El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha levantado la suspensión de la licencia urbanística para la rehabilitación de los accesos a las criptas de la basílica del Valle de los Caídos para realizar las exhumaciones de víctimas del franquismo.

La sala contencioso-administrativa, sección segunda, del TSJM, en una sentencia con fecha 20 de junio a la que ha tenido acceso la agencia Efe, ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la abogada del Estado en representación de Patrimonio Nacional, contra el auto del 16 de noviembre de 2021, que detenía cautelarmente la exhumación y paralizaba la licencia urbanística que había otorgado el Ayuntamiento del municipio madrileño de San Lorenzo de El Escorial.

La licencia permite a Patrimonio Nacional ejecutar unas obras con objetivo facilitar la exhumación de las víctimas. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica decidió recorrer esta medida porque considera que esto influiría en la “necesidad de respetar el sagrado reposo eterno” de los muertos y sus familias.

En ese momento, la jueza aceptó paralizar las obras porque “son evidentes los daños que podrían causarse si se procede a efectuar actuaciones antes de que se pronuncie la sentencia definitiva”. Ahora el TSJM dice que no se dan las circunstancias para dictar esta suspensión, dando la razón a Patrimonio Nacional.

“Ahora solamente podemos analizar y valorar los aspectos meramente urbanísticos que son propios de la licencia concedida, sin que podamos valorar otros derechos, como los de los familiares de las personas enterradas en las criptas, que son ajenos al ámbito de la licencia urbanística”, recoge la sentencia.

Una de las exhumaciones que está pendiente de ejecutarse es la de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña Altabás, fusilados en 1936 sin juicio por el bando franquista. Fueron enterrados en Calatayud y, sin el permiso de la familia, desenterrados e inhumados en el Valle de los Caídos en 1959.

Una sentencia del 2016 de un juez de San Lorenzo de El Escorial reconocía el derecho de la familia a exhumar los cadáveres y trasladarlos a donde decidieran. Las primeras tareas para las exhumaciones se realizaron en abril del 2018, pero entraron entonces en una espiral de recursos judiciales.

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