Un juez imputa mandos policiales por el 1-O en Barcelona y Torra llama a la “desobediencia civil”

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Autor: R@mbla

El juez de Barcelona que investiga las cargas policiales del referéndum del 1-O en Cataluña ha citado como investigados a ocho inspectores jefe de la Policía Nacional que fueron los responsables de los dispositivos en 27 puntos de votación de la capital catalana.

En una providencia, el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que mantiene imputados a una cuarentena de agentes por las cargas del 1-O, cita a estos ocho inspectores para los próximos días 9 y 11 de octubre.

El juez detalla que, atendiendo a una resolución de la Audiencia de Barcelona que le ordena investigar las “concretas órdenes” recibidas por los agentes que actuaron el 1-O en Barcelona, procede citar como imputados a los mandos “directamente responsables de las operaciones concretas” en cada uno de los 27 centros objeto de su instrucción.

Los mandos son citados en calidad de investigados “para salvaguardar su derecho de defensa”, precisa el juez en la providencia.

El magistrado cita en concreto para los días 9 y 11 de octubre a los ocho inspectores jefes, que fueron los que estuvieron al mando de los dispositivos de la Policía Nacional para impedir la votación en 27 puntos de votación.

Algunos de los mandos imputados ya comparecieron ante el juez para declarar en su momento por su actuación policial en alguno de estos centros, si bien ahora deberán acudir nuevamente al juzgado para dar cuenta de las órdenes que dieron a los agentes bajo su mando sobre el terreno en cada uno de los colegios de los que se hicieron responsables.

En un auto del pasado mes de febrero, la Audiencia de Barcelona resolvió a favor del Ayuntamiento de Barcelona y concluyó que era necesario investigar a los responsables del operativo y las consignas que dieron a los agentes para que el instructor pudiera “ponderar” si el uso de la fuerza empleado o si las órdenes dadas “se ajustaron o no a la situación” planteada y concluir si a los mandos se les podían imputar las lesiones ocasionadas.

Según la sección tercera de la Audiencia, se debe llevar a cabo una “completa investigación” de lo sucedido el 1-O para dilucidar si la actuación policial “se limitó a cumplir lo estrictamente ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, empleando la mínima fuerza indispensable, o bien hubo una utilización desproporcionada de la violencia, ya que, en ese caso, ésta no vendría amparada por el cumplimiento de una orden aún cuando esta sea judicial”.

“A sabiendas de que la actuación de los agentes antidisturbios suele ser contundente, no por ello podemos otorgar una especie de patente de corso para cualquier acción de violencia cuando esta resulta innecesaria, desproporcionada y con claro abuso de poder”, sostenía la Audiencia, que justificaba así que se investigue si el uso de la fuerza venía amparado por el mandato judicial o bien fue “desproporcionado o innecesario para el fin perseguido”.

Torra aboga por la desobediencia civil y rechaza adelantar elecciones

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha advertido de que si no hay una sentencia absolutoria de los políticos presos por el ‘procés’ se deberá “trazar en firme el camino hasta la independencia”, lo que incluirá una respuesta de “desobediencia civil” que será “pacífica”, y ha apuntado que China ha acabado cediendo ante las protestas ciudadanas en Hong Kong.

“Si China ha acabado retirando el decreto de extradición –que motivó la movilización–, a mí me parece muy relevante, muy importante”, ha dicho en un desayuno informativo de Europa Press en Madrid.

Torra ha explicado que ha hecho alusión a lo ocurrido en Hong Kong porque le sirve para preguntar “cuánta democracia” se está dispuesto a aceptar y cómo se resuelve el derecho que a su juicio tienen los catalanes a decidir su futuro. “Porque no se puede gobernar contra Cataluña”, ha advertido. “Ya no esperamos ninguna propuesta de encaje en España, solo democracia, toda la democracia”, ha añadido.

Preguntado sobre qué medidas baraja la Generalitat para responder a una sentencia condenatoria, ha dicho que es un asunto sobre el que trabajan las fuerzas independentistas y sobre el que no ha querido precisar más para que las conversaciones “acaben bien”.

Ha añadido que llevan “meses” estudiando cómo dar una respuesta institucional, pero ha dado por supuesto que habrá también una respuesta “popular” y en este punto ha asegurado que una condena de los políticos presos provocará la “desobediencia civil” porque la sociedad catalana ha seguido el juicio en el Tribunal Supremo “de manera profunda y sentida”.

Esa respuesta, ha agregado el presidente catalán, será “pacífica” y ha explicado que él entiende por una reacción pacífica la convocatoria por ejemplo de una huelga, “porque los trabajadores tienen derecho a convocarla”. “El derecho de protesta es fundamental, hay que respetarlo, como el derecho a la libre expresión y de concentración”, ha asegurado.

Torra ha respondido ante las especulaciones sobre un adelanto electoral en Cataluña que es “lo último” que le preocupa y que una campaña provoca una confrontación que impediría a los partidos concentrarse “en lo importante”: cómo responder a la “la situación grave y difícil” que van a vivir tanto su comunidad autónoma como el conjunto de España cuando llegue la sentencia del Supremo.

Esa respuesta, que ha insistido en que no está consensuada, debe cumplir tres objetivos. Primero, lograr la “fortaleza” de todas las instituciones catalanas, desde el Parlament al último ayuntamiento y de la sociedad civil.

En segundo lugar, ha subrayado la importancia de tener una “herramienta” como unos Presupuestos de Cataluña para 2020, porque se trabaja con los prorrogados de 2017. Según Torra, las cuentas nuevas podrían crecer en unos 2.500 millones de euros. “Es una oportunidad de país”, ha dicho.

En tercer lugar, ha asegurado que esa respuesta debe incluir un “horizonte” sobre “cómo tirar para adelante” con el derecho de autodeterminación.

Ha reiterado que en este escenario no cabe a su juicio la convocatoria de elecciones y ha reclamado que el independentismo se concentre en la respuesta a la sentencia. “Es de una injusticia aberrante si no es absolutoria”, ha recalcado.

Quim Torra ha explicado que en el proceso que vive Cataluña hubo un primer hito que fue la sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó algunos artículos del Estatuto de Autonomía y que en su opinión “enterró el pacto constitucional”. Y la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista abrirá “una nueva etapa” si no es absolutoria.

Así, con el argumento de que los independentistas juntos son más fuertes, ha confiado en que no se produzcan fracturas en el seno de lo que fue la antigua Convergència -aunque ha dicho desconocer si hay riesgo de tal fractura–. En su opinión, de los actuales movimientos en ese ámbito tiene que salir un partido “que una las diferentes sensibilidades” y que se parezca lo más posible a lo que fue la candidatura a las elecciones europeas, que recibió un millón de votos.

En cuanto a su propio papel en ese partido, se ha limitado a decir que nunca abdicará de su responsabilidad, pero siempre teniendo “un camino claro hasta la independencia”. Torra también ha descartado que el independentismo ‘pinche’ en la Diada del próximo 11 de septiembre, primero porque las cifras de inscritos -200.000– son similares a las de años anteriores y también porque siempre se desbordan las previsiones. En esta ocasión, está convencido de que “el pueblo sabe la importancia del momento histórico” y responderá a la llamada.

Al desayuno, que ha contado con el patrocinio de Altadis, Endesa, Fujitsu, IberCaja, KPMG, Suez y Telefónica, han asistido, junto a miembros del Govern, parlamentarios de JxCat, ERC y Bildu, así como el exdiputado de Unión Josep Sánchez Llibre, hoy presidente de la patronal catalana Foment del Treball.

Por parte del Gobierno han acudido la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, y el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, que fue uno de los altos funcionarios que se ocupó de la aplicación del 155 en Cataluña durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

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