenas de suministro y la fragilidad psicológica de la confianza alimentaria. En un mundo hiperconectado, un brote en una explotación concreta puede tener repercusiones inmediatas a miles de kilómetros.
España, potencia agroalimentaria y uno de los principales exportadores europeos de productos ganaderos, no es ajena a este debate. La pregunta ya no es si la amenaza existe —los expertos coinciden en que sí—, sino si estamos preparados para detectarla y contenerla antes de que se convierta en una crisis de alcance nacional.
El profesor Joaquín Goyache, investigador del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) de la Universidad Complutense de Madrid, lo define con precisión quirúrgica: el agroterrorismo es una forma de bioterrorismo de segunda generación. Ya no se trata, explica, de causar víctimas directas entre la población civil, sino de golpear allí donde más duele en una economía moderna: los animales, los cultivos y la cadena alimentaria. El objetivo no es el pánico inmediato de un atentado visible, sino la erosión silenciosa y profunda de la estabilidad económica, social y política de un país.
Golpear el campo para desestabilizar la ciudad
La lógica del agroterrorismo es tan fría como eficaz. Un brote grave en el ganado puede desencadenar una cadena de consecuencias devastadoras: cierre inmediato de mercados exteriores, suspensión de exportaciones, sacrificios masivos de animales, restricciones de movimiento, caída de precios en origen, pérdida de confianza de los consumidores y tensiones políticas. En economías donde el sector agroalimentario representa un porcentaje significativo del PIB y del empleo, el impacto puede ser sistémico.
Goyache lo explica en un artículo publicado por la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España: algunos de los patógenos que afectan a animales son zoonóticos, es decir, pueden transmitirse a las personas. En ese caso, el daño se amplía del ámbito económico al sanitario. La frontera entre sanidad animal y salud pública se difumina, y lo que comenzó como un ataque a una cabaña ganadera puede terminar convirtiéndose en una crisis de salud pública.
La historia reciente ofrece ejemplos elocuentes de cómo un brote —natural o no— puede sacudir a un país. La fiebre aftosa en el Reino Unido en 2001 provocó el sacrificio de millones de animales y pérdidas multimillonarias. La gripe aviar ha obligado a cerrar explotaciones y ha alterado mercados internacionales. Y en España, la reciente preocupación por la peste porcina africana (PPA), aun sin afectar directamente a granjas productivas, ya ha tenido consecuencias económicas notables.
Según estimaciones del propio sector porcino, el impacto directo de la PPA supera los 150 millones de euros, pese a tratarse de un brote muy localizado que no ha afectado a explotaciones comerciales. Si ese es el coste de un episodio limitado, ¿qué ocurriría ante un ataque deliberado diseñado para maximizar el daño?
Un riesgo reconocido por el Estado
La amenaza no ha pasado desapercibida para las autoridades. En su primera Estrategia Nacional contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el Gobierno español incluye una mención específica al agroterrorismo. El documento reconoce que la agricultura y la ganadería son objetivos potenciales de ataques destinados a causar “daños económicos y sociales importantes”. Atacar el campo, en definitiva, es una forma indirecta pero extremadamente eficaz de golpear a un país.
El texto subraya que los laboratorios que trabajan con patógenos capaces de afectar a cosechas o ganado estarán incluidos en las medidas del Plan Nacional de Biocustodia, actualmente en revisión. Pero también advierte de la necesidad de mantener la vigilancia sobre las zonas de producción y sobre la cadena alimentaria.
Al mismo tiempo, el Gobierno confía en que el impacto de un eventual ataque sería “limitado” gracias a los sistemas de inspección y control de alimentos exigidos por la normativa europea y nacional. Además, apunta que la diversidad dietética disponible en España tendería a diluir los efectos sobre la salud o la economía.
Este optimismo institucional no siempre es compartido por los productores. El sector porcino, uno de los pilares de las exportaciones agroalimentarias españolas, sabe que basta la sospecha de un brote grave para que terceros países cierren sus fronteras. En un mercado global, la percepción de riesgo puede ser tan dañina como el riesgo real.
No es una fantasía histórica
La utilización de agentes biológicos como arma de guerra no es nueva. A lo largo de la historia, diferentes potencias han experimentado con patógenos para debilitar al enemigo. En el siglo XX existen casos documentados de programas estatales que investigaron el uso ofensivo de microorganismos, así como de grupos extremistas que intentaron provocar brotes deliberadamente.
Aunque los ataques “puros” de agroterrorismo han sido escasos y, en muchos casos, difíciles de demostrar, los precedentes muestran que la tentación de utilizar la biología como arma ha existido —y sigue existiendo—. La diferencia es que hoy el impacto potencial es mayor. La globalización ha creado cadenas de suministro extensas y altamente interdependientes. Un brote en un punto concreto puede tener repercusiones inmediatas en mercados lejanos.
Además, la revolución biotecnológica ha reducido costes y ha democratizado técnicas que hace apenas unas décadas estaban restringidas a laboratorios altamente especializados. La manipulación genética de microorganismos, la síntesis de secuencias biológicas o la edición genómica son herramientas con aplicaciones científicas y médicas legítimas, pero también con un potencial de uso indebido.
La advertencia internacional
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) recuerda que la inmensa mayoría de los brotes de enfermedades animales surgen de forma natural: movimientos de animales, comercio internacional, fallos en bioseguridad o simples accidentes. Sin embargo, también advierte de un riesgo real de liberaciones accidentales o deliberadas de patógenos.
Según la OMSA, los agentes infecciosos que afectan al ganado pueden resultar “atractivos” como arma por varias razones: generan un impacto enorme, su coste es relativamente bajo y pueden desplazarse sin ser detectados por controles aduaneros convencionales. A diferencia de otros materiales peligrosos, un microorganismo puede transportarse en pequeñas cantidades y multiplicarse exponencialmente una vez liberado.
El atractivo estratégico es evidente. Un ataque exitoso contra el sector agroalimentario puede provocar pérdidas económicas masivas sin necesidad de infraestructuras complejas ni de tecnología militar sofisticada. Y, a diferencia de un atentado convencional, el origen puede ser difícil de rastrear.
El desafío de distinguir lo natural de lo deliberado
Uno de los mayores problemas del agroterrorismo no es tanto la respuesta como la detección. Como explica Goyache, un brote provocado puede parecerse extraordinariamente a uno natural. Las enfermedades emergentes forman parte del paisaje epidemiológico habitual. El comercio global y el cambio climático favorecen la expansión de patógenos a nuevas áreas geográficas.
¿Cómo distinguir, entonces, entre un accidente y un ataque?
Los expertos señalan algunos indicios que pueden levantar sospechas: brotes simultáneos en lugares distantes sin conexión epidemiológica clara; aparición de cepas inusuales o modificadas; patrones de transmisión atípicos; comportamientos clínicos inesperados. Pero incluso en esos casos, la atribución requiere análisis de laboratorio complejos, cooperación internacional y, en ocasiones, inteligencia policial.
La ambigüedad juega a favor del agresor. Si un brote puede atribuirse plausiblemente a causas naturales, la respuesta política y diplomática se complica. Esa incertidumbre es, en sí misma, parte del arma.
Bioseguridad: la defensa silenciosa
Frente a este escenario, la receta de los expertos no es espectacular, pero sí eficaz: reforzar la bioseguridad en granjas y laboratorios, invertir en vigilancia epidemiológica, mejorar los sistemas de detección temprana y coordinar de forma real la sanidad animal con la salud pública.
La bioseguridad en explotaciones ganaderas implica controles de acceso, desinfección de vehículos, trazabilidad de animales, formación del personal y protocolos estrictos ante cualquier sospecha clínica. En laboratorios, supone medidas de contención, control de inventarios de patógenos y supervisión de proyectos de investigación sensibles.
La detección temprana es clave. Cuanto antes se identifique un brote, menor será su propagación y más limitadas sus consecuencias. En ese sentido, los sistemas de vigilancia diseñados para enfermedades naturales son también la primera barrera frente a un posible ataque deliberado.
La primera línea está en el territorio
Aunque los documentos estratégicos hablen de planes nacionales y biocustodia, la primera línea de defensa no está en los despachos, sino en el territorio. Veterinarios clínicos, ganaderos, agricultores, cazadores, agentes forestales y técnicos de las redes de vigilancia epidemiológica son quienes detectan los primeros signos de alerta.
Un aumento inusual de mortalidad en una granja, cambios en el comportamiento de animales silvestres, síntomas atípicos en una explotación agrícola: son señales que, bien interpretadas, pueden activar mecanismos de respuesta antes de que el problema se descontrole.
Cuidar del mundo rural deja de ser únicamente una cuestión territorial o económica para convertirse en un asunto de seguridad nacional. La despoblación, la falta de relevo generacional o la precariedad de servicios en determinadas zonas no solo afectan al equilibrio demográfico, sino también a la capacidad de vigilancia sobre el terreno.
¿Estamos realmente en peligro?
La respuesta honesta es matizada. No existe evidencia de que España esté actualmente bajo una amenaza inminente de agroterrorismo. La mayoría de los brotes son naturales, como insiste la OMSA. Los sistemas de control alimentario europeos son de los más exigentes del mundo. Y la experiencia acumulada en la gestión de crisis sanitarias ha fortalecido protocolos y capacidades.
Pero el riesgo no es cero. Y su potencial impacto es tan elevado que ignorarlo sería imprudente. La seguridad del siglo XXI ya no se mide solo en términos de fronteras o arsenales militares. También se mide en la resiliencia de sistemas críticos: energía, agua, comunicaciones… y alimentos.
El agroterrorismo explota una vulnerabilidad estructural de las sociedades modernas: su dependencia de cadenas agroalimentarias extensas, especializadas y globalizadas. Cuanto más eficiente y concentrado es un sistema, más sensible puede ser a perturbaciones.
Por eso, más que alarmismo, lo que se necesita es conciencia estratégica. Invertir en ciencia veterinaria, fortalecer la cooperación internacional, actualizar marcos normativos y apoyar al sector primario no son gastos superfluos, sino políticas de prevención.
En última instancia, la mejor defensa frente al agroterrorismo es la misma que frente a las enfermedades naturales: sistemas sólidos, transparencia, coordinación y confianza social. Porque un ataque de este tipo no solo busca matar animales o destruir cultivos. Busca sembrar desconfianza, provocar miedo y erosionar la cohesión.
Y en un país donde el campo alimenta a la ciudad y sostiene una parte esencial de la economía, proteger la agricultura y la ganadería es también proteger la estabilidad democrática. La seguridad nacional, hoy, también se cultiva.