A las nueve de la mañana del 15 de julio de 2025, una retroexcavadora irrumpió en el asentamiento chabolista de Can Rova 2, ubicado en el municipio de Santa Eulària, en Ibiza. Este poblado, hogar de más de 200 personas, fue desalojado por orden judicial en un operativo que, aunque transcurrió sin incidentes mayores, dejó a decenas de familias en una situación de incertidumbre y desamparo. Entre colchones abandonados, bicicletas infantiles y un cartel que rezaba “Terminaron con Can Rova II, pero no podrán con Can Rova III”, los residentes se enfrentaron a la demolición de sus precarias viviendas, marcando el fin de un capítulo más en la crónica de la crisis habitacional que azota la isla.
Origen de Can Rova 2: un refugio improvisado
El asentamiento de Can Rova 2 surgió como una consecuencia directa del desalojo de Can Rova 1, un campamento ilegal situado en un terreno contiguo, que fue clausurado el 31 de julio de 2024. Can Rova 1, gestionado por uno de los propietarios del terreno en contra de la voluntad de sus hermanos, cobraba alquileres a los residentes por parcelas donde instalaban caravanas, tiendas de campaña y estructuras improvisadas. Tras un litigio familiar, la justicia ordenó su desalojo, dejando a centenares de personas sin un lugar donde vivir. Muchas de ellas, sin alternativas viables, se trasladaron a un solar cercano, dando origen a Can Rova 2.
Este nuevo asentamiento, ubicado entre el polígono de Can Bufí y la carretera de Ibiza a Sant Antoni, creció rápidamente hasta albergar entre 200 y 300 personas, según estimaciones de los propios residentes y el Ayuntamiento de Santa Eulària. La mayoría de los habitantes eran trabajadores de sectores como la construcción, la hostelería y los servicios, atraídos a Ibiza por la promesa de empleo en la temporada turística, pero incapaces de costear los elevados alquileres de la isla. “Aquí hay trabajadores, gente joven y adulta, que levantamos día a día esta isla y hemos de sufrir esta situación por alguien que se lucra a nuestra costa”, denunció una residente anónima durante el desalojo de Can Rova 1.
Un desalojo anunciado
El desalojo de Can Rova 2 no fue una sorpresa. Desde abril de 2025, cuando un intento previo fue paralizado por un recurso judicial presentado por el abogado David Fechenbach, los residentes sabían que su tiempo en el terreno era limitado. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma, que inicialmente suspendió el desalojo por la vulnerabilidad de las familias, levantó la prohibición tras un incendio en el asentamiento el 26 de junio de 2025. Este incidente, que calcinó una caravana y afectó a estructuras cercanas, fue utilizado como argumento para reactivar el proceso, citando los riesgos para la seguridad y el medio ambiente.
El operativo del 15 de julio contó con un amplio dispositivo de seguridad: cuatro coches de la Policía Local, seis de la Guardia Civil y uno de Tráfico, además de dos retroexcavadoras que comenzaron a demoler las estructuras. Los residentes, conscientes de la inminencia del desalojo, habían comenzado a recoger sus pertenencias desde el día anterior. Sin embargo, la resignación no mitigó el dolor de ver sus hogares reducidos a escombros. “Ahora están tirando mi casa”, lamentó Richard Medina, uno de los exresidentes, mientras observaba cómo la maquinaria destruía el campamento.
Condiciones de vida indignas
Can Rova 2 era un reflejo de la precariedad habitacional en Ibiza. Las condiciones del asentamiento eran insalubres y peligrosas, con conexiones eléctricas ilegales, bombonas de butano, placas de amianto y residuos inflamables. Durante el desalojo, se retiraron 29 botellas de butano, dos camiones de aparatos eléctricos, 10 baterías y tres bidones de aceite, entre otros materiales peligrosos. La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, afirmó que el operativo evitó “una posible catástrofe humana y medioambiental”.
A pesar de estas condiciones, para muchos residentes, Can Rova 2 representaba una solución desesperada frente a la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. “Me pedían 750 euros por una habitación compartida con alguien que no conoces”, explicó una ocupante anónima, subrayando la falta de alternativas asequibles. Los elevados precios de los alquileres en Ibiza, que pueden alcanzar los 1.000 euros por una habitación en un piso compartido, han empujado a cientos de trabajadores a estos asentamientos improvisados. “No residimos aquí por capricho”, afirmó el abogado Fechenbach, quien defendió que los residentes necesitaban soluciones habitacionales reales, no solo desalojos.
Un drama humano
El desalojo dejó al descubierto las historias personales de los afectados. Entre los 200 a 300 residentes, había familias con menores, mujeres embarazadas y trabajadores que, a pesar de tener empleo, no podían permitirse un alquiler en la isla. Once menores, sus madres y dos mujeres embarazadas fueron acogidos temporalmente en el albergue de Cáritas, mientras que el Ayuntamiento de Santa Eulària tramitó ayudas para cuatro mujeres con hijos y un alojamiento privado de emergencia para otra persona. Sin embargo, para la mayoría de los adultos, no había alternativas claras. “Prefiero estar solo en mi coche que compartir una habitación con diez personas”, afirmó Valentín, un exresidente que planea dormir en su vehículo durante el verano.
Richard, otro residente de origen paraguayo, expresó su frustración: “No tenemos otra opción”. Él y su familia, que incluye dos hijos, habían sido desalojados previamente de Can Rova 1. La falta de acceso al empadronamiento y las trabas burocráticas dificultaban su regularización, perpetuando su vulnerabilidad. “Por mis hijos, por mi señora, por todos los niños que viven aquí”, lamentó, destacando el impacto psicológico del desalojo en las familias.
La respuesta institucional
El Ayuntamiento de Santa Eulària, que impulsó el desalojo por motivos de seguridad y legalidad, ha insistido en que ofrece soluciones a través de los Servicios Sociales. El regidor de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Roselló, animó a los desalojados a acudir a las oficinas de Puig d’en Valls para una evaluación de vulnerabilidad. Sin embargo, los residentes y sus representantes legales han criticado la falta de alternativas reales. “Si les dan cita a todos, estarían llenas durante meses”, señaló Fechenbach, quien pidió un aplazamiento del desalojo hasta el 31 de agosto para garantizar una salida ordenada.
La oposición municipal, liderada por figuras como Guadalupe Nauda de Podemos, ha denunciado las trabas administrativas, especialmente en procesos como la escolarización de menores. Nauda también acusó al Ayuntamiento de actuar con celeridad solo para facilitar la salida de los residentes de la isla, como el pago de billetes de avión para algunos. Por su parte, el senador pitiuso Juanjo Ferrer (PSOE) advirtió que los desalojos no resuelven el problema, sino que lo trasladan a otras zonas, incrementando los riesgos sociales y medioambientales.
El riesgo de un “Can Rova 3”
La historia de Can Rova 2 sugiere que el desalojo no será el fin del problema. Días antes del operativo, algunos residentes comenzaron a trasladarse al bosque de Puig d’en Negre, una zona boscosa de difícil acceso con alto riesgo de incendio. La Policía Local de Santa Eulària impuso sanciones a quienes intentaron instalarse allí, pero la falta de alternativas habitacionales hace temer que nuevos asentamientos ilegales surjan en la isla.
“Si nos desalojan de aquí, va a haber otro Can Rova 3”, advirtió Richard en abril de 2025. Esta profecía parece estar cumpliéndose, ya que decenas de desalojados se han trasladado a terrenos cercanos, como el polígono de Can Bufí o el entorno del estadio Can Misses. La vigilancia policial se ha intensificado para evitar la proliferación de nuevos campamentos, pero sin abordar la raíz del problema —la escasez de vivienda asequible— estas medidas parecen ser solo un parche temporal.
Una crisis estructural
El desalojo de Can Rova 2 pone de manifiesto la crisis habitacional que afecta a Ibiza, una isla donde el auge del turismo ha disparado los precios de la vivienda, dejando a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad extrema. “Ibiza se va a quedar sin trabajadores”, afirmó Gabriel Torres, un exresidente que planea abandonar la isla tras la temporada turística, incapaz de costear los 800 euros mensuales por una habitación compartida.
La especulación inmobiliaria, los alquileres turísticos y la falta de políticas efectivas para garantizar vivienda asequible han creado un círculo vicioso. Mientras los empresarios dependen de trabajadores estacionales, muchos de estos no encuentran dónde vivir. La propuesta de regular los alquileres o destinar espacios como el Recinto Ferial para acoger a los desalojados, sugerida por vecinos como Toni, un jubilado de Can Negre, no ha encontrado eco en las autoridades.
Un problema sin fin
El desalojo de Can Rova 2 no es solo la clausura de un asentamiento ilegal; es un síntoma de una crisis más profunda que afecta a Ibiza y a otras regiones turísticas. Las imágenes de familias recogiendo sus pertenencias bajo la mirada de la maquinaria pesada son un recordatorio de la fragilidad de quienes sostienen la economía de la isla. Mientras no se implementen soluciones estructurales, como la construcción de viviendas sociales o la regulación del mercado inmobiliario, el espectro de un “Can Rova 3” seguirá acechando.
“Era mi casa, aunque fuera indigna”, dijo un niño mientras miraba fotos de su chabola en un teléfono móvil. En esas palabras se resume el drama de Can Rova 2: un lugar que, a pesar de sus carencias, era el único refugio para cientos de personas atrapadas en la paradoja de una isla rica que no puede ofrecerles un hogar.
