El auge de los seguros sanitarios privados entre personas mayores en España: explicación, tensiones y críticas
En los últimos años, la evolución del sistema sanitario español ha estado marcada por un fenómeno que combina tendencia demográfica, desgaste estructural y decisiones económicas individuales: el aumento de la contratación de seguros de salud privados, particularmente entre la población de mayor edad. Lo que en su origen fue visto como un complemento opcional al sistema público —el Sistema Nacional de Salud (SNS)— se ha convertido progresivamente en una estrategia de autoprotección para quienes temen al deterioro de la atención pública y a las largas esperas.
Un auge que ya no es marginal
Según el Barómetro Sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 2025, cerca del 30 % de la población española declara tener algún tipo de seguro médico privado, que incluye coberturas individuales, colectivas y mutualidades, lo que representa alrededor de 12,6 millones de personas con seguro de salud privado. Esta cifra equivale aproximadamente al 26 % de la población total e incluye tanto pólizas sujetas a pago directo como aquellas contratadas a través de empleadores o mutualidades.
Aunque ese porcentaje baja frente a máximos anteriores, subraya que uno de cada cuatro españoles confía en la sanidad privada para resolver sus necesidades médicas o, al menos, como respaldo frente a fallos percibidos de la atención pública.
Este crecimiento no es casual: en la última década, los ingresos y el número de asegurados de salud han crecido de forma sostenida, y el sector se ha consolidado como un actor económico de peso significativo en España.
El peso de la edad y la inseguridad sanitaria
La tendencia es clara: aunque las tasas de contratación privada entre personas mayores de 65 años no son tan altas como en poblaciones activas (datos recientes sitúan la cobertura en torno al 15–17 % en ese grupo etario), quienes sí se aseguran —o intentan hacerlo— se enfrentan a una realidad económica muy distinta de la de los jóvenes.
En España, como en otros países con mercados aseguradores desarrollados, la edad es un factor determinante en el cálculo de la prima de los seguros privados. Las aseguradoras suelen cobrar mucho más —casi el doble o más— por las pólizas de las personas mayores que por las de los adultos más jóvenes. En determinados casos, las primas para mayores de 65 años pueden triplicar las que paga un titular de 40 años, cerca de 180 euros al mes frente a cifras sensiblemente inferiores en edades medias.
Desde la óptica del sector asegurador, esta diferencia responde a criterios de “riesgo actuarial”: las personas mayores, en promedio, requieren más atención médica, realizan más consultas y tienen más probabilidad de padecer enfermedades crónicas, lo que encarece la cobertura. Sin embargo, desde el punto de vista social, esta práctica plantea interrogantes éticos y de equidad, porque quienes más necesitan protección suelen ser, paradójicamente, quienes menos pueden costearse una cobertura razonable.
¿Por qué recurre la población mayor a los seguros privados?
La contratación de seguros de salud privados no ocurre en el vacío, sino en respuesta a problemas tangibles en la prestación pública —y a motivaciones percibidas de los usuarios— entre las cuales destacan:
1. Listas de espera y percepción de deterioro del SNS
Numerosos análisis y testimonios coinciden en que la percepción de deterioro de la sanidad pública —especialmente en tiempos de pandemia y postpandemia— ha disparado una demanda anticipatoria de servicios privados. Las largas esperas para pruebas diagnósticas o intervenciones, un clásico problema del SNS en varias comunidades autónomas, empujan a muchos a buscar seguridad en el sector privado.
Un informe publicado por un medio nacional destacó que por cada día adicional de espera en atención primaria en España se contrataron kilómetros de seguros privados adicionales, señalando una relación directa entre los tiempos de acceso y la demanda de servicios asegurados.
2. Rapidez, comodidad y atención directa
Estudios del sector aseguran que las principales motivaciones declaradas por los asegurados incluyen la agilidad en el acceso a especialistas y pruebas, un trato preferencial y la comodidad de no depender de listas de espera. Para la población mayor, estos factores son especialmente relevantes: la probabilidad de enfrentar problemas complejos de salud es mayor, al igual que la impaciencia por resolverlos.
3. Miedo y autoseguro tras la pandemia
El impacto psicosocial de la pandemia contribuyó a que muchos percibieran la sanidad privada como una “red de seguridad” en caso de futuros colapsos sanitarios o retrasos, reforzando la idea de que pagar por un seguro privado era una inversión en tranquilidad personal.
Críticas al auge privado: justicia social y sostenibilidad del sistema
Aunque la expansión de los seguros privados ofrece a muchas personas mayor tranquilidad y acceso rápido a servicios, también suscita críticas relevantes desde varias perspectivas:
1. Desigualdad y acceso según renta
El crecimiento de la contratación privada, especialmente entre mayores con recursos suficientes, refuerza una forma de “dos velocidades” en el acceso a la salud. Esta lógica tiende a segmentar a la población en función de su capacidad económica: quienes pueden pagar acceden antes y con más comodidad, mientras la mayoría sigue dependiendo de un sistema público que arrastra problemas estructurales.
Además, el hecho de que las primas crezcan con la edad y que las aseguradoras puedan incluso negarse a renovar pólizas a personas con un historial médico complejo, intensifica esta desigualdad, dejando a algunos en una situación de inseguridad sanitaria.
2. Riesgo moral y desatención de la sanidad pública
El auge del sector privado puede tener efectos contraproducentes en el SNS si reduce la presión política para abordar sus fallos. Si un segmento notable de la población rica o con recursos opta por salirse de la demanda de servicios públicos, disminuye el incentivo para mejorar la eficiencia y la financiación del SNS. Una sanidad pública fuerte necesita respaldo ciudadano amplio para justificar inversiones y reformas.
3. Ejecutivo y mercado: ¿quién regula?
La intervención del Estado en este sector ha sido objeto de debate. Recientemente se propuso gravar los seguros de salud con un impuesto especial, lo que, según las aseguradoras, podría retraer a algunos usuarios y aumentar la presión sobre el sistema público si estas personas —ante la pérdida del incentivo fiscal— decidieran depender exclusivamente de la sanidad pública.
Sin embargo, quienes critican esta propuesta argumentan que el impuesto debería acompañarse de mejoras sustanciales en el SNS para que el aumento de recursos se traduzca en mejores servicios, no en un simple ingreso presupuestario.
Envejecimiento demográfico: más años, más atención
El trasfondo demográfico de este debate no puede ignorarse. Europa en su conjunto está envejeciendo de manera sostenida: la proporción de personas mayores de 65 años frente a la población en edad laboral aumenta año tras año y se proyecta que esta tendencia se mantenga durante décadas.
Este cambio estructural implica que la demanda de servicios sanitarios, incluidos los seguros complementarios, seguirá creciendo, porque las necesidades médicas de las personas mayores son mayores y más crónicas. Asia, América del Norte y buena parte de Europa enfrentan esta misma dinámica, lo que obliga a revisar cómo se combinan los sistemas públicos y privados para atender a una población que vive más años, pero también con más comorbilidades.
Conclusión: ¿complemento o sustituto?
El aumento de la contratación de seguros de salud privados por parte de personas mayores en España —y en otras sociedades europeas— no es un fenómeno aislado ni únicamente individual. Es el resultado de múltiples factores: la percepción y realidad de fallos en la sanidad pública, los incentivos económicos de las aseguradoras, las tensiones demográficas del envejecimiento y un mercado asegurador que ha sabido explotar estos cambios.
Como sociedad, la pregunta central no es simplemente si más personas mayores optan por seguros privados, sino qué modelo de salud queremos sostener: uno donde redes privadas complementan y alivian la carga de los sistemas públicos para todos, o uno en el que la salud se convierte en un bien fuertemente segmentado por renta y edad.
En ese debate están en juego tanto la justicia social como la sostenibilidad financiera del sistema sanitario español a medio y largo plazo.