No había duda, pero con lo que está sucediendo esta semana al respecto de la aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual podemos constatar que la magistratura española actúa como una banda organizada -y en ocasiones, criminal-.
Además, cuenta con el apoyo de los grandes grupos mediáticos y con determinados partidos políticos. Dicho apoyo se hace más evidente si la persona a eliminar se llama Irene Montero, es ministra de Igualdad, mujer y forma parte de Podemos.
La pésima interpretación de la Ley por parte de algunos jueces ha dado pie a que violadores condenados -algunos incluso en prisión- hayan visto como se les reduce la pena (en una errónea aplicación de un beneficio legal que concede la Constitución) sin que la Fiscalía se oponga. La actual ministra de Igualdad lo dejó claro: se trata de jueces machistas que interpretan mal la ley.
Si la aseveración no fuera cierta, los miembros del llamado Club de la Toga no hubiesen entrado en cólera: las dos asociaciones mayoritarias de magistrados pidieron su dimisión inmediata, e incluso la asociación de jueces progresistas, Jueces para la Democracia, tildó las declaraciones de la ministra como «desafortunadas». Desde el CGPJ también se salió en defensa de los jueces.
Paralelamente, partidos como el PP, Vox o Ciudadanos exigieron depurar responsabilidades. Algunas ministras del PSOE, como María Jesús Montero, declararon que la Ley debía revisarse. La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, de la coalición Unidas Podemos, se puso de perfil toda la semana y hasta hoy no ha abierto la boca para pedir «prudencia». Todo ello sustentado por horas y horas de televisión, continuas noticias en los digitales y reportajes tendenciosos sobre las víctimas con el objetivo de aniquilar a la ministra de Igualdad y crear una alarma social indebida.
Una Ley justa y necesaria
La nueva Ley, conocida popularmente como la ‘ley del solo sí es sí’, redactada por la prestigiosa magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, es impecable. Tal y como ha explicado la propia Rosell, la reducción de penas, «no es un problema de la ley». Rosell pone de ejemplo un caso de la Comunidad de Madrid donde un padrastro violador ha visto como se le ha reducido la pena en dos años: «No solo no es cierto que el mínimo en el caso del padrastro que penetra a la hijastra se haya reducido de 8 a 6, sino que se ha incrementado de 10 a 15 porque hay necesariamente uso de superioridad».
Por ello, afirma que «la capacidad de interpretación sin perspectiva, ni de género, ni de infancia, ni de derechos humanos» existe con ambas leyes. Añade que «hay una mirada voluntarista» por parte de los jueces o los abogados: «Si la pena que has puesto en la sentencia firme cabe con la nueva ley, no se revisa».
Por su parte, el magistrado emérito del Tribunal Constitucional, José Antonio Martín Pallín, ha subrayado que la Ley «está bien diseñada» porque «se incorporan los abusos a las agresiones, los tipos delictivos son, prácticamente, iguales que en la legislación anterior».
«La única característica diferencial es que por lo general se mantienen las penas máximas y se rebajan las penas mínimas. Esta es la diferencia y creo que es una ley que tiene que ser interpretada en sus justos términos y no es obligatorio el imponer la nueva pena mínima», ha resaltado.
Pese a las feroces resistencias, seguiremos impulsando un Estado feminista ♀️ pic.twitter.com/rtavFmdUEq
— Irene Montero (@IreneMontero) November 17, 2022
