UN PROBLEMA DE MARCA Capitulo Iº

altLos casos de corrupción involucran a más de un millar de cargos públicos por toda España en un recorrido que conecta concejales, diputados, consejeros y presidentes autonómicos y miembros de la Casa Real.

 

Los casos de corrupción involucran a más de un millar de cargos públicos por toda España en un recorrido que conecta concejales, diputados, consejeros y presidentes autonómicos y miembros de la Casa Real. Un panorama desolador para una sociedad que da un suspenso total a los políticos y a los partidos que representan. Un triste 1,9 sobre 10, según la Encuesta Social Europea. Una pérdida de confianza fundamentada en un sinnúmero de casos que desacreditan instituciones y extienden la sospecha de la corrupción sobre cualquier actividad política y económica. Sin embargo, a esta degradación se le ha opuesto un aumento en la movilización social y la búsqueda de alternativas políticas y económicas al modelo actual. Un modelo en el que, en el último año, han aumentado las desigualdades, han caído los índices de salud y la esperanza de vida, se ha reducido el poder adquisitivo, no se crea empleo y la emigración trae recuerdos de un tiempo que, quizás, no marchó nunca.

 

El caso Bárcenas, con los papeles que reflejan la contabilidad “B” -en negro– del PP, el casoUrdangarin, que muestra una particular forma de entender la cosa pública, los casosMalaya o ERE, que afecta a la UGT de Andalucía, son algunos de los escándalos que han hecho aumentar la percepción de la corrupción en España. Según elranking global elaborado por Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción a nivel estatal en el 2013, España ha caído de la posición 30 a la 40 en tan solo un año, y se sitúa por detrás de Brunei y Polonia, y delante de Cabo Verde. En esta encuesta, España cede seis puntos con respecto al 2012, de 65 (sobre un máximo de 100) a los 59.

 

La corrupción en España parece un problema estructural. Aunque Madrid, Valencia y Baleares acaparen la mayoría de titulares con las tramas Gürtel, Palma Arena, Nóos, o “Negritos”, los casos tocan todos los puntos de la geografía peninsular apoyados en la connivencia entre política y negocios. Como ejemplo, de nuevo Valencia, con el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra y su partido, un PP con la cúpula señalada por la ciudadanía y los apuntes contables en servilletas y cuentas suizas. A la tradicional rivalidad territorial, y luego autonómica iniciada por el “café para todos” se le ha sumado la competición por sumar causas sobre corrupción, si Galicia tiene, por poner un par, los casos Pokemón y Campeón, con socialistas, populares y BNG, mezclados y revueltos, y un presidente con amigos contrabandistas, ya olvidados; Cataluña opone una sucesión de tramas -Palau, Treball, ITV, etc- que afectan a CiU y PSC sobre todo, se tratan con un perfil bajo y, de momento, el ventilador apenas se pone en marcha. En Asturias, PP y PSOE, están manchados por el caso Marea; en Aragón, falta un relato que una los hechos. En Castilla-León, Burgos y la respuesta vecinal a un proyecto urbanístico, liderado por un exconvicto -condenado a 7 años de prisión que, evidentemente, no cumplió-, con amplios contactos en PP y PSOE, reflejan el modo de hacer en un Estado que, sin el río de crédito europeo, ha vuelto a las vías de desarrollo.

 

Este panorama desalentador se trata de limpiar con una apuesta por la transparencia que queda en una postura ante la opinión pública, un discurso lleno de lugares comunes que hubiese tumbado al gobierno del PP en cualquier país democrático. El mismo presidente del Gobierno, como se pudo comprobar en su comparecencia ante los medios de comunicación estas pasadas Navidades, volvió a salir indemne de su encuentro, tras un año de salidas por el garaje, apariciones en pantallas de plasma, preguntas amañadas y ruedas de prensa sin preguntas.  No respondió a nada. No rindió cuentas de nada. Algo impensable en democracia.

 

 

 

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