En las vastas costas del Sáhara, donde el desierto se encuentra con el Atlántico, Marruecos está desplegando un ambicioso macroplan para transformar el paisaje marino en un hub de producción de pescado, marisco y algas. Según datos recientes, el reino alauí ha creado unas 200 granjas acuícolas en el último año, delimitando 24.000 hectáreas de áreas marítimas para atraer inversiones en piscicultura, cultivo de mariscos y algas. Esta iniciativa, respaldada por 322 acuerdos publicados en el Boletín Oficial y la apertura de nuevas unidades de incubación, busca impulsar 450 proyectos, de los cuales 123 tienen un carácter social dirigido a jóvenes, cooperativas de pesca artesanal y líderes locales. El objetivo es claro: alcanzar una producción anual de 390.000 toneladas, generar 6.300 empleos directos y posicionar a Marruecos como líder africano en acuicultura sostenible. Sin embargo, este plan choca frontalmente con las reivindicaciones del pueblo saharaui, abandonado por España, y las denuncias de agricultores europeos, quienes acusan a Rabat de comercializar productos cultivados en el Sáhara Occidental como si fueran marroquíes, violando el derecho internacional.
Esta investigación, basada en fuentes oficiales marroquíes, fallos judiciales europeos y testimonios de actores involucrados, desentraña las capas de un proyecto que promete prosperidad económica, pero revive tensiones geopolíticas en una región disputada desde hace décadas. ¿Es esta expansión un motor de desarrollo inclusivo o una herramienta para consolidar el control territorial? Exploramos los hechos, las controversias y las implicaciones globales.
El Macroplan: De la Arena al Mar
El impulso de Marruecos hacia la acuicultura no es nuevo, pero ha ganado momentum en los últimos años. En 2024, el país estableció 200 granjas acuícolas a lo largo de su costa, con un enfoque particular en las regiones sureñas, incluyendo lo que Rabat denomina sus «provincias del sur» –un eufemismo para el Sáhara Occidental–. Estas instalaciones, respaldadas por inversiones públicas y privadas, incluyen desde cultivos de ostras y mejillones hasta granjas de peces como doradas y lubinas. El portal geográfico de la Agencia Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura (ANDA) detalla proyectos en áreas como Dajla y Laayún, donde se han delimitado zonas marítimas exclusivas para estas actividades.
Según informes del medio magrebí Rue20 y datos del Ministerio de Agricultura y Pesca Marroquí, el plan forma parte de la estrategia «Halieutis», lanzada en 2009 para modernizar el sector pesquero. Pero la aceleración reciente responde a la necesidad de diversificar la economía pospandemia y enfrentar la sobreexplotación de los caladeros tradicionales. «Marruecos busca no solo autoabastecerse, sino exportar a mercados europeos y africanos», explica un experto en acuicultura. Con una producción proyectada de 390.000 toneladas anuales –un salto significativo desde las 124.000 toneladas actuales–, el reino apunta a generar miles de millones en ingresos. Además, los 123 proyectos sociales priorizan a comunidades locales, ofreciendo formación y subsidios a jóvenes emprendedores y cooperativas artesanales, lo que podría mitigar el desempleo en regiones marginales.
En Tangier, por ejemplo, se ha invertido 12 millones de dólares en la primera incubadora marina del país, capaz de producir 30 millones de alevines al año de especies como besugos y lubinas. Proyectos similares se replican en el sur, donde empresas holandesas como OOS Aquaculture Morocco han instalado granjas semisumergidas frente a Ras El Ma, cerca de Nador, integrando incluso elementos turísticos para atraer visitantes. Estas iniciativas no solo impulsan la cadena de suministro –desde incubación hasta procesamiento– sino que promueven prácticas sostenibles, como el uso de energías renovables y el control de impactos ambientales, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Sin embargo, el brillo económico oculta sombras. Gran parte de estas granjas se ubican en aguas adyacentes al Sáhara Occidental, un territorio no autónomo según la ONU, ocupado por Marruecos desde 1975 tras la retirada española. Rabat defiende su soberanía bajo el «Plan de Autonomía» propuesto en 2007, que ha ganado apoyo de países como EE.UU., Francia, Ghana y Kenia. Este plan ofrece autogobierno limitado bajo soberanía marroquí, pero es rechazado por el Frente Polisario, que reclama la independencia a través de un referéndum.
Controversia Territorial
El núcleo del conflicto radica en la explotación de recursos naturales en un territorio disputado. El pueblo saharaui, representado por el Polisario, denuncia que Marruecos está «saqueando» sus recursos sin consentimiento, violando el principio de autodeterminación reconocido por la Corte Internacional de Justicia en 1975. «Los saharauis no hemos sido consultados ni beneficiados por estos proyectos», afirma un portavoz del Polisario en un comunicado reciente. De hecho, informes de Western Sahara Resource Watch (WSRW) destacan el «crecimiento rápido de ostras en conflicto», refiriéndose a cultivos en Dajla que exportan a Europa bajo etiqueta marroquí.
Agricultores europeos, particularmente españoles y franceses, han elevado sus voces contra esta práctica. La Confederación Paysanne francesa y grupos como la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en España argumentan que productos como tomates, melones y ahora mariscos del Sáhara Occidental inundan los mercados europeos con precios dumping, distorsionando la competencia. «Estos productos se venden como marroquíes, pero provienen de un territorio ocupado, evadiendo aranceles y normas de origen», denuncia un agricultor andaluz en una protesta reciente. En 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló los acuerdos de pesca y agricultura entre la UE y Marruecos de 2019, por no obtener el consentimiento del pueblo saharaui. El fallo, confirmado en octubre de 2024, establece que los acuerdos no pueden aplicarse a las aguas o tierras del Sáhara Occidental, y obliga a etiquetar los productos como originarios de «Sáhara Occidental», no de Marruecos.
Esta decisión ha sido un golpe para Rabat, que podría perder millones en exportaciones pesqueras. Marruecos respondió calificando el veredicto de «parcial» y «político», argumentando que sus inversiones benefician a la población local, incluyendo saharauis. «Hemos invertido en infraestructura, empleos y educación en las provincias del sur», defiende un funcionario marroquí. De hecho, proyectos como los de acuicultura han creado empleos, pero críticos señalan que muchos beneficiarios son colonos marroquíes incentivados a mudarse al sur, alterando la demografía y consolidando la ocupación.
La UE, atrapada entre sus principios legales y la necesidad de cooperación con Marruecos en migración y seguridad, ha apelado el fallo, pero el TJUE lo rechazó en 2025, reiterando que los acuerdos violan el derecho internacional. Países como España, principal socio comercial, enfrentan dilemas: en 2023, importaron sardinas y otros pescados del Atlántico saharaui, valorados en cientos de millones. Mientras, EE.UU. explora soluciones económicas, proponiendo inversiones de hasta 5.000 millones de dólares en proyectos conjuntos con Marruecos en el Sáhara, como parte de un enfoque para resolver el estancamiento de 50 años.
Economía vs. Derechos Humanos
El plan acuícola de Marruecos no es aislado; forma parte de una estrategia más amplia para «marroquinizar» el Sáhara, usando la economía como arma. Inversiones en energías renovables, puertos y turismo en Dajla atraen capital extranjero, pero ignoran el conflicto subyacente. Organizaciones como WSRW documentan cómo empresas europeas, como la francesa Dreux, participan en proyectos energéticos en territorio ocupado, desafiando fallos judiciales.
Desde el lado saharaui, el Polisario ha intensificado su campaña diplomática, ganando apoyos en África y América Latina. «El saqueo de recursos prolonga el conflicto», advierte un activista. La ONU, a través de su enviado especial, urge un referéndum, pero el impasse persiste, exacerbado por tensiones con Argelia, principal aliado del Polisario.
En términos ambientales, la acuicultura promete sostenibilidad, pero riesgos como la contaminación y el uso de agua escasa en un desierto plantean dudas. «Sin supervisión internacional, estos proyectos podrían dañar ecosistemas marinos ricos en sardinas y pulpos», alerta un informe de la FAO.
Futuro Incierto
El macroplan de Marruecos en el Sáhara representa un doble filo: un potencial boom económico que podría elevar al país como potencia africana en acuicultura, pero a costa de avivar un conflicto latente. Mientras Rabat acelera sus inversiones, las denuncias europeas y saharauis exigen transparencia y respeto al derecho internacional. Para resolver esto, se necesita diálogo genuino, quizás mediado por la ONU o la UE, que priorice el consentimiento saharaui y etiquetado correcto de productos.
Esta investigación subraya que el desarrollo no puede ignorar la historia. Con 390.000 toneladas en juego y 6.300 empleos en la balanza, el futuro del Sáhara no solo se decide en el mar, sino en las cortes y mesas de negociación. ¿Prevalecerá la economía o la justicia? El tiempo, y las olas del Atlántico, lo dirán.
