El partido, que facilitó el gobierno del PP liderado por Marga Prohens, ha registrado una proposición de ley para crear la llamada Oficina por la Libertad Lingüística, un organismo que pretende obligar a las administraciones públicas a utilizar el castellano. La propuesta prevé fuertes multas, que van de los 1.000 a los 100.000 euros si la administración no utiliza el castellano antes que el catalán cuando un usuario lo reclame.
Este es uno de los puntos que aceptó el PP en el acuerdo de investidura, para recibir su apoyo para llegar al gobierno de las Islas, pero ahora, los populares piden a la extrema derecha que lo retire.
El portavoz de los populares en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha advertido a la formación de Santiago Abascal de que, si no retiran la petición de que se cree esta oficina, presentarán «una multitud» de enmiendas a la propuesta. Sagreras ha añadido que Vox decidió este jueves de manera «incomprensible» registrar la proposición de ley, porque el texto «no estaba pactado» y no se les había avisado, dice, de que lo harían.
Uno de los aspectos que ha criticado el PP son las multas previstas: «Hace mal centrarse en aspectos concretos de la norma, porque invade competencias, no nos gusta es preámbulo o tiene un régimen sancionador que creemos que no saca ningún ningún sitio.»
Por todo ello, Sagreras ha pedido la retirada «inmediata» de la iniciativa legislativa. El PP ha afirmado que estarán «siempre dentro del Estatuto de Autonomía y en la defensa y en la normalidad de convivencia de las dos lenguas oficiales de las Baleares, el catalán y el castellano».
Vox ya ha dicho que no piensa retirarla.
