La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, atraviesa un momento políticamente delicado dentro del Ejecutivo de coalición. En las últimas semanas, su formación ha intensificado los gestos públicos de distanciamiento respecto al PSOE a raíz de los distintos casos de corrupción que afectan a dirigentes socialistas y que han generado incomodidad en el seno del Gobierno. Sin embargo, pese a ese discurso crítico, Díaz no ha planteado en ningún momento la posibilidad de abandonar el Ejecutivo ni de dimitir de su cargo como vicepresidenta.
En este contexto de tensión política y escenificación de desacuerdos, Sumar ha elevado una propuesta de gran calado institucional: la creación de un Mecanismo Independiente de Supervisión de la Gestión Migratoria. Se trata de una iniciativa que, de salir adelante, supondría una profunda reconfiguración del control de las políticas de inmigración en España y abriría un nuevo espacio de supervisión sobre las actuaciones de varios ministerios clave del Gobierno.
La propuesta figura en una iniciativa formal impulsada por Sumar, en la que se insta al Ejecutivo a iniciar los trámites “preparatorios” necesarios para la creación de este organismo, incluyendo el análisis de las reformas legislativas necesarias para su puesta en marcha. Según el texto, el objetivo es garantizar que el nuevo mecanismo tenga un mandato amplio que abarque “todas las actuaciones de la Administración General del Estado” relacionadas con la gestión migratoria.
Un nuevo actor en un ámbito sensible del Gobierno
La política migratoria es una de las competencias más sensibles del Ejecutivo y se reparte actualmente entre varios departamentos. El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, es el responsable del control de fronteras, la política de extranjería y las devoluciones. Por su parte, otros ministerios, como el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Saiz, gestionan aspectos económicos y de integración vinculados a la inmigración.
La propuesta de Sumar plantea la creación de un organismo con capacidad para evaluar el impacto de estas políticas, especialmente en lo relativo a los derechos de las personas migrantes. Este punto es uno de los ejes centrales del proyecto. El texto subraya expresamente que el nuevo mecanismo deberá tener competencias para analizar el “impacto en los derechos de las personas migrantes”, una formulación amplia que permitiría intervenir en múltiples ámbitos de la acción gubernamental.
Desde Sumar defienden que este enfoque es necesario para garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos y asilo, así como para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en un ámbito especialmente expuesto a críticas por parte de organizaciones sociales y organismos internacionales.
Independencia institucional y elección parlamentaria
Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es el diseño institucional del nuevo mecanismo. Sumar exige que el organismo cuente con “plena independencia institucional y funcional respecto del poder ejecutivo”, una condición que, según el partido, es imprescindible para garantizar su credibilidad y eficacia.
Para ello, la iniciativa plantea que el máximo responsable del organismo, o su órgano rector, sea elegido por una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados. Este sistema de designación pretende, según el texto, asegurar la imparcialidad del mecanismo y evitar su dependencia directa del Gobierno de turno.
Asimismo, Sumar reclama que el nuevo organismo disponga de una dotación presupuestaria propia y suficiente, consignada de forma específica en los Presupuestos Generales del Estado. El objetivo sería garantizar su “total autonomía operativa” y evitar que su funcionamiento quede condicionado por decisiones del Ejecutivo.
Participación de la sociedad civil y organismos internacionales
Otro pilar fundamental de la propuesta es la participación activa de la sociedad civil especializada en migraciones y derechos humanos. Sumar plantea diseñar una estructura que asegure la implicación formal de entidades sociales, organizaciones de apoyo a personas migrantes, colectivos de las comunidades afectadas, representantes de la abogacía, del ámbito académico y de organizaciones con una trayectoria reconocida en este campo.
Además, el texto incluye expresamente la participación de organismos internacionales con mandato en materia migratoria y de asilo, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La presencia de estas entidades en los órganos consultivos y de seguimiento del nuevo mecanismo reforzaría, según Sumar, su legitimidad y alineamiento con los estándares internacionales.
En este sentido, la formación liderada por Yolanda Díaz subraya que el nuevo organismo debe contar con la colaboración de entidades españolas que ya han emitido posicionamientos formales sobre el reciente Pacto Europeo de Migración y Asilo. Entre ellas se citan organizaciones como Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Red Acoge, Irídia, Novact, Movimiento por la Paz, Salud por Derecho y otras fundaciones y asociaciones con amplia experiencia en este ámbito.
Recomendaciones vinculantes para las administraciones
Uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa es la exigencia de que las investigaciones, evaluaciones y recomendaciones del nuevo mecanismo tengan carácter vinculante para las administraciones públicas. Según la propuesta, las administraciones afectadas estarían obligadas a adoptar las medidas necesarias para cumplir dichas recomendaciones en un plazo determinado.
En caso de no hacerlo, la administración correspondiente debería comparecer ante la comisión parlamentaria competente y justificar de forma motivada su decisión. Todo ello “sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar”, según recoge el texto. Este planteamiento supondría un cambio significativo en la relación entre los organismos de supervisión y el poder ejecutivo, al otorgar al nuevo mecanismo una capacidad de influencia directa sobre la acción administrativa.
Un debate abierto dentro del Gobierno
La iniciativa de Sumar se produce en un momento de fricciones internas dentro del Gobierno de coalición. Yolanda Díaz ha reiterado públicamente su malestar por los casos de corrupción que afectan al PSOE, aunque sin romper con el Ejecutivo ni cuestionar la continuidad de la legislatura. En este contexto, la propuesta sobre inmigración se interpreta en círculos políticos como un intento de marcar perfil propio y reforzar la agenda de Sumar en uno de los ámbitos más sensibles del debate público.
Por el momento, el PSOE no se ha pronunciado de forma oficial sobre la propuesta concreta del Mecanismo Independiente de Supervisión de la Gestión Migratoria. Fuentes gubernamentales señalan que cualquier iniciativa de este tipo requeriría un amplio consenso político y un análisis detallado de su encaje constitucional y competencial.
Mientras tanto, el planteamiento de Sumar abre un nuevo frente de debate dentro del Ejecutivo y en el Congreso, en un momento en el que la política migratoria, el respeto a los derechos humanos y la estabilidad del Gobierno de coalición se encuentran en el centro de la agenda política nacional.
