25 julio, 2021

Un hombre se suicida antes de ser desahuciado de su piso de Sants

Los hechos han ocurrido después de que la comitiva judicial se haya presentado en el inmueble para efectuar el desahucio. Se llamaba Segundo y el año pasado fue usuario de Cáritas y se presentó a ocho empleos, aunque no logró ninguno
El inmueble de la calle Bacardí donde se ha producido el suceso. (Google Maps)

Un hombre que estaba a punto de ser desahuciado de su piso de alquiler en el número 15 de la calle Bacardí en el barrio de Sants, en Barcelona, se ha suicidado antes de que la comitiva judicial efectuara la orden, según ha publicado el diario El País. El hombre tenía 58 años y se llamaba Segundo y el año pasado fue usuario de Cáritas y se presentó a ocho empleos, aunque no logró ninguno. Se ha suicidado después de que los encargados de echarlo del domicilio llamaran al timbre tirándose por el patio de luces del inmueble, según informa el diario. La comitiva iba sin los Mossos d’Esquadra, porque no se preveía ninguna complicación. Los hechos han pasado este lunes por la mañana.

El informe de vulnerabilidad se había presentado dos veces

Al hombre lo atendían los servicios de la unidad antidesahucios del Ayuntamiento de Barcelona desde hace meses, como mínimo desde el año pasado, y había negociaciones con la propiedad para poderle ofrecer un piso social o buscar otra solución, según han informado fuentes municipales a TV3.

Las mismas fuentes indican que el informe de vulnerabilidad del inquilino, que vivía solo, estaba preparado desde abril y que, de hecho, se presentó dos veces en el juzgado: una en abril y la otra, este mes. El juzgado, no obstante, dice que no supo nada hasta el pasado jueves, cuando lo presentó el abogado del inquilino.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han informado que el juzgado desestimó la petición alegando que los datos que se recogen en el informe no cumplen con los requisitos fijados por ley para pararlo. Dice que no había ningún dato que permitiera conocer la situación económica de la víctima. Precisamente, uno de los requisitos que la ley marca para poder aplazar un desahucio.

El TSJC asegura que, cuando desde el juzgado entregaron al inquilino una ficha para que indicara si necesitaba ayuda de los servicios sociales, no la rellenó. Este hecho, añade el tribunal, implica que el juzgado no tenga autorización para trasladar a los servicios sociales información sobre el procedimiento. El TSJC afirma que el juzgado facilitó al hombre información de cómo podía acceder directamente a los servicios sociales.

El propietario era un particular

El propietario del inmueble es un particular que había denunciado que el hombre no pagaba el alquiler desde junio de 2020, según las mismas fuentes judiciales. El contrato de alquiler databa de 2018. La demanda por impago del alquiler se presentó en enero y se tramitaba al juzgado de primera instancia 3 de Barcelona. Cuando se registró la demanda, según las fuentes judiciales, el inquilino solicitó justicia gratuita y esto paró la tramitación de la demanda hasta que se le asignó un letrado. La primera fecha fijada para el desahucio quedó suspendida por estos trámites y la segunda fijada (y primera efectiva) era este lunes.

Este martes, el gobierno español presentará un recurso al Tribunal Constitucional contra la ley catalana de alquiler, pero no pedirá la suspensión automática. Esto quiere decir que continuará vigente hasta que se apruebe la ley estatal de alquileres o hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso.

El 2018, un hombre de 45 años se suicidó saltando de un décimo a piso al barrio de San Ildefonso de Cornellà de Llobregat, también cuando la comitiva judicial, acompañada de los Mossos, llamaba a la puerta con una orden de desahucio.

Colau: «No se tendría que haber producido»

En un texto publicado en Facebook, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, -y exportavoz de la PAH- ha lamentado la decisión del juez de no aplicar la moratoria y continuar con el desahucio. «Es una decisión que no compartimos ni entendemos, y hasta el último momento, los servicios sociales han estado haciendo de mediadores para frenar el desahucio.»

«Es una muerte que no se tendría que haber producido», ha sentenciado Colau, que ha «exigido» a los juzgados que revisen sus criterios. También ha exigido al PSOE que desbloquee la propuesta de una nueva ley de vivienda que «frene la especulación, impulse más vivienda pública y ofrezca alternativas a los desahucios en los casos de vulnerabilidad acreditada.»

Los jueces tildan de «injusto» que se les culpe

El coordinador de los juzgados de primera instancia de Barcelona, Roberto García Cenicero, ha tachado de «absolutamente injusto» que se culpe a los jueces de desahucios como el que ha llevado a un hombre a suicidarse en Sants. Este magistrado ha asegurado que el problema pasa por la existencia de una «incapacidad manifiesta de todos los servicios sociales» para garantizar una vivienda en esos casos.

García ha explicado que los jueces están haciendo un «análisis ponderado» de cada uno de los casos, lo que les obliga a estar permanentemente «casi de guardia», y están aplicando suspensiones «de forma generalizada» a inquilinos que no pueden pagar el alquiler si los informes concluyen que están en situación vulnerable.

El magistrado ha indicado que a los jueces les «molesta» que «ciertos líderes políticos estén recriminando la actuación de los juzgados» cuando son el legislativo y el ejecutivo los que deben garantizar los medios para una solución habitacional a los afectados. En este sentido, ha afirmado que la respuesta de los servicios sociales ante los casos de personas que alegan vulnerabilidad son «intentos de mediación o de recomendación de la suspensión del lanzamiento, pero esa no es la solución, sino dar una cobertura» a los afectados.