25 julio, 2021

Un informe interno de la Diputación de Lleida cuestiona 563 subvenciones

Fachada del ente supramunicipal. (DdeLl)

El PSC, principal partido de la oposición en la Diputación de Lleida, ha asegurado que la memoria facilitada este lunes en la comisión de finanzas por la interventora de la institución indica que «hay más de 700 informes desfavorables relacionados con la gestión de 2019, sobre todo en cuanto a las tramitaciones de subvenciones». En este sentido, según los socialistas, 563 de los informes son sobre subvenciones y el resto, sobre contratación y personal.

Por todo ello, el PSC ha lamentado que el informe señale «una serie de carencias que son ya demasiado recurrentes». En cambio, fuentes del gobierno provincial han afirmado a Segre que  «el hecho de que los informes sean desfavorables no implica que sean irregulares y que la mayoría de discrepancias se repararon.»

El actual ejecutivo de la diputación está formado por ERC y JxCat, pero hasta las elecciones locales de 2019 gobernaban en solitario los postconvergents

Por otro lado, toda la oposición de la institución supramunicipal (PSC, Unitat d’Aran, Comú y Cs) ha suscrito una moción, a raíz de un informe de la Sindicatura de Cuentas que alertaba de que en 2017 se firmaron contratos sin licitar por valor de 1,4 millones de euros, reclamando al equipo de gobierno (ERC y JxCat) que lleve a cabo en tres meses una auditoría de las contrataciones y que ponga en marcha un salón de contratación pública en la corporación.

La propuesta de estos cuatro grupos políticos, que busca poner de manifiesto la «respuesta poco valiente y no encaminada en la lucha contra el fraude, la corrupción y el favoritismo», también pide que en un mes se cree una oficina de supervisión de procesos.

Piden dimisiones

En Comú Podem de Lleida pide la dimisión de tres diputados que actualmente forman parte del gobierno de la Diputación por las presuntas irregularidades que pone de relieve un informe de la Sindicatura de Cuentas y que se habrían cometido el año 2017.

Se trata de Rosa Pujol, Rosa Maria Perelló y Jordi Latorre, Juntos por Catalunya, que formaban parte del gobierno de la corporación también entonces. Piden además que, en caso de que no dimitan, sea el presidente del ente, Joan Talarn, de ERC, quien los destituya.

El grupo ha presentado este martes en la Fiscalía y en la Oficina Antifraude un informe jurídico, elaborado por el abogado Hug Sierra, donde se recogen varias prácticas que podrían constituir delito de prevaricación.