ENTREVISTA AL JUEZ CARLOS PRECIADO: “ESTAMOS ANTE UNA CRISIS DEMOCRÁTICA SIN PRECEDENTES”

La “marea negra”, como se ha bautizado a la movilización de este colectivo, reclama también por la retirada de la polémica ley de tasas y la mejora de sus condiciones laborales.

 

 

 

Flor Ragucci

El aluvión de casos de corrupción que afronta este país no pone sólo de manifiesto una grave crisis política, evidencia también la precariedad de otro de los pilares de la democracia: la justicia. Y si la ciudadanía lo padece, los jueces también. Por eso desde cinco asociaciones de magistrados y fiscales han convocado una huelga para el próximo día 20, en respuesta a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impulsada por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que consideran un atentadocontra la independencia de los jueces.

 

 

 

La “marea negra”, como se ha bautizado a la movilización de este colectivo, reclama también por la retirada de la polémica ley de tasas y la mejora de sus condiciones laborales.

 

Para entender mejor en qué consisten sus reivindicaciones, hablamos con el Juez Carlos Preciado, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la Sala Social y Coordinador de la Comisión Sindical de Jueces para la Democracia, una de las asociaciones promotoras de la huelga. Y comprobamos que, más allá de la solemnidad que les atribuimos y de las capas de lenguaje oscuro que muchas veces los envuelven, los jueces tienen necesidades, convicciones y un límite, como todo el mundo.

 

-La huelga del próximo miércoles protesta contra un anteproyecto de Reforma del CGPJ que recorta de forma considerable sus competencias. ¿Podría explicar en qué manera se plasman estas limitaciones?

 

-Es preocupante, principalmente, que el Ministerio de Justicia pretenda llevar todo lo que es el régimen jurídico y el control disciplinario de los jueces a ese ministerio. Eso, a nuestro entender, es inconstitucional y nos devuelve al tiempo de la dictadura, donde la judicatura dependía del Ministerio de Justicia y no había un órgano como el actual Consejo General del Poder Judicial, que está diseñado por la Constitución para garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones. Nuestro sistema constitucional establece que el régimen disciplinario, los ascensos o el estatuto orgánico de los jueces se manejen por este órgano independiente, para evitar que desde el Ejecutivo se sancione disciplinariamente a un juez que está llevando una investigación comprometida para el poder público. Pero al decidir cuánta carga de trabajo puede absorber un juzgado, por ejemplo, el Ministerio consigue la mejor forma de que éste no funcione: hundirlo en una pila de trabajo que no le permita llevarlo de una manera mínimamente digna.

 

-¿Cuál es el argumento que desde el Ministerio de Justicia se sostiene para querer llevar a cabo esta reforma?

 

-Parte del descrédito hacia la institución del CGPJ por los escándalos del caso Dívar. Hay que decir que, efectivamente, hubo falta de transparencia en el uso de fondos públicos, razón por la cual dimitió el presidente del anterior Consejo (a quien, recordemos, el Ministro de justicia estuvo defendiendo hasta el último minuto).

 

En teoría, la reforma la quieren hacer para limpiar un descontrol de fondos. Pero nosotros creemos que es un pretexto de cara a la opinión pública y, en realidad, lo que se busca es controlar a los jueces para que no podamos administrar justicia.

 

-También se dice que el verdadero motivo de su protesta es una mejora salarial…

 

-Eso es falso. Nuestro auténtico objeto de preocupación nada tiene que ver con lo que se está diciendo de forma demagógica por parte del Ministerio de que estamos haciendo huelga por una paga extra y por más permisos. Nosotros estamos asumiendo los recortes como la mayoría del sector público y lo único que es realmente preocupante es que se esté llevando a cabo una política por parte del Ejecutivo que, lejos de acercar la justicia al ciudadano y modernizarla, la convierte en una suerte de lujo para aquellos que disponen de recursos.

 

La saturación de trabajo y la supresión de 1200 jueces sustitutos son motivos más que suficientes para convocar la huelga, pero son usados por el Gobierno para ocultar lo que más nos preocupa: el intento de someter a los jueces a un control férreo para poder controlar la investigación de los casos de corrupción.

 

– Otro de los anteproyectos presentados por el Ministerio de Justicia prevé un auténtico expediente de regulación de empleo a más de 1200 jueces sustitutos y magistrados suplentes bajo el supuesto fin de “profesionalizar la justicia”. No logro ver la relación entre un ERE y la profesionalización del sector…

 

– En efecto, es algo de difícil comprensión. Se pretende adoptar una vieja reivindicación de los jueces en España consistente en que se fuera profesionalizando la situación de los sustitutos (tan profesionales como los titulares porque la mayoría de ellos lleva más de 20 años ejerciendo la jurisdicción como suplentes). Lo que todos reclamamos desde hace años es que los sustitutos se vayan convirtiendo en titulares, y esto se ha tomado como etiqueta demagógica para, en realidad, destruir 1200 plazas de juez por motivos presupuestarios. Eso no es profesionalizar la justicia sino hundirla en el más absoluto caos y saturación.

 

-A través de la huelga se reivindica también un incremento de la planta Judicial y Fiscal puesto que, según el informe del Consejo de Europa, España se sitúa en una ratio Juez/habitante de 10 puntos por debajo de la media europea. Sin embargo, el Grupo popular propuso ante el Congreso que el CGPJ adopte medidas para incrementar la tasa de asuntos resueltos por cada juez, puesto que sostiene que el 43 por ciento de los jueces y magistrados no «llegan al módulo de entrada de asuntos»…

 

-Esto es una absoluta falacia. Si uno se va a cualquier juzgado de la costa podrá comprobar que los órganos están absolutamente saturados. Ahora bien, la justicia cubre a veces servicios en zonas donde no hay tanto volumen de trabajo pero, de todos modos, tiene que haber un juzgado. Es un mal diseño de planta judicial, que viene del siglo XIX, y nada tiene que ver con la saturación de trabajo actual. En España tenemos menos de la mitad de jueces por habitantes de la media europea y mucha más litigiosidad que el resto de países, lo cual evidencia que cargamos con más trabajo del que podemos asumir. Hace poco nos llegaron unos datos de la Comisión Nacional de Salud de Jueces y Magistrados donde se ve que las alteraciones psicológicas derivadas del estrés están muy por encima de la media común en otros trabajos.

 

Se está pretendiendo dar una falsa imagen, diciendo que el 43 % de la carrera judicial está por debajo de su carga de trabajo pero no se menciona que, aunque haya menor volumen de población, se trabajan más horas de las que establece cualquier norma internacional de jornadas laborales. Por ejemplo, los juzgados únicos de pueblo trabajan durante 14 días seguidos de guardia y sólo tienen un día y medio de fiesta.

 

Los datos del consejo que, eso sí, no cita el parlamento cuando solicita que se incremente la tasa de productividad de los jueces es que desde que estalló la crisis, a pesar de que ha aumentado muchísimo el número de asuntos (por los acreedores y despidos) la tasa de resolución ha seguido igual gracias a las horas personales de los magistrados y la labor del voluntariado.

 

-¿Qué opina de la rectificación anunciada por Alberto Ruiz Gallardón respecto al incremento de las tasas judiciales?

 

-Rectificar es de sabios, pero no sabemos todavía cuál es el alcance de las palabras del Ministro o si es solo una rectificación cosmética para detener el recurso de inconstitucionalidad que seguramente presentará la Defensora del pueblo. Desde Jueces para la Democracia también sostenemos que el aumento de tasas es de dudosa constitucionalidad porque, si bien se ampara en una sentencia del Constitucional que dice que es posible en nuestro sistema la existencia de ciertas tasas, estas son para personas jurídicas con ingresos de 10 millones de euros en sociedades, es decir, para ciudadanos con solvencia.

 

Lo que se ha hecho hace dos meses es una expansión de las tasas hacia ámbitos hasta ahora desconocidos, como los casos de divorcio o los recursos en una sentencia del orden social. Esto es inconstitucional porque propicia espacios de impunidad en la administración. Hablando en lenguaje común… ¿Quién será el listo que va a recurrir una multa cuando la tasa es de la misma cuantía? Si encima tiene que proveerse de un abogado, recurrir a este tipo de multa es algo más heroico que lo de Don Quijote.

 

-¿Cuál es entonces vuestro plan de acción?

 

-Existe un Comité de Huelga en el que participa Jueces para la Democracia para negociar que se termine con estos anteproyectos, concretamente con el de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero, de momento, no se nos ha llamado para negociar absolutamente nada, con lo cual la huelga se mantiene y luego veremos si convocamos más.

 

-¿Este aumento desmesurado de casos de corrupción política es sólo mediático o también se vive como tal en los juzgados?

 

– Los casos se nos acumulan porque el poder político no dota de los medios materiales ni personales necesarios para que la justicia funcione con agilidad. A la vista está que un juzgado de instrucción con poquísimas personas ha asumido el caso Prestige o juzgados que, en casos de corrupción de corporaciones locales, han tenido que tramitar causas complejísimas sin recibir ningún tipo de refuerzos. Se trata de casos complicados en los que tienen que hacerse comisiones regulatorias a otros países para investigar cuentas bancarias y todo eso tarda. Si le unimos la saturación del juzgado, el resultado es el que todos conocemos: que estas causas acaban juzgándose diez años después de que se produzcan los hechos.

 

-¿Cómo vivís los jueces esa impotencia?

 

-De forma angustiada. Por un lado, debido al volumen de trabajo que estamos asumiendo y, por otro, porque las reformas que proponen desde el Gobierno van en una dirección contraria a la de la solución.

 

Si los casos de corrupción se investigaran y se juzgaran en un tiempo razonable, con condenas ejemplificativas, no estaríamos ante lo que estamos. El uso desviado de los indultos y las relaciones de los indultados con ciertos ámbitos de poder, tal como lo estamos viendo últimamente, no hacen más que empeorar la desafección de la ciudadanía ante el poder político y la justicia, lo cual nos entristece.

 

-De un tiempo a esta parte, vivimos inmersos en una serie de términos que muchos todavía no acabamos de comprender. ¿Podría ayudarnos con un pequeño glosario?

 

-Cohecho:aceptar u ofrecer regalos, o cualquier tipo de ventaja patrimonial, por el ejercicio del cargo o por la realización de favores. Es lo que se conoce comúnmente como soborno, cuando se le da una cantidad a un funcionario para que haga algo contrario a la ley (o no, porque un cargo público ya percibe sus retribuciones, con lo cual un particular no tiene por qué darle dinero para que haga su trabajo).

 

Tráfico de influencias:aprovecharse del poder que alguien tiene por el ejercicio de un cargo público para lograr la contratación de empresas que puedan favorecerle de forma directa o indirecta. Por ejemplo, una persona que consigue contratar a determinadas personas que son de su partido, familiares o amigos.

 

Prevaricación:adoptar una resolución contraria al derecho, de forma conciente, sabiendo lo que se hace. Por ejemplo, una persona que consigue una licencia para edificar en un lugar donde no está permitido.

 

Blanqueo de capital:realizar cualquier acto de transmisión patrimonial o de otro tipo que oculte el origen ilícito de unos fondos para que tengan apariencia legal. Por ejemplo, el dinero procedente de la droga blanqueado a través de un restaurante que no tiene clientes.

 

Personas aforadas:son cargos parlamentarios que, como tales, son juzgados por un tribunal distinto del que correspondería si fueran ciudadanos comunes. Por ejemplo, si se interpone una querella contra un diputado o un senador, el competente para instruir el caso será una sala especial del Tribunal Supremo. Si por la misma causa se querella a un ciudadano, el competente será el Juzgado correspondiente al lugar donde ocurrieron los hechos.

 

Malversación de fondos:la utilización de fondos por aquel que está encargado de custodiarlos y manejarlos con un fin diferente del que marca el ordenamiento. Si una persona tiene un presupuesto para realizar una obra pública, no puede utilizarlo para lucrarse él o una empresa y hacer la obra por una calidad muy inferior de la contratada.

 

-Una última duda, ¿cómo se decide el monto de una fianza, está en relación con la cantidad estafada?

 

-Hay varios tipos de fianza. Una es la que asegura la presencia del imputado y entonces se fija la cantidad en función del riesgo de fuga, lo suficientemente disuasiva para evitarla.

 

Por otro lado, tenemos las fianzas que aseguran la responsabilidad civil derivada de los hechos y, en este caso, lo que se valora es la probable responsabilidad en que pueda incurrir el imputado en el caso de que haya una sentencia condenatoria. En supuestos de malversación de caudales públicos, por ejemplo, la cantidad malversada será muy indicativa a la hora de fijar la fianza.

 

-El caso de Bárcenas cumple todos los requisitos…

 

-Es un caso muy complejo, sí. Generalmente en los casos de corrupción, los delitos de prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias van juntos. Además, evidentemente, cuando existe un blanqueo de fondos también suele haber un delito fiscal, es decir, una defraudación a la Hacienda Pública.

 

-Para terminar, me gustaría conocer su opinión sobre la admisión a trámite, la semana pasada, de la Iniciativa Legislativa Ciudadana para reformar la ley hipotecaria española.

 

-Como miembro del colectivo de Jueces para la Democracia, que hemos impulsado iniciativas desde el punto de vista jurídico y progresista para que se legisle la dación en pago y se suavice una normativa hipotecaria excesivamente dura en comparación con otros países, me alegró mucho la noticia. Pero tendría que ser algo más normalizado en una democracia avanzada que las ILP fueran no sólo admitidas a trámite sino convertidas en leyes. No están ahí para dar una apariencia de democracia sino para que los ciudadanos puedan realmente convertir en leyes sus aspiraciones cuando, como ahora, los políticos no las atienden.

Sé el primero en comentar

Deja un comentario

Tu dirección de correo no será publicada.


*