Un informe de la CIA aseguraba ayer que detrás del envío masivo de cartas amenazantes a embajadas ucranianas europeas estaba un grupo supremacista ruso. Hoy, en cambio, sabemos que las cartas incendiarias en España las envió, presuntamente, un funcionario jubilado de 74 años residente en Miranda de Ebro (Burgos). Puede que simplemente no estuviera contento con la pensión que percibía.

El primero de los envíos llegó el pasado 24 de noviembre a la Presidencia del Gobierno, donde fue detectado y neutralizado por los servicios de seguridad. Este suceso no trascendió hasta que una semana después llegaron los otros paquetes.

El resto de envíos tuvieron como destino la Embajada de Ucrania en Madrid, una empresa armamentística de Zaragoza, la base aérea militar de Torrejón de Ardoz, la sede del Ministerio de Defensa y la Embajada de EE.UU. en Madrid. Unos hechos que están bajo investigación en la Audiencia Nacional, tribunal encargado de enjuiciar los delitos de terrorismo.

Los paquetes contenían un explosivo de origen casero muy rudimentario, compuesto básicamente por pólvora de petardos y pirotecnia prensada, además de un pequeño dispositivo diseñado para causar la explosión. Tan solo llegó a detonar el enviado a la Embajada ucraniana, que hirió de forma leve a un empleado que lo estaba manipulando.

Con posterioridad a estos sucesos, el 5 de diciembre, la Policía Nacional interceptó tres nuevos bultos, en esta ocasión contenían ojos de animales y se dirigían a la Embajada de Ucrania en Madrid y a los consulados de ese país en Barcelona y Málaga. Por el momento no se sabe si estos envíos están relacionados con los anteriores.

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