La Comisión Europea ha dado el visto bueno para que el Gobierno español use 100 millones de los fondos europeos que deben ayudar a España a recuperarse del Covid en la «rehabilitación energética» de 42 edificios de la UGT y CCOO. La Comisión estima que este dinero se enmarca en la “Inversión 4 del componente 11” del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

Ese componente destina 1.070,7 millones de euros para la llamada “transición energética de la Administración General del Estado”. Los 100 millones para la reforma de las sedes sindicales salen de esa partida. Las principales centrales sindicales, UGT y CCOO, han sido un apoyo clave para Sánchez y el Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos en negociaciones cruciales como ERTES, pensiones, salario mínimo interprofesional y más recientemente con la reforma laboral.

El objetivo, dice la Comisión, es renovar los edificios para aumentar el número de instalaciones con alta calificación energética y “fomentar la implantación de sistemas solares fotovoltaicos u otras energías renovables en las instalaciones de la Administración central”. En ese sentido, Bruselas sostiene que las sedes de los sindicatos se pueden calificar como bienes de titularidad pública susceptibles de recibir estas ayudas para la transición energética.

El Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, elevó hasta 17 millones de euros la partida de 2022 destinada a las organizaciones sindicales «en proporción a su representatividad, según los resultados globales obtenidos en elecciones sindicales legalmente convocadas por la realización de actividades de carácter sindical».

Los 17 millones de subvenciones a los sindicatos en 2022 suponen una cifra récord, muy por encima del registro de José Luis Rodríguez Zapatero en plena gran crisis económica, que elevó las asignaciones hasta los 15,8 millones. Mariano Rajoy las redujo a casi 8,9 millones.

El incremento de Díaz y Sánchez es de un 22,4%, tres veces superior a la previsión de crecimiento económico, cinco veces más que el aumento del gasto en pensiones y 38 veces superior al gasto público consolidado estimado. En 2021, aunque no figuraba en los primeros borradores de los Presupuestos, la dotación se ha situado en 13.883.890 euros (un 56,3% más) frente a los 8.883.890 del año anterior, que se venía registrando desde que en 2013 Rajoy metiera la tijera para que también las aportaciones de los sindicatos sufrieran un recorte y contribuyeran a la reducción del déficit público. Es decir, el Gobierno va a casi duplicar esta aportación (92,3% más) en sólo dos años, entre 2021 y 2022.

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