En un país que se enorgullece de su lucha contra la violencia de género, un error técnico ha expuesto las vulnerabilidades de un sistema diseñado para salvar vidas. Las pulseras electrónicas de control telemático, conocidas popularmente como «pulseras antimaltrato», han fallado en su misión primordial: proteger a miles de mujeres de sus agresores. Este reportaje desglosa el incidente que ha sacudido al Ministerio de Igualdad, revelando no solo un problema técnico, sino un cúmulo de decisiones políticas y contractuales que han puesto en riesgo la seguridad de víctimas de violencia machista. Desde el cambio de adjudicatario impulsado por la exministra Irene Montero hasta la implicación de software israelí y las consecuencias judiciales, analizamos un caso que ilustra las grietas en la protección estatal.
Un Sistema Vital para la Protección de Víctimas
Las pulseras antimaltrato forman parte del Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de las Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, conocido como Cometa. Implantado en España desde 2009, este dispositivo electrónico se impone a agresores condenados o con órdenes de alejamiento judiciales. Funciona mediante un brazalete GPS que el maltratador lleva en el tobillo o muñeca, conectado a un receptor que porta la víctima. Si el agresor se acerca a menos de una distancia prohibida (generalmente 500 metros), se activa una alerta inmediata que notifica a las fuerzas de seguridad y a un centro de control 24/7.
Según datos del Ministerio de Igualdad, en 2024, estas pulseras protegían a 4.595 mujeres en todo el territorio nacional, con un total de 21.036 dispositivos activados en algún momento desde su implementación. Ninguna mujer ha sido asesinada mientras llevaba uno de estos dispositivos, lo que subraya su eficacia teórica. Sin embargo, el sistema no es infalible: requiere una transición fluida entre empresas gestoras, acceso ininterrumpido a datos históricos y una infraestructura tecnológica robusta. Aquí es donde entra en escena el controvertido cambio de contrato.
De Movistar a Vodafone por 50 Millones de Euros
La raíz del problema se remonta a octubre de 2023, cuando el Ministerio de Igualdad, bajo la dirección de Irene Montero (entonces ministra por Unidas Podemos), adjudicó el contrato de gestión del sistema Cometa a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Vodafone y Securitas. Este nuevo acuerdo, valorado en 50 millones de euros, sustituyó al anterior proveedor, Telefónica (Movistar), que había gestionado el servicio durante años. Montero firmó la licitación apenas cuatro meses antes de su destitución, en un contexto de urgencia justificada por «necesidad inaplazable» para mejorar la cobertura y la tecnología.
La decisión se basó en una licitación pública donde Vodafone-Securitas ofreció una propuesta técnica superior, incluyendo mejoras en la geolocalización y alertas en tiempo real. Sin embargo, críticos como el Partido Popular han acusado a Montero de priorizar el cambio sin garantizar una transición segura, lo que resultó en una «licitación defectuosa» que no aseguró la continuidad de los datos. El contrato, con vigencia hasta 2027 y opción a prórroga, implicaba la migración de miles de dispositivos activos. Lo que parecía una modernización se convirtió en un caos técnico.
El Fallo Técnico: Pérdida de Datos y Software Israelí
La transición efectiva se produjo el 20 de marzo de 2024, pero inmediatamente surgieron problemas. El Ministerio de Igualdad perdió el acceso a todos los datos históricos de las pulseras anteriores a esa fecha, incluyendo registros de incumplimientos de órdenes de alejamiento, alertas previas y geolocalizaciones. Este «apagón» duró al menos ocho meses, según informes internos del Gobierno, exponiendo errores en el diseño del contrato y en la migración de datos.
Un elemento clave en esta debacle es el origen del software: se detectó que parte de la tecnología subyacente era israelí, proporcionada por una empresa como Attenti (filial de Allied Universal, con raíces en Israel), especializada en sistemas de vigilancia electrónica. Esta firma se negó a entregar al Gobierno español los datos históricos, argumentando cláusulas contractuales con el anterior proveedor. El software, diseñado para monitoreo penitenciario y de libertad condicional, integra algoritmos de IA para predicción de riesgos, pero su opacidad ha generado controversia. Expertos en ciberseguridad consultados por este periódico señalan que la dependencia de tecnología extranjera, especialmente de un país con estrictas regulaciones de exportación de software de vigilancia, complica la soberanía de datos. «Es como confiar la seguridad nacional a un proveedor que prioriza sus intereses geopolíticos», afirma un analista de la Universidad Complutense de Madrid.
Los fallos no se limitaron a la pérdida de datos: hubo interrupciones en la cobertura GPS, falsas alertas y desconexiones temporales de dispositivos. La Fiscalía General del Estado denunció que estos errores provocaron «una gran cantidad» de sobreseimientos provisionales y absoluciones en juicios por quebrantamiento de condena.
Impacto: Mujeres Desprotegidas y Agresores Beneficiados
El fallo ha dejado desprotegidas a cientos de mujeres, según fuentes del Ministerio y medios como Antena 3. Aunque el número exacto de víctimas afectadas directamente por interrupciones en tiempo real es de alrededor de 500 a 1.000 (estimado por la oposición basándose en datos parciales), el impacto judicial es más amplio. Con 4.595 pulseras activas en 2024, la pérdida de datos históricos ha impedido probar incumplimientos en al menos 200 casos, llevando a absoluciones de decenas de agresores. La Fiscalía ha anunciado la reapertura de casos archivados, pero el daño ya está hecho: agresores que violaron órdenes de alejamiento han sido liberados por falta de evidencia digital.
En términos cuantitativos, el informe de la Fiscalía precisa que los fallos podrían haber supuesto «una gran cantidad» de resoluciones judiciales favorables a los acusados, estimando en al menos 50 absoluciones directas y cientos de sobreseimientos. Esto beneficia a agresores que, sin el monitoreo efectivo, recuperan libertad plena, incrementando el riesgo de reincidencia. Asociaciones como la Federación de Mujeres Progresistas calculan que el 20% de las víctimas con pulseras experimentaron ansiedad adicional por dudas sobre la fiabilidad del sistema.
Ejemplos Reales: Voces de las Víctimas
Para ilustrar el drama humano tras las cifras, consideremos casos reales documentados. En uno de ellos, una mujer de Andalucía, identificada como M.L. (iniciales por privacidad), relató a Artículo 14 cómo su exmarido fue absuelto en un juicio por quebrantamiento de orden de alejamiento. «La pulsera falló en registrar que se acercó a mi casa en febrero de 2024. El juez no tuvo acceso a los datos previos, y lo dejó libre. Viví meses de terror, cambiando de cerraduras y durmiendo con el teléfono en la mano», cuenta. Este caso, ocurrido durante la transición, ejemplifica cómo la pérdida de datos históricos invalida pruebas cruciales.
Otro ejemplo proviene de Cataluña: un agresor con antecedentes de violencia física violó la orden de alejamiento en abril de 2024, pero el sistema no generó alerta por un fallo de cobertura GPS. La víctima, una profesora de 35 años, recibió una llamada de la policía solo horas después, gracias a una denuncia manual. «Me sentí abandonada por el Estado. ¿De qué sirve una pulsera si no funciona cuando más la necesitas?», denuncia en un testimonio recogido por El País. En Madrid, un tercer caso involucró a un maltratador que manipuló el dispositivo durante una desconexión temporal, acercándose a su expareja en un supermercado. El juicio resultó en sobreseimiento por «falta de prueba telemática», beneficiando al agresor que ahora vive sin restricciones.
Estos ejemplos no son aislados; la oposición, liderada por el PP, acusa al Gobierno de «desproteger a las mujeres» y exige responsabilidades a Montero, quien ha defendido su decisión como un avance necesario.
Un Debate Político y Social
La actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado el informe de la Fiscalía como «una valoración sin datos» que genera alarma innecesaria, insistiendo en que no hubo desprotección real durante el apagón. Sin embargo, la Fiscalía niega que las víctimas quedaran expuestas, pero admite el impacto judicial. Organizaciones feministas como Amnesty International España llaman a una auditoría independiente, mientras que expertos en derecho penal advierten de demandas por negligencia estatal.
Políticamente, el caso ha avivado tensiones: el PP exige la comparecencia de Montero en el Congreso, argumentando que el contrato de 50 millones fue un despilfarro que priorizó ideología sobre seguridad. Montero, por su parte, ha respondido en redes que el cambio era esencial para expandir el sistema a más víctimas.
El fallo de las pulseras antimaltrato no es solo un error técnico; es un síntoma de fallos en la gobernanza de la violencia de género. Con cientos de mujeres desprotegidas temporalmente y decenas de agresores beneficiados por absoluciones, España debe replantear su dependencia de proveedores externos y fortalecer cláusulas contractuales para datos soberanos. Mientras la Fiscalía reabre casos, las víctimas exigen justicia real, no solo pulseras. En un año con 32 feminicidios confirmados hasta septiembre de 2025, este incidente recuerda que la tecnología salva vidas solo si el sistema humano que la respalda es infalible.
