Que Europa está fomentando e incrementando las desigualdades entre pueblos y regiones es un hecho incontestable. Pero también está construyendo todo un aparato jurídico, basado en el Tratado de Lisboa y todo el infoque neoliberal que lo precedió, que refuerza la desigualdad de derechos y condiciones laborales entre los trabajadores de cada país. En un espacio europeo donde los capitales gozan de todos los beneficios para saltar fronteras y buscar las tasas más altas de beneficio –o la mejor plataforma para la especulación– desde La Humanité denuncian la directiva Bolkestein 2 que aporta argumentos de peso para una huelga general en toda la Unión Europea el próximo 29 de setiembre.
Desde esta revista nos comprometemos a seguir aportando textos como el que ahora transcribimos para ir fortaleciendo un argumentario incontestable y para que la Huelga General sea un éxito de denuncia, propuesta y alternativa en todos los pueblos de Europa.
La contratación en Francia de trabajadores temporales venidos de otros países de la Unión Europea está regulada por la directiva 96/71 sobre el desplazamiento de trabajadores temporales y por la directiva de servicios (llamada Bolkestein 2). Estos trabajadores deben beneficiarse del derecho francés en materia de remuneración y de condiciones de trabajo (salario, primas e indemnizaciones previstas por el convenio colectivo aplicable, o en su defecto el salario mínimo interprofesional (SMIC) ; vacaciones pagadas, horario laboral…) Lo que resulta muy teórico ya que la mayoría no habla francés, no conoce sus derechos y son reclutados por las agencias de trabajo locales de sus países.
Sin embargo, siguen afiliados a la Seguridad Social de sus países de origen. Es decir, muy a menudo, una protección menor y con menores costes ; un chollo para los patronos franceses, que pueden de esta manera hacer bajar el coste del trabajo y poner a competir a los trabajadores. Además, los términos imprecisos de la directiva de servicios, revisable cada tres años, y la jurisprudencia de la Corte Europea de Justicia (sentencias Laval y Viking) preparan el terreno al dumping social integral querido, en nombre de la libre competencia, por la primera directiva Bolkestein.
Es decir, los trabajadores de Europa del Sur y del Este “desplazados” en toda la Unión en las condiciones de sus “países de origen”. Y una igualación a la baja para todos. En Suecia, apoyándose en la jurisprudencia europea, el gobierno ha hecho aprobar una nueva ley que limita el derecho de huelga, a pesar de estar reconocido en la Constitución : la huelga solo puede ser declarada por motivos vinculados al convenio colectivo de la empresa.
