En plena discusión pública sobre la gestión de infraestructuras y la seguridad ciudadana, España se enfrenta a un debate que combina ingeniería, cambio climático, decisiones políticas y riesgos reales para la población: la situación de sus presas y embalses. Según datos recientes que han vuelto a poner el foco sobre este asunto, al menos 140 presas del país tienen hoy comprometida su seguridad por falta de un mantenimiento profundo, lo que constituye un desafío para la gestión del agua, la protección ante inundaciones y la seguridad de miles de ciudadanos que viven aguas abajo de estas infraestructuras.
Un parque hidráulico esencial… y envejecido
España posee una de las redes de presas más densas del mundo occidental, con aproximadamente 2.453 presas registradas, de las cuales 1.300 son consideradas “grandes presas” —estructuras con más de 15 metros de altura y gran capacidad de embalse— destinadas a abastecimiento de agua potable, riego agrícola, generación de energía renovable y control de avenidas.
Estas infraestructuras forman parte del corazón hidráulico del país y desempeñan un papel fundamental en la seguridad hídrica, un factor estratégico para una España marcada tanto por sequías prolongadas como por episodios extremos de lluvia asociados al cambio climático. Sin embargo, una proporción significativa de estas presas ha superado con creces su vida útil original —estimada en unos 50 años—, con más de 600 presas que tienen más de medio siglo de antigüedad y más de 100 que superan el centenario.
¿Qué significa que una presa esté “en riesgo”?
Cuando expertos en ingeniería hidráulica hablan de presas “en riesgo”, no se refieren necesariamente a una rotura inminente, sino a una combinación de factores:
- Falta de mantenimiento profundo y continuado
- Ausencia o retrasos en inspecciones y estudios técnicos completos
- Desagües y sistemas de seguridad que no cumplen con los requisitos de diseño
- Planes de emergencia no implantados o deficientes
- Normativas desactualizadas que no abarcan el 95% de las presas existentes
- Escasez de personal especializado y sistemas de vigilancia insuficientes
De acuerdo con informes de asociaciones profesionales de ingenieros —como la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Aiccpic) y el Instituto de Ingeniería de España— estos déficits estructurales y normativos sitúan a un número muy relevante de presas en una situación calificada como preocupante.
La advertencia de los ingenieros: cifras que alarman
El vocal de la Aiccpic, Jesús Contreras, ha sido una de las voces más prominentes en señalar esta problemática en medios y entrevistas recientes. Según sus declaraciones y los datos recabados:
- 143 presas del Estado tienen la seguridad hidráulica comprometida
- 150 presentan problemas estructurales graves
- Otros 150 embalses tienen los desagües de fondo con dudas sobre su funcionamiento
- Más de un 75% de las presas estatales necesitan revisiones complementarias de seguridad
- Cerca de la mitad requieren actuaciones urgentes en sus sistemas de vigilancia o rehabilitación
Estas cifras ilustran un escenario alarmante que no solo responde a una falta puntual de obras, sino a décadas de mantenimiento insuficiente o diferido, donde los recursos destinados no han sido proporcionales a la magnitud del desafío técnico.
El contexto político y presupuestario
Parte de la discusión gira en torno a la asignación presupuestaria y las prioridades políticas en materia de infraestructuras. Según datos recopilados por expertos y grupos técnicos, la inversión pública en seguridad de presas se ha visto reducida en un 57% en años recientes y la ejecución de los planes previstos en los programas de gestión de riesgos de inundación no ha avanzado al ritmo necesario.
Frente a estas críticas, las autoridades del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) han defendido que la inversión en seguridad hidráulica ha aumentado en términos absolutos con respecto a años anteriores. Entre 2023 y 2025, aseguran, se han destinado más de 233 millones de euros a distintas líneas de actuación, y la partida presupuestaria ha crecido alrededor de un 35% respecto a 2018. También destaca la creación del Registro de Seguridad de Presas y Embalses y la tramitación de un Real Decreto para definir la figura del “técnico competente” que será responsable de la supervisión técnica.
No obstante, los ingenieros señalan que estas medidas no compensan la falta de recursos humanos especializados, ni la ausencia de una entidad independiente con autoridad jurídica y presupuesto propio para supervisar la seguridad hidráulica en todo el país.
Un problema estructural, no coyuntural
Los riesgos asociados a un parque de presas envejecido no son exclusivos de España. La literatura técnica internacional ha documentado cómo la combinación de estructuras antiguas, eventos climáticos extremos, cambios en los patrones hidrológicos y la falta de inversión sostenida puede aumentar el riesgo de fallos. Aunque España no ha vivido recientemente una catástrofe por rotura catastrófica de una presa como la ocurrida en Derna (Libia) en 2023, donde miles de personas fallecieron tras el colapso de embalses durante una tormenta extrema, el caso ilustra de manera dramática las consecuencias potenciales cuando las deficiencias estructurales se combinan con fenómenos extremos.
Además, episodios recientes en España —como la tormenta DANA que afectó a Valencia en 2024— han puesto a prueba la resiliencia de estas infraestructuras y han demostrado que no siempre existe margen de error cuando sistemas de drenaje, desagües o planes de evacuación no están debidamente actualizados o implantados.
Más allá de la seguridad: el papel socioeconómico de las presas
Las presas no solo son barreras para controlar inundaciones; son piezas clave para garantizar el suministro de agua en periodos secos, sostener la agricultura y contribuir a la producción de energía renovable. Estudios económicos recientes señalan que sin la regulación que proporcionan los embalses, solo entre el 7% y el 9% de las necesidades hídricas de España podrían satisfacerse. Las infraestructuras de regulación hacen posible que entre el 38% y el 47% de los recursos disponibles se puedan utilizar de forma segura y continua, lo que demuestra su importancia estratégica para la economía nacional.
En particular, el regadío, que consume más del 80% del uso del agua en el país, depende en gran medida de estos embalses para garantizar producción agrícola estable incluso en situaciones de sequía.
¿Qué se propone para revertir la situación?
Frente al diagnóstico crítico, los expertos han formulado propuestas claras:
- Creación de un organismo independiente de seguridad de presas, con autoridad para supervisar y sancionar incumplimientos técnicos.
- Actualización profunda de la normativa, adaptándola a las exigencias actuales de ingeniería y a los nuevos escenarios climáticos.
- Incremento sostenido de la inversión en mantenimiento y modernización, acorde con la envergadura de las infraestructuras.
- Implementación efectiva de planes de emergencia y evacuación, con protocolos claros para los ciudadanos.
- Fortalecimiento de la formación y especialización técnica, incrementando el número de profesionales dedicados a la vigilancia y operación de presas.
Además, iniciativas privadas y colaboraciones público-privadas, como estudios de riesgo avanzados para cuencas específicas, buscan aportar herramientas tecnológicas modernas que ayuden a planificar mejor las inversiones estatales en estos activos.
Conclusión: un reto urgente para España
La situación de las presas en España no es una alarma aislada ni un titular de temporada. Refleja un problema estructural, que combina décadas de decisiones presupuestarias, envejecimiento de infraestructuras críticas y la necesidad de adaptarse a un clima cambiante. Si bien España sigue siendo uno de los países con más presas per cápita del mundo, el reto ahora es transformarlas de reliquias del pasado en activos resilientes y seguros para el futuro.
La seguridad hidráulica no es solo una cuestión técnica: es una cuestión de vida o muerte para las comunidades que dependen de estas gigantes estructuras para su seguridad, su economía y su bienestar. Atender este reto con la seriedad que merece será una de las claves de la política pública española en los próximos años.