Un instante de la rueda de prensa. (@Habit_Drassanes)

La plataforma Habitem les Drassanes ha reclamado hoy in situ una investigación por «fraude» durante décadas en la normativa urbanística de los terrenos de Drassanes, donde está proyectada una residencia estudiantil y donde los vecinos reclaman construir vivienda social.

Las entidades que agrupa la plataforma aseguran que los servicios técnicos municipales nunca publicaron en ningún boletín oficial el documento definitivo de los solares, después de que se aceptara la alegación presentada por un vecino que reducía en 1.342 metros cuadrados la edificabilidad total permitida.

La organización cree que esto se hizo para permitir una mayor construcción, pero alerta que todo el procedimiento estaría fuera del marco normativo a partir de aquel momento.

Así, un vecino, en representación de la Taula del Raval, presentó en 2003 una alegación a la Modificación Puntual del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del Raval en el Sector Drassanes. Esta reducía la altura permitida para los edificios de nueva construcción, disminuyendo en 1.342 metros cuadrados la edificabilidad total admitida. La aceptación de esta alegación dio lugar a un nuevo texto refundido, que, según las entidades, automáticamente derogaba el anterior.

La plataforma explica, sin embargo, que este nunca se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona ni en ningún otro y, por lo tanto, no entró en vigor. Los técnicos de la Plataforma descubrieron estos hechos hace unos meses cuando preparaban las alegaciones a los informes técnicos y cuando parecía que la concesión para la construcción de la residencia era inminente.

El pasado mes de octubre preguntaron al Ayuntamiento de Barcelona sobre esta cuestión, que también incluyeron como alegación, pero aseguran que no les han respondido sobre cuál es el planeamiento auténticamente vigente en los solares.

La portavoz de la Plataforma, Mertixell Pérez, junto con otros vecinos, ha explicado en rueda de prensa que desde entonces se han encontrado con un «silencio absoluto». Pérez duda que se trate de un error humano, puesto que asegura que en la normativa el último documento aprobado es de marzo del 2003, previo a la alegación que redujo la edificabilidad, pero con planos de julio del 2003, cuando el plenario la aprobó. Por eso apunta que parece que alguien «habría metido la mano».

Las entidades ven una intencionalidad clara en la no publicación del nuevo texto: incrementar la edificabilidad en este sector. Añaden que los únicos beneficiarios han sido los promotores privados que han participado en las diferentes compraventas, mientras que el vecindario -el interés público- se ha visto perjudicado.

La Plataforma considera de «gravedad histórica» que esta situación se haya mantenido durante dos décadas y el mandato de tres partidos. Añade que esto pondría en entredicho el papel de los servicios técnicos y jurídicos municipales y de los mismos políticos en su papel de garantizar una gestión limpia, transparente y pensada para el bien público. La organización quiere que una investigación analice con detalle todo el proceso de tramitación urbanística y permita determinar responsabilidades.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.