La política no solo administra el presente; también construye el relato del pasado. Y en ese territorio, donde los símbolos pesan tanto como los hechos, pocas decisiones resultan tan elocuentes —y a la vez tan problemáticas— como la de conceder honores de Estado a una figura cuya biografía se encuentra atravesada por claroscuros. El acuerdo del presidente catalán Salvador Illa con la familia de Jordi Pujol para organizar un funeral de Estado tras su fallecimiento, en pleno contexto de causas judiciales por corrupción que afectan al exmandatario y a su entorno familiar, no es únicamente una decisión protocolaria: es, sobre todo, un gesto político cargado de implicaciones éticas, históricas y culturales.
Porque no hablamos de un personaje cualquiera. Jordi Pujol fue durante más de dos décadas —entre 1980 y 2003— el arquitecto de la Cataluña autonómica contemporánea, una figura central en la consolidación del autogobierno tras la Transición. Su legado político, durante años, se presentó como sinónimo de estabilidad, pragmatismo y construcción institucional. Pero ese mismo legado quedó profundamente erosionado cuando, en 2014, confesó que su familia había mantenido durante décadas dinero oculto en Andorra, abriendo la puerta a una de las investigaciones por corrupción más relevantes de la historia reciente española.
Hoy, mientras la Audiencia Nacional ha llegado incluso a exonerarlo del juicio por su deterioro cognitivo —sin que ello suponga una absolución—, el caso Pujol sigue proyectando una larga sombra sobre su figura pública. Y es precisamente en ese contexto donde la decisión de rendirle honores de Estado adquiere un significado que trasciende lo ceremonial. No se trata de si un expresidente merece reconocimiento institucional por su trayectoria, sino de qué tipo de memoria colectiva estamos dispuestos a construir.
La tensión es evidente: ¿puede una democracia homenajear con solemnidad a quien simboliza, al mismo tiempo, una etapa fundacional y una de las mayores crisis de credibilidad institucional? ¿Puede el Estado —o una comunidad autónoma— separar de forma nítida la obra política de las responsabilidades éticas y judiciales de quien la encarnó? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero ignorarlas equivale a banalizar el sentido mismo de los homenajes públicos.
El argumento a favor del funeral de Estado suele apoyarse en la dimensión histórica de Pujol. Sus defensores subrayan su papel en la articulación del autogobierno catalán, su influencia en la política española y su capacidad para integrar sensibilidades diversas en un proyecto común. Desde esta perspectiva, el homenaje no sería tanto a la persona como a la institución que representó y al periodo histórico que contribuyó a consolidar.
Sin embargo, esta interpretación corre el riesgo de incurrir en una peligrosa simplificación: la de disociar artificialmente la trayectoria política de las prácticas que la sustentaron. Porque las acusaciones que pesan sobre el entorno de Pujol —organización criminal, blanqueo de capitales, evasión fiscal— no son un elemento accesorio de su biografía, sino una parte central del relato que hoy define su legado.
El problema, en el fondo, no es jurídico, sino moral. Un funeral de Estado no es un acto neutro; es una forma de consagración simbólica. Es el Estado —o, en este caso, la Generalitat— afirmando que esa figura merece ser recordada con los máximos honores. Y esa afirmación, inevitablemente, envía un mensaje a la ciudadanía: sobre qué valores se premian, sobre qué conductas se toleran, sobre qué contradicciones se aceptan.
En este sentido, la decisión de Illa parece inscribirse en una lógica política más amplia, donde los gestos simbólicos se utilizan como herramientas de conciliación o de estrategia. No es casual que el acuerdo se haya alcanzado en un contexto de competencia por el electorado nacionalista, ni que algunos sectores interpreten este movimiento como un intento de conectar con una parte de la sociedad catalana que aún reivindica la figura de Pujol.
Pero la política simbólica tiene un coste. Y ese coste se mide en términos de confianza institucional. En un momento en que la corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, la decisión de homenajear a una figura asociada a prácticas corruptas —aunque no exista una sentencia firme— puede percibirse como una señal de indulgencia o, peor aún, de indiferencia.
Hay, además, un elemento generacional que no conviene ignorar. Para quienes vivieron la Transición y los primeros años de la autonomía, Pujol representa una etapa de construcción y estabilidad. Para las generaciones más jóvenes, en cambio, su nombre está indisolublemente ligado al escándalo, a la opacidad y a la sensación de que las élites políticas operaban bajo reglas distintas a las del resto de la sociedad. La concesión de un funeral de Estado, en este contexto, puede agrandar esa brecha en la percepción de la historia.
No se trata de negar la complejidad de las figuras históricas. La política está llena de biografías contradictorias, de líderes que hicieron contribuciones significativas mientras incurrían en prácticas cuestionables. Pero precisamente por eso, la forma en que las instituciones gestionan esa complejidad es crucial. Un homenaje sin matices corre el riesgo de convertirse en una forma de blanqueamiento; una condena sin reconocimiento, en una simplificación injusta.
Quizá la cuestión no sea si Pujol merece o no un funeral de Estado, sino qué tipo de relato acompañará a ese funeral. Si será un acto de exaltación acrítica o una oportunidad para reflexionar sobre las luces y sombras de una época. Si servirá para reafirmar los valores democráticos o para diluirlos en una ambigüedad cómoda.
La historia, al fin y al cabo, no es un tribunal, pero tampoco es un refugio para la amnesia selectiva. Las sociedades maduras no eligen entre recordar o olvidar, sino que aprenden a recordar de manera compleja, asumiendo las contradicciones de su pasado sin convertirlas en coartadas.
En este sentido, el caso de Pujol plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué significa realmente rendir honores de Estado en una democracia contemporánea? ¿Es un reconocimiento automático a quienes han ocupado determinadas posiciones, o un juicio implícito sobre el conjunto de su trayectoria? ¿Debe el Estado limitarse a protocolizar la memoria o tiene la responsabilidad de interpretarla?
No hay respuestas definitivas, pero sí hay riesgos evidentes. El principal es el de trivializar los estándares éticos en nombre de la tradición o de la conveniencia política. El de transmitir la idea de que los méritos institucionales pueden compensar —o al menos eclipsar— las responsabilidades morales. El de consolidar una cultura política donde la rendición de cuentas queda subordinada al relato.
El funeral de Estado, en definitiva, no será solo un acto sobre el pasado, sino una declaración sobre el presente. Sobre qué tipo de democracia queremos ser. Sobre qué valores estamos dispuestos a defender, incluso cuando resultan incómodos.
Porque en la política, como en la vida, la forma en que despedimos a nuestros referentes dice tanto de ellos como de nosotros mismos.